El grupo socialista en el Cabildo de Lanzarote solicitará, a través de una moción que se debatirá en el próximo pleno, que se de continuidad a la puesta en marcha del Servicio de Atención Integral de la Dependencia de la Isla de Lanzarote (SAIDIL), impulsado en 2022 bajo la presidencia de la socialista, Dolores Corujo.

"El SAIDIL cumpliría el imprescindible objetivo de dar un servicio integral y homogéneo a todos los usuarios con dependencia o discapacidad, acabando así con las diferencias del servicio según el municipio de residencia e implementaría servicios sanitarios y mecanismos de prevención. Hasta ahora, la atención a la dependencia está centrada en servicios puramente asistenciales", destaca Isabel Martín, consejera socialista y anterior responsable del área de Bienestar Social.

Martín señala que calidad de este proyecto pionero permitió que fuera reconocido con un premio de Buenas Prácticas a nivel nacional por sus avances y su carácter innovador. "En ese sentido, conviene recordar que una de esas buenas prácticas consistía en algo tan imprescindible como hacer que todas las personas usuarias del servicio recibieran el mismo nivel de atención, con independencia del municipio de residencia. Igualmente, suponía un ejemplo a seguir por cuanto unificaba en un solo organismo las competencias en materia de dependencia del Gobierno de Canarias, el Cabildo de Lanzarote y todos aquellos municipios que se adhirieran", indica.

La consejera socialista reconoce que se "trataba de un convenio complejo, ya que aunque el protocolo se formalizó entre la Consejería de Derechos Sociales y el Cabildo, en el convenio participaba, también, la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias". "Las dificultades administrativas y jurídicas retrasaron la firma del convenio y la puesta en marcha efectiva del SAIDIL y fue precisamente en mayo, sin tiempo para culminar las gestiones, cuando se dispuso de los últimos informes preceptivos que posibilitaban la firma del ya referido convenio", señala.

La presidenta socialista firmó un protocolo con la entonces consejera de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias, Noemí Santana, para la creación de este servicio pionero. A partir de ese momento, se puso en marcha la maquinaria administrativa para llevar a la práctica ese proyecto que contaba con una dotación presupuestaria de tres millones de euros para 2022 y siete millones para cada uno de los sucesivos ejercicios, 2023 y 2024.

Martín concluye que "el trabajo iniciado no debe perderse. Lanzarote debe aprovechar el trabajo realizado para convertirse, como ya se reconocía en el protocolo, en una experiencia piloto exportable a toda Canarias consiguiendo así que sus dependientes sean los primeros en beneficiarse de esta nueva forma de abordar sus prestaciones".