La portavoz de Ganemos en el Ayuntamiento de Arrecife, Leticia Padilla, ha solicitado de manera formal que se den explicaciones en el pleno de “la estrategia seguida por los servicios jurídicos del Ayuntamiento en el caso Montecarlo”.

En su solicitud, registrada este martes al mediodía, la portavoz de Ganemos pide que comparezca ante el pleno el primer teniente de alcalde, Rafael Juan González, que ocupa el cargo desde comienzos del mandato.

El Consistorio capitalino se encuentra personado en el caso Montecarlo en calidad de perjudicado, aunque la Fiscalía ha cuestionado su participación en el procedimiento. De hecho, el Ministerio Fiscal ha sostenido que el abogado del Ayuntamiento en realidad ejerce la defensa del ex alcalde, José Montelongo.

En un escrito reciente, el fiscal Ignacio Stampa señala que la actuación del representante del Ayuntamiento está "muy lejos de lo que corresponde a quien dice defender intereses municipales como acusación y como supuesto perjudicado".

La Fiscalía también ha considerado que la actuación del Ayuntamiento en el Juzgado ha estado encaminada a “defender” a un “investigado”, en referencia a Montelongo, “y dilatar la causa”. Así, ha destacado la “suspicacia” sobre “sobre la toma de decisiones procesales por parte de la representación del Consistorio, y su absoluto paralelismo con la defensa” del ex alcalde.

En otro escrito de la Fiscalía se compara la actuación de la representación legal del Ayuntamiento, que ejerce el abogado Orlando Betancort, con la actuación del Partido Popular en el caso Gürtel (en la pieza relacionada con los ‘papeles de Bárcenas’), en el que la Audiencia Nacional expulsó al PP como acusación porque su actuación en el caso coincidía con los criterios de la defensa de Luis Bárcenas.

La Fiscalía ha comparado, "con las debidas reservas", la actuación del Ayuntamiento con la del PP en el caso Gürtel

"Con las debidas reservas -dice el fiscal- en el presente caso existe un paralelismo evidente, salvo por la diferencia notable de que el Ayuntamiento es una institución pública, y que no es presunto responsable como beneficiado, sino al revés, es el presunto perjudicado".

La Fiscalía señala que la representación del Ayuntamiento "no ha interesado ni una sola diligencia de instrucción, salvo la declaración del perito y para valorar estrictamente la posible responsabilidad del tesorero", cuya imputación fue archivada por el juez instructor.