La Comisión de peticiones del Parlamento europeo ha admitido a trámite la denuncia de José Díaz por el derribo de su vivienda en Arrecife por parte de la Autoridad Portuaria de Las Palmas.

El Comité de peticiones de la UE abrirá un expediente y estudiará su caso, tal y como se lo comunicó la semana pasada en una carta firmada por la presidenta de esa comisión, Cecilia Wikström. Ahora deberá decidir si su queja afecta o no a la legislación europea o sólo afecta a la legislación nacional.

José Díaz, ex presidente de la asociación de vecinos La Plazuela, compró una vivienda de unos 125 metros junto al mar, en la zona de Las Caletas, en la parte de Arrecife, en el año 1997. La vivienda se la compró por un millón de pesetas a la Caja de Ahorros, que a su vez se la había embargado al anterior propietario.

La casa estaba inscrita en el Registro de la propiedad y el banco aseguró ante notario que estaba libre de arrendatarios o de ocupantes. En 2008 el contrato de compra venta se eleva a público, pero cuando Díaz fue a registrar la casa no pudo porque estaba dentro del dominio público marítimo terrestre, una circunstancia que ya existía cuando a la entidad bancaria le permitieron el registro.

Dos años después, en 2010, la Autoridad Portuaria inicia un expediente de recuperación del dominio público portuario en la parte trasera de Los Mármoles, donde se encuentra el barco Telamón, hundido en la década de los 80 del pasado siglo.

La casa de JoséDíaz se ve afectada por este expediente, al igual que algunas chabolas que se habían ido construyendo de forma irregular. En febrero de 2014, la Autoridad Portuaria derribó su casa.

José Díaz le compró de forma legal a La Caja de Canarias pero luego no pudo inscribirla y Puertos la derribó por estar en dominio público

Díaz ya había acudido a la Fiscalía, que había informado la venta realizada por La Caja debía ser nula. No apreció hechos delictivos pero dijo que si se consumaba el desahucio y el derribo del inmueble por encontrarse en zona de dominio público, “la venta realizada por La Caja sería nula” al estar “fuera del comercio” los terrenos “comprendidos en la zona marítimo terrestre”.

El pasado 3 de septiembre, la Fiscalía Especial contra la corrupción y la criminalidad organizada remitió la denuncia de este vecino a la Fiscalía de Las Palmas porque considera que los delitos no son de su competencia.

El propietario de la casa solicitó asesoramiento a la Asociación europea de perjudicados por la Ley de Costas y exploró la vía de la queja ante Europa porque considera, entre otras cosas, que el deslinde en el que se basó su derribo no es legal.

Díaz ha llevado a cabo otras medidas, como acudir al Diputado del Común, recoger firmas contra Bankia para que le indemnice. Insiste en la arbitrariedad de la Autoridad Portuaria, “que ha hecho un deslinde en el que ha tirado todas las casas menos una, que está a nombre del familiar de un político”.