La Comisaría Local de Arrecife va a ser sometida a una evaluación psicosocial de riesgos laborales el próximo 17 de octubre para determinar el calibre del deterioro en el clima laboral de la plantilla provocado por el importantísimo incremento de la presión migratoria y la escasez de recursos humanos para mantener la necesaria intensidad en el ejercicio de las competencias policiales en materia de prevención de la delincuencia, auxilio al ciudadano y esclarecimiento de infracciones penales, que obliga a detraer efectivos de otras áreas operativas para atender la llegada de inmigrantes por vía marítima.

La medida, que es consecuencia directa de la petición realizada por la Confederación Española de Policía a finales de junio de 2023 en el Comité Territorial de Seguridad y Salud de la Jefatura Superior de Policía de Canarias, supondrá la confección, por parte de los agentes destinados en Arrecife, de un cuestionario en el que se les preguntará de forma anónima sobre los principales factores que contribuyen a deteriorar el clima laboral en esa plantilla. Además, esta evaluación, autorizada por los servicios centrales de la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales y Protección Socio-Sanitaria, incluirá el análisis de indicadores como el índice de absentismo, la disponibilidad de recursos humanos o la jornada laboral, entre otros.

En un contexto general de repunte de la presión migratoria -hasta el 14 de septiembre de este año, el número de inmigrantes llegados por mar a las Islas Canarias supone un 24,6% más que el registrado en el mismo periodo de 2022- la Comisaría Local de Arrecife se ha visto obligada a destinar sus recursos y capacidades a la gestión de esos flujos migratorios, teniendo en cuenta que es necesario garantizar igualmente la protección de la seguridad ciudadana en una ciudad con una población residente que ronda las 70.000 personas. En este sentido, el alcalde de la capital de Lanzarote ya mostró su preocupación, en un encuentro celebrado con el comisario de Policía Nacional en agosto de este año, por la necesidad de contar con efectivos suficientes para la garantizar la prevención de la delincuencia, entre otras prioridades.

La Comisaría Local de Arrecife, que cuenta con 173 efectivos potenciales para ejercer los cometidos policiales de todas las áreas funcionales (seguridad ciudadana, policía judicial, extranjería y fronteras y policía científica) no sólo debe atender esa importantísima presión migratoria -el Consorcio de Seguridad y Emergencias cifró en 52 las pateras rescatadas durante los cinco primeros meses de este 2023, con 2.300 inmigrantes, frente a las 49 del año anterior- sino que, además, tiene que asumir la vigilancia del Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE), ubicado en las inmediaciones del edificio policial y que tiene una capacidad para unas 200 personas. En este sentido, la evolución de la presión migratoria va a más y el propio Cabildo de Lanzarote recoge en sus estadísticas la llegada a las costas de la isla de 88 pateras y 3.914 inmigrantes hasta agosto de este año.

CEP lleva pidiendo desde hace tiempo la evaluación psicosocial de la plantilla policial de Arrecife. En este sentido, en la reunión de junio de este año del Comité Territorial de Seguridad y Salud de la Jefatura Superior de Policía de Canarias recordábamos que los agentes destinados en esa Comisaría Local estaban “exhaustos” y que el sindicato había propuestos diferentes medidas, como “el aumento de recursos humanos, la mejora de los medios y herramientas de trabajo o el reconocimiento profesional mediante el aumento de condecoraciones” sin que todo ello hubiera sido tenido en cuenta, agravándose así la situación por la no aplicación de esas iniciativas.

El próximo 17 de octubre, ya con el visto bueno del órgano central de la Dirección General de la Policía que supervisa y coordina toda la actividad en materia de prevención de riesgos laborales de la Policía Nacional, se llevará a cabo el análisis del clima laboral de la Comisaría Local de Arrecife cuyas conclusiones, en definitiva, son las que deben permitir respaldar las medidas que CEP lleva reclamando desde hace mucho tiempo para que la presión migratoria no acabe por provocar una reducción de los recursos policiales dedicados a la protección de la seguridad ciudadana por tener que volcarlos a la gestión de la llegada de inmigrantes irregulares a nuestras costas. Y para que, en definitiva, ese aumento muy importante del trabajo en materia de gestión de flujos migratorios no acabe desmotivando y desincentivando a los agentes, que se ven obligados a asumir cometidos ajenos a los propios de sus unidades.