El Grupo Socialista en el Cabildo de Lanzarote ha denunciado que la institución insular paga cerca de 20.000 euros mensuales por el Centro Insular de Inclusión, ubicado en las antiguas instalaciones del colegio Daos, en Puerto del Carmen, pese a que, según sostiene, el edificio ha permanecido “sin actividad” durante buena parte de su primer año de funcionamiento.

En un comunicado, la portavoz socialista en el Cabildo, Ariagona González, asegura que el coste del alquiler, el IGIC y los gastos de funcionamiento y mantenimiento del inmueble ascienden a cerca de 20.000 euros mensuales, por lo que el Cabildo ha desembolsado ya alrededor de 300.000 euros desde el inicio del contrato.

Según González, se trata de “una cantidad considerable para un recurso que carece de una programación pública, estable y continuada dirigida a las personas y colectivos para los que fue creado”.

La consejera socialista afirma que “cada mes salen 20.000 euros de las arcas públicas para pagar un edificio que el Gobierno de Oswaldo Betancort ha sido incapaz de llenar de contenido”. Añade que el grupo de gobierno presentó el proyecto como “un gran referente insular”, pero que “durante meses, las instalaciones han permanecido sin actividad y sin una programación real para los colectivos vulnerables”.

El PSOE recuerda que el contrato de arrendamiento establece que el inmueble debe funcionar como un espacio polivalente para la formación integral, la orientación y la inserción laboral de colectivos vulnerables de Lanzarote y La Graciosa, además de servir de apoyo a las entidades sociales y de punto de encuentro para proyectos relacionados con la inclusión.

No obstante, González considera que “el balance del primer año es un fracaso de gestión” y sostiene que la cesión puntual del espacio a distintas asociaciones “no puede confundirse con una verdadera programación pública, estable y participada”. Asimismo, afirma que el Gobierno insular anunció un centro con “objetivos ambiciosos” relacionados con la inclusión, la discapacidad y el apoyo a las familias, pero que “un año después sigue sin haber demostrado capacidad para convertirlo en un recurso vivo, útil y ajustado a las necesidades reales de las personas con discapacidad, sus familias y otros colectivos en situación de vulnerabilidad”.

La portavoz socialista recuerda además que el Cabildo estudió inicialmente comprar el inmueble e incluso encargó una tasación, aunque finalmente optó por el alquiler al no alcanzar un acuerdo con la propiedad.

“Después de no alcanzar un acuerdo para comprar el inmueble, optaron por pagar un alquiler muy elevado. Esa decisión exigía tener preparado desde el primer día un proyecto sólido, una planificación completa y una programación permanente. Han estado pagando durante meses mientras el edificio permanecía prácticamente vacío”, sostiene.

El Grupo Socialista señala que llevó esta cuestión al último pleno del Cabildo y asegura que el consejero responsable, Marciano Acuña, ofreció entonces una respuesta “generalista” y que posteriormente, por escrito, “volvió a evitar cualquier explicación concreta sobre lo ocurrido durante este primer año de funcionamiento del centro”.

Según González, la respuesta del consejero “no aclara qué se ha hecho hasta ahora, no detalla las actuaciones desarrolladas en 2025 y se limita a anunciar lo que se tiene reservado hacer a partir de ahora”.