Pasan las semanas, avanza el año y el llamado Decreto Canarias sigue instalado en ese territorio tan nuestro (por tanto, tan canario y también tan español) donde las buenas ideas corren el riesgo de morir por exceso de cálculo partidista. Francamente, sería una lástima. Porque, conviene decirlo con claridad desde el principio, la idea de traducir la llamada Agenda Canaria en un decreto-ley aprobado por el Consejo de Ministros y convalidado por una amplia mayoría del Congreso de los Diputados fue y es una excelente idea.

El Decreto Canarias, como formulación intelectual, nació a modo de respuesta para una anomalía política: la prórroga indefinida de unos Presupuestos Generales del Estado de 2023 que ya no responden ni al contexto económico ni a las necesidades objetivas del momento que viven Canarias y España. Sin mayoría suficiente para aprobar nuevas cuentas, el Gobierno central quedó atrapado en su propia aritmética parlamentaria. Y en ese escenario, Canarias corría el riesgo de quedarse esperando indefinidamente el cumplimiento de los compromisos adquiridos en la investidura. Un voto, el de Coalición Canaria, que no fue necesario para asegurar la continuidad de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, pero que vino avalado por una serie de compromisos pendientes de aprobación, muchos de ellos, aquí está el problema, de necesaria traducción en unas cuentas estatales que ha sido imposible aprobar hasta ahora.

El Decreto Canarias, como formulación intelectual, nació a modo de respuesta para una anomalía política: la prórroga indefinida de unos Presupuestos Generales del Estado

Ahí surgió la propuesta de Fernando Clavijo, y fue durante su reunión estival con Sánchez, celebrada precisamente en Lanzarote: trasladar los acuerdos de la llamada Agenda Canaria en un decreto-ley específico. Se trataba de una vía jurídicamente posible, políticamente impecable y estratégicamente oportuna. En pocas palabras, abordar un instrumento extraordinario para gestionar una situación extraordinaria. Y el planteamiento original era claro: incluir en ese decreto las principales reclamaciones recogidas en el nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias y en los acuerdos de investidura. Es decir, convertir en norma ejecutiva aquello que ya estaba pactado políticamente. Nada más, pero nada menos, que cumplir con la palabra dada. En ese núcleo inicial figuraban cuestiones estructurales: la actualización de las partidas del Régimen Económico y Fiscal (REF), el impulso a las infraestructuras hidráulicas, el refuerzo de los planes de empleo, la financiación del transporte de mercancías, el respaldo al sector primario o la atención a la presión migratoria que soportan las Islas. No se trataba de inventar nada nuevo, sino de ejecutar todo lo acordado.

Ese es, por decirlo de manera sencilla, el “menú básico” del Decreto Canarias. Si lo equiparásemos con la oferta de un local de comida rápida, la hamburguesa con papas fritas y bebida, sin otros añadidos. Pues bien, ese menú debería ser aprobado y convalidado cuanto antes. Recordemos que la idea fue planteada en agosto pasado, y ya estamos en marzo del año siguiente. La credibilidad institucional no se construye con declaraciones solemnes ni con reuniones interminables, sino con decisiones. El movimiento se demuestra andando. Y lo que ya está pactado no debería convertirse ahora en moneda de cambio ni en rehén de estrategias cruzadas. Esta es la parte del asunto que atañe al Gobierno central y, por una derivada natural, también al PSOE estatal y canario.

El problema es que, en su versión ampliada, el decreto ha ido incorporando medidas que responden no tanto a la lógica estructural de la Agenda Canaria como a la coyuntura política del momento. Algunas son razonables; otras, discutibles; algunas, directamente oportunistas. Hay un poco de todo en el menú ampliado, el que pedimos en la cola del Burger cuando nos da por sumar al pedido básico un helado, unas alas de pollo, una bebida (aún) más grande... Por ejemplo, las inversiones en infraestructuras hidráulicas no admiten más demora. A pesar de las lluvias de este invierno, que han desactivado las alertas de los años precedentes, Canarias arrastra déficits históricos en materia de desalación, depuración y reutilización de aguas. Por otro lado, si el decreto sirve para desbloquear financiación estatal y acelerar obras estratégicas en varias materias, bienvenida sea su ampliación. Algo similar ocurre con la atención al fenómeno migratorio. Las Islas siguen gestionando una presión notable, sobre todo comparada con la de otros territorios del Estado. La financiación para acogida, atención a menores y refuerzo de servicios públicos no es un privilegio, sino una necesidad objetiva derivada de nuestra posición geográfica. Ahora bien, otras cuestiones introducidas en el debate, como determinadas rebajas fiscales selectivas para islas concretas, requieren un análisis más sosegado. No porque sean ilegítimas, sino porque abren la puerta a otros debates internos de las Islas, como la equidad en los derechos y deberes de los propios canarios.

El decreto ha ido incorporando medidas que responden no tanto a la lógica estructural de la Agenda Canaria como a la coyuntura política del momento

Si el Decreto Canarias se convierte en una especie de carta a los Reyes Magos interminable, su destino será el mismo que el de tantos proyectos bienintencionados en la política española: el bloqueo. Porque la experiencia nos enseña que cuanto más se ensancha el perímetro de una negociación frágil, más probabilidades hay de que se rompa. Y la aritmética parlamentaria no invita precisamente al optimismo. El Gobierno central necesita sumar apoyos diversos y heterogéneos; la oposición busca cualquier resquicio para ejercer el desgaste; y en medio quedan los intereses objetivos de un territorio que no puede permitirse más dilaciones. Por eso la prioridad debería ser clara: aprobar cuanto antes el contenido ya pactado. Blindar ese núcleo esencial y, a partir de ahí, abrir un espacio de diálogo para otras medidas que puedan ser consensuadas sin poner en riesgo el conjunto. Lo contrario, pretender meterlo todo en el mismo paquete, conlleva el riesgo de meter al Decreto, una idea muy bien formulada, en un callejón sin salida. Es el dilema que tienen delante los gobiernos canario y central, así como los partidos que los lideran, esto es, CC y el PSOE.

Sobre esto, además, hay un elemento que no conviene olvidar: el mensaje que se envía a la ciudadanía. En un contexto de creciente desafección política, la incapacidad para materializar acuerdos ya firmados alimenta la idea de que todo es táctica, cálculo y confrontación. Esa percepción erosiona la confianza institucional. Canarias no necesita más épica discursiva. Necesita ejecución. Necesita obras hidráulicas en marcha, financiación garantizada para el transporte, respaldo efectivo al sector primario, respuesta estructural a la migración y estabilidad para planificar inversiones. Necesita seguridad jurídica y previsibilidad. El Decreto Canarias puede ser la herramienta adecuada para avanzar en esa dirección. Pero solo lo logrará si se mantiene fiel a su propósito original: ser un instrumento práctico para dar cumplimiento a compromisos concretos, no un campo de batalla simbólico. Hay tiempo para el debate ideológico, para la confrontación partidista y para la legítima discrepancia. Lo que no hay es margen para perder oportunidades.