El presidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés, puso como condición para que saliese adelante el pacto de gobierno con el PSOE la destitución del director de la Oficina del Plan Insular, Leopoldo Díaz, dejando libertad a los socialistas, a los que les toca Política Territorial, libertad para nombrar al nuevo jefe del departamento.

Además, en las negociaciones se abordó la continuidad del Director insular de Ordenación del Territorio, Miguel Ángel Santana, jurista que procede de Gesplan, la empresa pública encargada de elaboración del planeamiento del Gobierno de Canarias. Una continuidad que, según las fuentes consultadas, no habría sido discutida por el PSOE.

La destitución de Díaz se hizo efectiva este viernes, en la misma mañana en la que delegó las áreas del grupo de gobierno entre los consejeros de CC y PSOE, y después de reunirse con el funcionario, que rechazó renunciar al puesto.

La decisión de San Ginés se adoptó de manera oficial este viernes pero comunicó a la dirección insular del PSOE su intención de llevarla a cabo desde hacía días, antes de firmarse el acuerdo de gobierno. Dependiendo de la reacción del PSOE se podría llegar a producir incluso una ruptura del pacto de gobierno en el Cabildo, al considerar CC que la medida es “irrenunciable”.

Desde el Partido Socialista ya han tachado la medida de “deslealtad” y han señalado que su incorporación efectiva al grupo de gobierno en el Cabildo, asumiendo las áreas delegadas, estaba en suspenso hasta que se abordase la decisión del presidente en la Mesa regional del pacto.

En caso de ruptura del pacto con el PSOE, Coalición Canaria podría sumar una mayoría absoluta en el Cabildo con los tres consejeros del PP, el del PIL y el de Nueva Canarias. De hecho, esta opción de pacto fue barajada también por los nacionalistas aunque de forma oficial solo trascendieran las conversaciones con los socialistas.

“Pérdida de confianza”

El detonante para la destitución de Díaz por “pérdida de confianza” ha sido el informe que elaboró a petición del presidente para analizar el dictamen de otra jurista del Cabildo, Joana Macías, que cuestionó la validez del Plan Especial de La Geria, advirtió vicios de nulidad en el planeamiento, interpretó que la consideración de las bodegas como equipamientos estructurantes debía estar recogida en el Plan Insular y llegó a considerar que no se debía aplicar en vía administrativa el Plan de La Geria aunque no haya sido anulado por los tribunales.

El informe de Díaz no se ha hecho público por el momento, algo que reclamaron los socialistas en campaña electoral, si bien fuentes del grupo de gobierno aseguran que respaldaría las tesis jurídicas de Macías. En el grupo de CC en el Cabildo sostienen que el director de la Oficina del Plan Insular habría tenido diversas ocasiones para plantear su criterio sobre el Plan de La Geria durante su tramitación hasta que fue aprobado por la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente (Cotmac), en julio del año pasado.

Fuentes de CC también sostienen que en ciertos informes de la Oficina del Plan Insular, como en uno elaborado sobre bodega Los Bermejos, se señala que el Plan Especial de La Geria le otorga la consideración de equipamientos estructurantes a las bodegas mientras que en otras interpretaciones se recalca que deben calificarse de esa forma en el Plan Insular, cuya revisión todavía no se ha aprobado.

Los informes de compatibilidad de proyectos con el Plan Insular de Ordenación (PIO) es otro de los elementos que han barajado los nacionalistas para tratar de justificar la destitución del director de la Oficina del PIO. A partir de 2011 se empezaron a aprobar por el Consejo de Gobierno o el pleno mientras que con anterioridad no pasaban por ese trámite. Fuentes de CC aseguran, sin embargo, que la Oficina del Plan Insular tenía conocimiento de que debía producirse un acto formal por el Consejo de Gobierno y que así se reflejó, por ejemplo, en el informe de un puerto deportivo a finales de los años 90.