Magistrados, juristas y técnicos analizaron en Yaiza la complejidad del planeamiento urbanístico y la necesidad de encontrar un equilibrio entre el desarrollo y la protección del medio ambiente, durante el Congreso de Urbanismo y Delitos contra la Administración organizado por el Ayuntamiento sureño.

El encuentro, celebrado durante dos jornadas en Puerto Calero, reunió a unas 300 personas y abordó cuestiones relacionadas con el uso del suelo, el control de la legalidad urbanística y las dificultades administrativas y judiciales vinculadas a los procedimientos de planeamiento.

Según informó el Ayuntamiento de Yaiza, el congreso puso sobre la mesa el debate sobre cómo compatibilizar el desarrollo turístico con la implantación de servicios esenciales como educación, sanidad y vivienda.

El arquitecto y urbanista José María Ezquiaga defendió que “el planeamiento no puede ser una foto fija” y señaló que muchos planes de ordenación se han convertido en “crónicas del pasado” por su antigüedad.

Ezquiaga consideró además fundamental la participación ciudadana en la elaboración de los planes urbanísticos porque, a su juicio, “los planes son políticas públicas y herramientas democráticas”.

También apuntó que, en ocasiones, “lo procedimental desplaza lo sustancial”, en referencia a la anulación del Plan General de Yaiza por la falta de un informe de carreteras.

Por su parte, el magistrado del Tribunal Supremo Wenceslao Olea afirmó que los tribunales deben dictar sentencia “conforme a la legalidad vigente”, con independencia de las limitaciones de la legislación actual.

Olea aludió además a la complejidad normativa existente en materia urbanística y ambiental, que definió como una “ceremonia de la confusión” por la coexistencia de distintas leyes autonómicas.

El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Canarias Antonio Doreste abordó la incorporación de la perspectiva de género al planeamiento urbanístico y defendió la necesidad de incluir informes de impacto de género para evitar posibles nulidades.

Expertos advierten de la complejidad de los procedimientos y de la falta de medios en administraciones y tribunales

La magistrada del Tribunal Supremo María Consuelo Uris analizó la legitimación de las entidades locales en materia urbanística y señaló que la complejidad de los procedimientos viene determinada por la cantidad de informes técnicos y por las garantías propias del sistema judicial y administrativo.

“Los recursos suelen demorar en el tiempo y eso hace que la ejecución de las sentencias suela dilatarse”, indicó.

El magistrado de la Audiencia Provincial de Málaga Miguel Ángel Torres, instructor en su día del caso Malaya, analizó la corrupción urbanística y afirmó que en España “no hay juzgados anticorrupción por falta de interés político”.

Torres señaló que existe actualmente un mayor control sobre este tipo de delitos, aunque consideró insuficientes los medios materiales disponibles.

Asimismo, defendió que “no todo lo que se haga en desarrollo urbanístico es corrupción”, aunque subrayó la necesidad de control para garantizar que las actuaciones se ajusten a la legalidad.

El fiscal de Las Palmas Miguel Pallarés explicó que la prevaricación urbanística cuenta con un tratamiento penal específico por la relevancia de este tipo de conductas y recordó que el suelo es “un bien limitado”.

Pallarés indicó que en España se registraron 84 demoliciones urbanísticas en 2024, de las que 25 fueron voluntarias, y añadió que actualmente existen 150 demoliciones pendientes.

El alcalde de Yaiza, Óscar Noda, valoró la participación y el nivel técnico del congreso y destacó la presencia de juristas, técnicos municipales, representantes institucionales, periodistas y estudiantes.

Por su parte, el secretario general del Ayuntamiento de Yaiza, Óscar Cabrera Pérez, señaló que el encuentro demuestra que “el urbanismo interesa” y forma parte de la gestión diaria de las administraciones públicas.

El congreso contó con la colaboración del Gobierno de Canarias y del Instituto Canario de Administración Pública (ICAP).