El secretario del Juzgado de Instrucción número tres de Arrecife ha advertido que faltan los tres primeros tomos de una instrucción relacionada con el caso Costa Roja, en el que se investigan las autorizaciones concedidas al empresario Luis Lleó por el Ayuntamiento de Yaiza para edificar más de mil viviendas en Playa Blanca en un suelo que no era apto para construir.

El ex alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, concedió en noviembre de 2006 licencia para segregar la parcela rústica de Costa Roja y en diciembre de ese mismo año licencia para edificar la urbanización, que hubiera supuesto la construcción de más de mil viviendas y doscientos locales comerciales en la entrada de Playa Blanca.

El caso Costa Roja se inició a raíz de una querella interpuesta por Carlos Espino en abril de 2007, procedimiento judicial en el que están imputados por prevaricación urbanística Reyes, el ex secretario del Ayuntamiento, Vicente Bartolomé Fuentes, inhabilitado por otra causa penal; y el técnico Antonio Lorenzo. Esta primera causa se encuentra en fase de procedimiento abreviado, una vez concluida la investigación principal.

A comienzos de 2013, el Juzgado decidió abrir una pieza separada para investigar otra licencia concedida por Reyes para el proyecto de ejecución y, especialmente, un dictamen jurídico elaborado por el catedrático Rafael Entrena Cuesta que fue localizado por la UCO de la Guardia Civil en el marco del caso Unión.

Del análisis de los correos electrónicos de Lleó, la UCO elaboró un informe en el que se aportaban pruebas de que, a pesar de que lo pagó el Ayuntamiento de Yaiza con un coste de 27.000 euros, fue Lleó quien habría encargado el dictamen jurídico al catedrático. La Audiencia Provincial de Las Palmas validó en septiembre de 2015 la pieza separada del caso Costa Roja.

"Resulta que no se hallan los tomos"

En una diligencia de ordenación dictada este miércoles, el secretario del Juzgado de Instrucción número 3 de Arrecife, cuyo titular los tres últimos años ha sido el juez Rafael Lis, señala que “revisadas las actuaciones a día de hoy resulta que no se hallan los tomos I, II y III” del procedimiento.

En su escrito, el secretario del Juzgado de Instrucción número 3 explica que con la finalidad de “averiguar la ubicación” de los tomos desaparecidos, ha procedido “a la búsqueda de los autos originales” del procedimiento inicial que se inició en 2007. Sin embargo, “no han sido hallados en las dependencias de este Juzgado”.

Además, el secretario judicial destaca que “consultados los registros de la aplicación informática Atlante”, utilizada por los Juzgados, “no consta ninguna clase de resolución o acto de tramitación practicado” en la pieza separada del caso Costa Roja.

Por ello, para “determinar la posible ubicación” de los tomos de la investigación “y, en su caso, la procedencia de la reconstrucción de los autos”, el secretario pide al Juzgado Decano de Arrecife que informe si los tomos originales han sido elevados “a alguno de los Juzgados de lo Penal”, que son los encargados de celebrar los juicios, “o a la Audiencia Provincial de Las Palmas”.

Informe localizado por la UCO

En los correos de Lleó examinados por la UCO, empresario orientaba al catedrático para prestar la hoja de encargo del dictamen. “Me piden que me la hagas llegar firmada y el Ayuntamiento nos la sella y firma el alcalde, donde ponemos objeto del dictamen, plazo y precio”, le decía en un correo electrónico. La finalidad del informe estaba clara: “blindar el alcalde respecto al proceso penal, al tener un soporte jurídico sólido”, en palabras de Lleó.

Cabe destacar que Reyes dio la licencia para el proyecto de ejecución de las mil viviendas en junio de 2007, cuando estaba como alcalde en funciones y cuando ya se había parado la obra y se conocían dos informes del Cabildo que eran contrarios a la concesión de la licencia. Reyes, en esa licencia, se refería al dictamen jurídico del catedrático que aseguraba que las actuaciones municipales respecto a ese expediente eran conformes a Derecho.

Por otra parte, tanto Lorenzo como Bartolomé, que firman los informes necesarios para la licencia, tampoco mencionan esos informes negativos del Cabildo, y a pesar de que reconocen que la parcela no se encuentra dentro de la delimitación de suelo urbano del Plan General de Yaiza, no emiten un informe desfavorable.