La alcaldesa Arrecife, Astrid Pérez, compareció este jueves en rueda de prensa tras la polémica suscitada por la aprobación en la Junta de Gobierno de la solicitud de obra mayor para un proyecto de reestructuración del antiguo Hotel Oriental que, según ha advertido el Servicio Insular de Patrimonio, supondrá la demolición del interior del inmueble y la desaparición de valores arquitectónicos del edificio, ubicado en plena calle Real.

Pérez ha justificado su comparecencia ante “la realidad distorsionada” ofrecida por diversos partidos políticos en los medios de comunicación. La alcaldesa de la capital lanzaroteña defendió que cumple con la legalidad al conceder la licencia a la empresa propietaria del edificio, Inmobiliaria Chimida, y sostuvo que, en el caso de denegar la solicitud, podría estar incurriendo en un delito de prevaricación.

Para la también líder del Partido Popular de Lanzarote, antes de su llegada a la alcaldía, el patrimonio de la ciudad se encontraba “abandonado” y en estado de “ruina”. Afirmó que en su mandato se han preocupado por “recuperar nuestro patrimonio arquitectónico”. Prueba de ello, dijo, es “la creación de una Comisión municipal” de Patrimonio y la gran cantidad de licencias de rehabilitación concedidas.

La alcaldesa de Arrecife expuso ante los medios que la situación del antiguo Hotel Oriental ha sido “heredada” por su grupo de gobierno, pues la solicitud de licencia para el inmueble, cuya construcción se remonta al siglo XIX, fue presentada en 2017, dos años antes de acceder a la alcaldía, en coalición con PSOE, Nueva Canarias y Somos.

“Ante esta solicitud” en 2017, prosiguió Pérez, “el Ayuntamiento la remitió al Cabildo en noviembre de ese mismo año”, sin obtener respuesta dentro del plazo, por lo que nuevamente volvió a solicitar a la primera institución insular un dictamen sobre el proyecto de reforma del edificio: “El Cabildo emite su informe el 27 de marzo de 2019, tres meses después [de la solicitud], pero desgraciadamente ese informe está fuera de plazo”.

Pese a esto, la alcaldesa aclaró que cualquier informe emitido por otra institución -en este caso en concreto- no es preceptivo ni vinculante y que la petición al Cabildo para que se pronunciara se realizó por “una cuestión de sensibilidad de este grupo de gobierno con el patrimonio, por todo aquello que tenga valor cultural, artístico, arquitectónico”.

Pérez recordó que en 2019 la empresa propietaria del edificio presentó una demanda judicial ante la demora administrativa. En diciembre de ese mismo año, “el Juzgado condena al Ayuntamiento a continuar con la tramitación del expediente relativo a la concesión de la licencia, recabando todos los informes técnicos y jurídicos procedentes”, señaló Astrid Pérez.

La alcaldesa resaltó que los informes realizados por el Ayuntamiento con respecto a la licencia de obra son favorables al proyecto y concluyen que tiene encaje en el Plan General vigente, que no protege el edificio, ubicado en el número 37 de la calle Real. Cuando se produjo el pronunciamiento judicial, la alcaldesa, en aquel entonces también concejala de Urbanismo, solicitó a la Oficina Técnica municipal “que, de conformidad con el cumplimiento de la resolución, se procediera a ejecutar el fallo de la sentencia”.

“Conforme a la legalidad”

“Los políticos tenemos la obligación de gobernar conforme a la legalidad”, señaló Pérez en su comparecencia. No hacerlo, argumentó, “es constitutivo de delito de prevaricación y nosotros gobernamos conforme a la legalidad”.

Tras recabar el informe técnico y el informe jurídico de los técnicos del Ayuntamiento, en diciembre de 2020, el Consistorio convocó una Junta de Gobierno para aprobar la concesión de la licencia. “Ese mismo día recibimos dos escritos, uno del Cabildo de Lanzarote y otro del Gobierno de Canarias”, aclaró Pérez. El Cabildo pidió personarse en el expediente y el Gobierno la incoación de medidas cautelares para evitar la concesión de la licencia.

Pérez afirmó que echó “de menos” que el Cabildo y el Gobierno se hubiesen interesado con anterioridad, durante la tramitación del expediente. Ante la llegada de esas comunicaciones, decidió dirigirse al Juzgado ante la posibilidad de incurrir en un delito de prevaricación si otorgaba la licencia.

El Juzgado rechazó la petición de la empresa propietaria de que se entendiese concedida la licencia por silencio administrativo, pero sí le dio la razón en el sentido de que el Ayuntamiento debía concluir el expediente.

Pérez se refirió al criterio del Juzgado de que “no cabe esperar de manera indefinida” que otras administraciones al margen del Ayuntamiento emitan informes cuando son conocedoras de la situación y han permanecido “pasivas durante casi un año”.

Unanimidad en el gobierno

La alcaldesa también insistió en que el grupo de gobierno votó “por unanimidad” a favor de la concesión de la licencia para el Hotel Oriental. Una votación que no tuvo abstenciones, tal y como señalaban desde el Partido Socialista, pues no se puede realizar “un voto favorable condicionado a una suspensión de 15 días” para que el Cabildo y el Gobierno se pronunciasen, algo que “no existe en la administración pública”, aclaró Pérez.

No obstante, tras la concesión de la licencia ya se han pronunciado diferentes partidos políticos y cargos, como la directora general de Patrimonio Histórico del Gobierno de Canarias, María Antonia Perera, quien en declaraciones a Diario de Lanzarote adelantó que si el Cabildo no paraliza la licencia, “el Gobierno dictará medidas cautelares”. Ante esto, Astrid Pérez aclaró que le parece “perfecto” y que está “en todo su derecho”.

“Creo que es una gran idea siempre y cuando se tengan claras las consecuencias. Si se plantean las medidas cautelares y la consecuencia es que el propietario pueda demoler el inmueble, que no miren para el Ayuntamiento. Cada uno asume su responsabilidad. El Ayuntamiento de Arrecife ha hecho su trabajo conforme a la legalidad y conforme a las sentencias judiciales”, declaró Pérez.

También se refirió a la denuncia en la Fiscalía planteada por Lanzarote en Pie, aclarando que “no votaré en contra de nada que tenga informe favorable porque eso se llama delito de prevaricación”. Y añadió: “La señora [Leticia] Padilla se debería preocupar porque en otras administraciones sí se están concediendo cuestiones con informes negativos, pero claro, eso debe competer al ámbito interno de su partido”.

“Nos han estado amenazando”

“Nos han estado amenazando para que no cumplamos con la legalidad”, comentó la líder popular, aunque sin aclarar quién lo ha realizado, y añadió: “Mi grupo de gobierno se reservará el derecho a que, cuando nos denuncien penalmente, recurrir al delito de denuncia falsa”.

“No voy a tolerar que nadie insinúe que los catorce miembros de mi grupo de gobierno estamos haciendo cosas que no debemos. Estamos cumpliendo íntegramente con la legalidad. El Partido Popular, el Partido Socialista, Nueva Canarias, Somos y Carlos Alférez”, sentenció Astrid Pérez.