La Audiencia Provincial de las Palmas ha fijado para el próximo jueves 17 de octubre un acto de conformidad para cerrar un acuerdo entre el acusado Luis Lleó y la Fiscalía con el que se concluya la pieza que dio origen al caso Unión por un soborno de este empresario lanzaroteño al entonces consejero del Cabildo, Carlos Espino. Si se llega a este acuerdo no se tendrá que conformar el tribunal del jurado que iba a decidir sobre el caso.

El acto se produce después de que Lleó presentara un escrito por el que admite “los hechos objeto de acusación”, sin perjuicio de que tenga que efectuar una “ratificación personal” ante el órgano judicial.

También desiste “de todas y cada una de las cuestiones previas planteadas, así como de la denuncia de vulneración de derechos fundamentales”. A través de una maraña de procedimientos y de recursos, Lleó ha intentado durante años, sin éxito, que se anulara la causa.

Además de esta pieza de Unión, para cerrar el caso solo queda por juzgar el caso Jable y por resolver el recurso ante el Tribunal Supremo de los condenados por el caso de las comisiones ilegales en Arrecife.

La confesión y el acuerdo hacen que ese recurso sea más complicado ya que los acusados principalmente basan sus recursos en intentar que anulen algunas de las primeras actuaciones, que están relacionadas con esta pieza.

El caso Unión arrancó con la denuncia de Espino, que en 2009 era consejero del Cabildo

Tanto el Supremo como la Audiencia provincial, por otra parte, han validado la instrucción en numerosas ocasiones. Ya hay cinco condenas firmes, por las piezas relacionadas con el Teatro insular, la casa de Los Rostros, la licencia al arquitecto Carlos Morales, el caso de Rodríguez Batllori y la empresa Proselan y esta sería la sexta. También hay una condena por el caso de las comisiones en primera instancia.

La Fiscalía pedía seis años de cárcel para Lleó, que ya pasó seis meses en prisión provisional en 2009, cuando fue detenido. Los términos del acuerdo no han trascendido aunque la pena que acepte el empresario lanzaroteño probablemente conlleve cárcel, que pueda quedar en suspenso y sin tener que ingresar en prisión, más una multa., 

El caso Unión, que estalló en 2009, arrancó por una denuncia del entonces consejero Carlos Espino acerca del intento de soborno de Lleó, a través de otro empresario, Fernando Becerra, que sí había reconocido ya el delito.

El objetivo de Lleó era desbloquear la situación de la pieza de suelo conocida como Costa Roja, a la entrada de Playa Blanca. El exalcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, le había concedido licencia para construir mil viviendas, que fue impugnada por el Cabildo en los tribunales y declarada ilegal.