La Unión Europea creó en el año 2004 la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) con el objetivo de “perseguir el crimen transfronterizo”. Veinte años después, no se puede hablar de un balance de éxito. El Centro de Estudios por la Paz de Barcelona ha elaborado un informe que ha titulado ¿Quién vigila al vigilante? Violencia en las fronteras e impunidad en Frontex, que es la continuación de un trabajo de 2019 llamado Custodiar la fortaleza, en el que analizaron “la evolución de una agencia que no para de aumentar en recursos, funciones y efectivos”. Entre 2019 y 2022, Frontex ha tenido un presupuesto acumulado de más de dos mil millones de euros y en esos cuatro años ha gastado más dinero que en los trece años anteriores.

El informe está realizado por Ainhoa Ruiz Benedicto, María Fraile Moreno y Sani Ladan y se cuestiona si “en un contexto donde los desplazamientos forzados mundiales no dejan de aumentar por millones al año, cabe preguntarse si este organismo creado por la Unión Europea resulta ser el más adecuado para garantizar la protección de las personas que huyen por la fuerza”.

Una de las cuestiones que pone de manifiesto es la “militarización de la cuestión migratoria” también en el caso español, por la incorporación de medios navales y aéreos de las Fuerzas Armadas y porque las misiones de Frontex ejercen expulsiones colectivas prohibidas por el Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Entre las conclusiones del estudio está el hecho de que la actividad de Frontex, en lugar de ayudar a combatir la acción de las mafias, está ayudando a reforzarlas, “con los daños colaterales de que las personas desplazadas por la fuerza deben pagar más por los trayectos y correr aún más riesgos”. La migración ilegal sigue siendo la única vía posible para la gran mayoría de personas que no pueden acceder a visados. “La misma Frontex reconoce que, mientras que en 2016 el coste de cruzar de Marruecos a España rondaba los 500 euros, en 2017 el precio ya se había doblado”. Por otra parte, la política migratoria de la Unión Europea tampoco está consiguiendo el objetivo de que las personas dejen de desplazarse de sus países de origen hacia el exterior.

Esa militarización de las fronteras físicas hace que, al mismo tiempo, se diluyan las fronteras entre seguridad interior y exterior y entre funciones policiales y militares. Eso provoca una vulneración sistemática de derechos con la colaboración necesaria de la Comisión Europea y de los gobiernos de los Estados “sin que ninguno de ellos levante la voz ante lo flagrante de la situación” y sin que se aborde la situación desde una perspectiva humanitaria. Por otra parte, dice el informe que “el caso de la acogida a personas que huían de Ucrania ha sido ejemplar y excepcional y es un ejemplo de que se puede garantizar la acogida, la dignidad y los derechos humanos”.

“En definitiva, la Agencia Europea para la Guardia de Fronteras y Costas crece de forma imparable en la securitización fronteriza europea y mundial y hegemoniza un modelo único para abordar los flujos migratorios, con una militarización cada vez más creciente, peligrosa y alarmante”. Frontex recurre a medios militares y tecnológicos, desde el uso de drones, pasando por helicópteros, satélites, torres de vigilancia, cámaras térmicas, sondas de CO2, detectores de ritmo cardíaco, geo radares, hasta el uso de datos biométricos. Todos esos medios están siendo utilizados para alejar a civiles desarmados que ejercen su derecho a la movilidad.

La actividad de Frontex, en lugar de combatir  las mafias, las mantiene

Con esta estrategia, la UE, a través de Frontex, intenta librarse de sus responsabilidades legales y resulta “imposible conciliar el respeto del derecho de asilo y el principio de no devolución, por una parte, y las operaciones de expulsión colectiva, por otra”. Esa externalización supone la transferencia parcial del control migratorio a los países de origen y tránsito, como evidencian los acuerdos bilaterales de cooperación con diversos países africanos y el nuevo Pacto Europeo sobre Migración y Asilo.

Desde 2020 se produce un despliegue de efectivos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional en Mauritania. La Guardia Civil ha desplegado un avión que dispone de potentes sensores para detectar los cayucos. Mauritania ya acoge a casi 70.000 personas desplazadas de la situación de violencia que se vive en Mali y muchas otras personas de otros conflictos de África, como República Centroafricana o República Democrática del Congo. “Las personas desplazadas por la fuerza que se está evitando que salgan de los países en tránsito, pueden quedar atrapadas en zonas donde sigan viviendo un ciclo de violencia grave, con la complicidad de los gobiernos europeos”, señala el informe.

Frontera Sur

En la Frontera sur, el informe habla de vulneraciones de derechos constantes, como en el Tarajal, Ceuta, Melilla o el Muelle de Arguineguín, con el hacinamiento de hasta 2.600 personas en el año 2020. Ese año se multiplicaron los casos en los que se impedía a personas migrantes viajar desde Canarias a la Península, “contraviniendo hasta seis sentencias del Tribunal Supremo que dictan que la Policía no tiene autoridad para impedir estos viajes si se dispone de la documentación adecuada”.

