La Sociedad de gestión de activos procedentes de la reestructuración bancaria (Sareb), conocida como el banco malo, reclama una deuda a los promotores de la antigua urbanización Costa Roja, en Playa Blanca, que asciende a más de 54 millones de euros. El principal propietario de estos terrenos es Luis Lleó, socio mayoritario.

En octubre de 2021, la Sareb presentó una demanda de ejecución hipotecaria frente a la sociedad Parcelaciones Ajey, que es la que sucedió a Residencial Costa Roja, que se disolvió y era el deudor inicial.

El Juzgado de Primera Instancia número 4 de Arrecife requirió a las dos sociedades ejecutadas en este procedimiento, Parcelaciones Ajey y Desarrollos y Proyectos Playa Blanca, a que pagaran esa deuda que mantienen con esta entidad bancaria.

La Sareb se quedó con los activos tóxicos de los bancos, en este caso de Bancaja, que fue la entidad que le concedió a Lleó un préstamo de 41 millones de euros para adquirir gran parte de esos terrenos y para desarrollar el famoso macroproyecto de Costa Roja, a la entrada de Playa Blanca, con más de un millar de viviendas.

Hay que recordar, por otra parte, que el caso Unión nació por el intento de soborno de Lleó al entonces consejero de Política Territorial del Cabildo de Lanzarote, Carlos Espino, para desbloquear los problemas que habían surgido con ese proyecto, ya que la Institución había impugnado en los tribunales la licencia que había dado el Ayuntamiento de Yaiza.

Luis Lleó compró gran parte de esos terrenos a su propia familia, aunque a algunos familiares les pagó y a otros no. En la finca matriz había otros propietarios, como las empresas Rentalanz, Salmepa (de Juan Francisco Rosa), Hoya de la Yegua o Estudio Lanzarote, del arquitecto Ángel García Puertas.

De esa finca matriz salieron cuatro segregaciones. La finca ahora ejecutada es la 28.422, que tiene 121.000 metros cuadrados y sobre la que podría ir un centro comercial, enfrente de la gasolinera ubicada en la entrada de Playa Blanca.

Resolución sobre la demanda de ejecución hipotecaria por 54 millones.

Para desarrollar el proyecto, Lleó pidió 41 millones a Bancaja, que tampoco pagó, y esa deuda es la que ha heredado la Sareb, que intenta recuperar el dinero con los embargos. El préstamo de Bancaja a Lleó fue de 41,8 millones, pero la reclamación asciende a 54,4 por los 12,5 millones de intereses.

El valor de tasación a efectos de la subasta sobre estos terrenos es de 116,5 millones de euros. La finca ejecutada en Playa Blanca tiene 121.000 metros y podría ir un centro comercial

Pero el embargo no solo le afecta a él, sino que atañe a más propietarios porque están dentro del plan parcial que se presentó muchos años después, en 2020, y sin comunicárselo al resto de los dueños del suelo ni al Ayuntamiento de Yaiza.

La ejecución de ese préstamo con garantía hipotecaria también se sigue de forma solidaria con otra sociedad, que figura como hipotecante no deudora: Desarrollos y Proyectos Playa Blanca, que antes se denominó Costa Lleó, a la que la Sareb le reclama 4,3 millones del principal y 1,3 de intereses, al tener el 10 por ciento de la finca. Los fiadores de la hipoteca fueron Luis Lleó, su socio Fernando Martín y las entidades Fercidan y Los Charcones de La Mareta.

Por otra parte, el valor de tasación a efectos de la subasta sobre estos terrenos es de 116,5 millones de euros. Hay propietarios que compraron en documento privado que también están afectados por los embargos o por la imposibilidad de desarrollar ahora este plan parcial. Figuran como propietarios incluso empresas como Dinosol.

La historia

En diciembre de 2006, el Ayuntamiento de Yaiza, presidido por José Francisco Reyes, concede a la empresa de Lleó licencia para un complejo residencial a la entrada de Playa Blanca que incluía 1.012 viviendas, 220 locales comerciales y 2.559 plazas de garaje.

La licencia es impugnada por el Cabildo y por la Fundación César Manrique, y un Juzgado suspende cautelarmente el permiso de obras en septiembre de 2007. Seis años después, la licencia fue declarada nula.

