Entre la espada y la pared. Entre dos aguas. Así están los máximos dirigentes del PSOE, tanto a nivel federal como regional, maniobrando para evitar que la crisis política abierta en el Ayuntamiento de La Frontera traspase sus límites y se extienda al Gobierno regional.

Y lo hacen en dos frentes, con el fin de que sus socios de Coalición Canaria (CC) tengan claro que si se rompe el Pacto no será por ellos. El primer paso lo ha dado el propio Pedro Sánchez tras conversar con Fernando Clavijo: la Ejecutiva federal ha abierto un expediente de expulsión a los tres ediles que han firmado la moción de censura contra la alcaldesa nacionalista Melissa Armas. Y el segundo paso es intentar impedir el primero: seguir negociando "soluciones políticas" para evitar que el próximo sábado se consume lo que en CC se ha calificado como un golpe a "la línea de flotación" del Pacto regional.

Ambas decisiones han sido confirmadas por el secretario general del PSOE canario, José Miguel Pérez, que fiel a su estilo de parquedad de palabras y de oscurecer más que transparentar la toma de decisiones, no ha querido entrar en más detalles tras la reunión de la Comisión Ejecutiva Regional celebrada en Santa Cruz de Tenerife y en la que no estaba presente la vicepresidenta del Gobierno, Patricia Hernández.

"La Ejecutiva [regional] lo ha sabido hace unas horas y seguiremos trabajando por soluciones políticas, y confío en que las relaciones con CC se encaucen por la vía de las soluciones políticas, que caben, y de lo que hay que hablar es de las que no sólo afectan al PSC", ha asegurado.

Eso sí dejando bien claro que la culpa de los "elementos de dificultad" que están viviéndose estos días en las relaciones entre CC y el PSOE no son achacables ni a Ferraz ni a la cúpula del PSOE canario, "sino a conflictos que se han ido sustanciando en ayuntamientos o en alguna organización insular".

Y recordando que "son más los incumplimientos que ha producido CC que los que ha producido el PSOE".

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