España ha reforzado su papel en las operaciones de Frontex en los últimos años ya que también lidera operaciones de Frontex en otros países. Mantiene tres operaciones activas: Indalo, Hera y Minerva, además de la operación Focal Points, una apuesta de Frontex para desplegar de forma permanente en puntos de control de miembros europeos y terceros países, agentes de apoyo de control y vigilancia fronteriza y que responde, según el informe, “a una política de externalización de la gestión fronteriza”.

Indalo y Minerva se desarrollan en los alrededores del Estrecho de Gibraltar, mientras que Hera se lleva a cabo desde 2006 en Canarias y la costa de África occidental; Mauritania; Senegal y Cabo Verde, y ha pasado ya por tres fases hasta consolidarse como una operación que se repite cada año, normalmente en los meses de agosto a diciembre. Según el Departamento de Seguridad Nacional español, la operación tiene como objetivo principal “evitar la entrada irregular de inmigrantes por vía marítima en la Unión Europea, asegurar la vida humana en el mar, identificar a los inmigrantes irregulares para proceder a su repatriación y obtener información de interés para la lucha contra las redes que promueven la inmigración clandestina” además de perseguir otras actividades ilícitas relacionadas con la delincuencia organizada transnacional como las drogas, los vertidos y la pesca ilegal. En 2018 el coste de esta operación fue de 1,2 millones de euros. La ruta canaria es la ruta migratoria más mortífera del mundo. Se estima que tres de cada diez personas perecen en la travesía.

España ha reforzado su papel en las operaciones de Frontex en los últimos años

En 2020, el Gobierno español y Frontex acordaron reforzar la ruta canaria a través de esta operación. El despliegue incluye también el trabajo con los países de tránsito, como Mauritania y Senegal, mediante el refuerzo de los cuerpos de seguridad presentes en estos países. Entre 2011 y 2019 se detuvo a 94.106 personas, calificadas como “migrantes irregulares” y a otras 19.733  calificadas como “aspirante a migrante”, además de 527 “facilitadores” y solo un traficante de personas.

El papel de España ha ido aumentado. En marzo de 2023, el ministro de Interior, Grande-Marlaska, pidió al nuevo director ejecutivo de Frontex, Hans Leijtens, un mayor impulso en la cooperación de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas con los países africanos para controlar los flujos de desplazados. El Estado español participó el año pasado en 12 operaciones conjuntas, por detrás de Italia, con 14 y Francia con 13 y equiparándose a Estonia, Bulgaria, Letonia y Portugal que participaron también en 12 operaciones.

Al igual que en el caso de Ceuta, también se ha reportado la realización de interrogatorios sin asistencia letrada en los CATE de Canarias por parte de agentes de Frontex, vulnerando así sus derechos. Ante el repunte de llegadas, especialmente en el muelle de Arguineguín entre agosto y noviembre de 2020, la Policía Nacional solicitó la intervención de Frontex, que envió siete agentes a la zona para investigar redes de tráfico de personas. “Este enfoque puramente securitario ha ocasionado un aumento exponencial de los encarcelamientos por tráfico de personas (202 personas en 2021), en los cuales los acusados reciben prisión preventiva de entre 1 y 4 años”. El Defensor del Pueblo notificó que de 3.200 personas que pasaron por el centro de recepción de inmigrantes de Tenerife, ninguna solicitó asilo. El informe señala que se ofrece esta información en términos no comprensibles para estas personas.

La directora adjunta de Human Rights Watch, Judith Sunderland, avisa que “el enfoque de España, como el de la UE, sigue centrado en impedir llegadas, en lugar de abrir canales de migración seguros y ordenados”. “La cronificación de los campos de retención de personas migrantes en las islas solo acrecienta la deshumanización de estas personas, fomentando al mismo tiempo los discursos de odio en la sociedad de acogida”.

Los gobiernos siguen dando prioridad a la “protección de fronteras” por encima de la movilidad y la vida humana. La vulneración de derechos de las personas migrantes se plasma en acciones como  devoluciones en caliente, deportaciones, encierros, redadas con sesgo racial y otras estrategias.

“Frontex ha jugado un papel relevante en el despliegue de operaciones conjuntas en el Estado español, coincidente con su expansión presupuestaria y política y sin mecanismos de control y supervisión adecuados. La relación de Frontex con los cuerpos de seguridad del Estado español ha sido simbiótica, y su enfoque securitario no ha hecho más que agravar las vulneraciones de los derechos humanos que llevan sucediéndose en la frontera sur desde principios de los 2000”.

Oficina

El propio mandato de Frontex exige que todo el personal desplegado en sus operaciones respete los Derechos Fundamentales, pero en la práctica dispone de un margen de maniobra muy amplio tanto en la toma de decisiones como en las intervenciones operativas. Además, tiene una Oficina de Derechos Fundamentales que empezó a operar en 2019, pero con un presupuesto muy bajo y que reconoce, ella misma, “dificultades en el acceso a todas las áreas y actividades desempeñadas por Frontex”, “acceso insuficiente a documentos operacionales” e imposibilidad para entrevistarse con las personas migrantes y con el personal de Frontex situado en determinadas áreas sin la presencia de autoridades nacionales.