La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas comienza el próximo lunes 17 de julio el juicio por la denominada operación Daltones, contra la banda acusada de introducir 157 kilos de cocaína en Lanzarote. La vista oral está previsto que se prolongue hasta el viernes día 21, según avanza Canarias7.

Dos conocidos empresarios, uno del mundo del surf y otro del ocio nocturno, están acusados junto a otras 15 personas por uno de los mayores alijos de cocaína que se han incautado en la Isla. En la operación, del Equipo contra el Crimen Organizado (ECO) de la Guardia Civil, se intervino más de 157 kilos de cocaína de gran pureza.

La Fiscalía solicita que se impongan condenas que suman 160 años de prisión y penas económicas que superan los 455 millones de euros.

El rastro seguido por los investigadores, un equipo de la Unidad Central Operativa (UCO), les lleva a América del Sur, “posiblemente Venezuela”, como origen de un cargamento de cocaína que llegó a Lanzarote escondido en un velero.

El 27 de noviembre de 2016, la embarcación Esparavan atracaba en la marina deportiva de Arrecife. Su capitán, Juan Diego B.T., es uno de los acusados y se enfrenta a una petición de 13 años y tres meses de cárcel. La investigación de la UCO se desarrolló a partir de diciembre, con la droga ya en la Isla, tal y como precisa la Fiscalía.

Entre la documentación que se analizará en el juicio de la bautizada como operación Daltones se encuentra la “transcripción literal de la llamada emitida a la Guardia Civil en Las Palmas, por número oculto”, el 13 de diciembre a las 14.37 horas, que se prolongó durante casi un cuarto de hora.

Para el juicio, la Fiscalía solicita que se incluyan cerca de 60 llamadas y mensajes de texto de teléfonos pinchados, que se extienden desde comienzos de enero a finales de marzo. Los investigadores sitúan “a la cabeza de la estructura” a Emilio A.P., “quien desde Lanzarote se encargó de planificar”, presuntamente, tanto la compra de la cocaína, el “transporte” de la droga que cruzó el Atlántico y “la distribución en la Isla” de la sustancia estupefaciente.

Así se destaca en el escrito de acusación de la fiscal María Perez Pliego, elevado a la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas. La fiscal señala que el supuesto organizador del alijo contó con el apoyo de una persona -Jairo F.L.B.- contra la que “no se ha podido dirigir la acusación por encontrarse en situación de busca y captura internacional”.

Desde que llegó el velero a la capital lanzaroteña hasta que se produjeron las detenciones todavía pasaron más de cuatro meses. Con el alijo en la Isla, los investigadores detectaron tres ramas. Una de ellas, compuesta por Jesús A.L., alias el viejo, a quien la Guardia Civil registró una tienda de surf en Soo de su propiedad; Valetín G.R., alias el bajito; y Daniel S.H., junto al considerado cabecilla de la organización -Emilio A.A.-, según el escrito de acusación era la responsable de pagar “los honorarios por el transporte de la sustancia estupefaciente a Lanzarote” y de “distribuir” la cocaína.

Cambio de manos

La Fiscalía indica que, “finalmente”, la cocaína introducida en el velero, “tras diversas negociaciones” entre el viejo, el bajito y el cabecilla del grupo con Juan Jesús F.M., alias el gordo, y Pablo F.C.L., habría sido “adquirida por este último” acusado, “empresario dedicado al ocio nocturno en la Isla”, a quien los investigadores identificaron como el jefe del gordo. El comprador y su “lugarteniente” son considerados como otra de las ramas de la investigación.

La última rama estaba compuesta por “familiares y amigos” del capitán del velero, que se desplazaron a Gran Canaria y Lanzarote para “sacar de la Isla el dinero”, supuestamente obtenido por el transporte de la cocaína.

Valor millonario

La transacción de 157,33 kilos de cocaína, con una pureza del 74,16 por ciento, se realizó en el garaje del Edificio Siglo XXI, ubicado en Arrecife. Ocurrió, según detalla la fiscal, a las 22.12 horas de la noche del dos de abril de 2017. Tanto Pablo F.C.L. como otro de los acusados, Cristian P.V.G., abandonaron el garaje del edificio en un Jeep Grand Cherokee y se dirigieron a la discoteca Living, que el jefe del gordo regentaba en la explanada del Recinto Ferial, en las inmediaciones de la sede del Cabildo.

Poco después, allí encontraron los agentes las seis cajas de cartón, con 157 paquetes de cocaína en su interior, una de las principales incautaciones que se han llevado a cabo en la Isla. “En el mercado ilícito, al que estaba destinada”, la droga hubiese alcanzado un precio de más de 5,6 millones de euros, resalta la fiscal del caso, que se instruyó en el Juzgado de Instrucción número dos de Arrecife.

En los registros de domicilios de los acusados, los agentes se encontraron con otra sorpresa: en la vivienda de Daniel S.H. en Las Palmas de Gran Canaria intervinieron tres paquetes y envoltorios con un total de 3,4 kilos de hachís y dos cajas con 18 fajos de billetes. Contaron en la vivienda 176.110 euros en efectivo.

Penas elevadas

La Fiscalía solicita las condenas de forma distinta para cada grupo de acusados, diferenciando a los considerados responsables de la introducción de la cocaína en Lanzarote, de los presuntos compradores del cargamento y de quienes supuestamente ayudaron al capitán del velero a sacar el dinero de las Islas.

Fiscalía diferencia entre los introductores y los compradores de la droga

A los primeros (Emilio A.A., Rogelio R.A.B., Ronald A.G., Jesús A.L., Valentín G.R., Daniel S.H. y Juan Diego B.T.) les aplica un presunto delito contra la salud pública en cantidad de notoria importancia y extrema gravedad, y pide para cada uno una condena de 13 años y tres meses de cárcel, y sendas multas de 28,3 y 17 millones de euros.

Al presunto comprador de la cocaína en Lanzarote, a su “lugarteniente” y quien participó en la “transacción” de la droga, la fiscal les solicita ocho años y seis meses de cárcel, así como multas de 22,7 millones de euros.

Por último, a los siete acusados de colaborar con el capitán del velero para llevarse el dinero del transporte, la Fiscalía les solicita condenas de seis años de cárcel y multas de cinco millones de euros.