En octubre de 2019, después de tratar de torpedear la investigación, Luis Lleó termina por reconocer el delito de intento de soborno a Espino para que desbloquease su desarrollo y acepta una condena de año y medio de prisión y una multa de 150.000 euros.

En 2014 se incluye en el nuevo Plan General Supletorio de Yaiza un convenio urbanístico entre los promotores de ese suelo, el Ayuntamiento de Yaiza y el Gobierno de Canarias. Los terrenos se convierten en un suelo urbanizable sectorizado no ordenado (SUSNO), con el nombre de sector Playa Blanca, que se puede urbanizar si se hace una ordenación pormenorizada mediante un plan parcial.

Posteriormente, Luis Lleó presenta el plan parcial en el que se incluye un hotel de hasta 500 camas, otro hotel escuela, así como equipamientos deportivos, sanitarios, educativos y asistenciales, más locales comerciales, oficinas, una gasolinera y un parque urbano.

Zona de Costa Roja, a la entrada de Playa Blanca.

En 2020, el Gobierno inicia la evaluación ambiental del plan parcial, pero ese expediente se ha archivado. Entre los embargos y la situación administrativa, será muy complicado que el plan parcial se desarrolle. Cuando algunos copropietarios tienen constancia de que se está tramitando ese plan parcial, presentan alegaciones en contra de su desarrollo.

Hay propietarios que compraron en documento privado que también están afectados por los embargos o por la imposibilidad de desarrollar ahora este plan parcial, como Dinosol

En junio de 2021, el Gobierno de Canarias informa al Ayuntamiento de Yaiza de que el procedimiento de evaluación ambiental estratégica simplificada de ese plan parcial ha finalizado y que se había archivado el expediente sin realizar esa evaluación.

El motivo que esgrime la Consejería es que el suelo de este sector está afectado por la nulidad del Plan General de Yaiza en la parte que incide sobre el dominio público marítimo terrestre y sus zonas de servidumbre.

Por otra parte, la evaluación ambiental la debe hacer el Gobierno, ya que ni Yaiza ni el Cabildo han creado sus órganos de evaluación ambiental, tal y como les permite la Ley del Suelo. Yaiza hizo un convenio con el Gobierno para tramitar esta evaluación ambiental, pero ya ha caducado y no se ha solicitado una prórroga.

Devolución

El Tribunal Supremo ha dictado recientemente una sentencia por la que obliga al Ayuntamiento de Yaiza a devolver el dinero recaudado en su momento como licencia de obra y los intereses de demora de la urbanización ilegal de Costa Roja, porque no se llegó a llevar a cabo.

Esa sentencia cambiaba el criterio del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que consideraba que no se debían pagar los intereses y ascendía la cantidad a pagar a 2,3 millones de euros. En la Sala que enjuició el caso estaba el magistrado Ángel Aguallo, ya fallecido, que fue investigado en el caso Unión precisamente por asesorar a Luis Lleó cuando era miembro del Tribunal Constitucional.

En esa sentencia se recoge a la empresa Hoya de la Yegua como sucesora de los derechos de Costa Roja, en lugar de a Parcelaciones Ajey, que es la socia mayoritaria de esa sociedad. Y hay más. Sobre esta misma finca, que pertenece en su mayoría a Parcelaciones Ajey, cuya administradora única es Cathi Visser, la esposa de Lleó, también pesa un embargo de la Agencia Tributaria Canaria por un importe de 3,5 millones de euros.

Mientras que la ejecución hipotecaria va dirigida a Ajey como sucesora de Costa Roja, la devolución del dinero por parte del Ayuntamiento se hizo a Hoya de la Yegua, sobre la que no pesan embargos ni tiene otros socios. Lleó hizo una ampliación de capital no dineraria para derivar la deuda de una sociedad hacia la otra. A pesar de todas sus deudas, Luis Lleó se embolsó 2,3 millones de euros gracias a esa sentencia.

Lleó (derecha), en los Juzagados de Arrecife. Foto: DIARIO DE LANZAROTE.

Causa penal

La causa penal por la licencia ilegal de Costa Roja se juzgará finalmente en septiembre de este año y sentará en el banquillo al exalcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, al exsecretario municipal, Vicente Bartolomé Fuentes y al exjefe de la Oficina Técnica, Antonio Lorenzo, por un delito de prevaricación urbanística. La Fiscalía pide penas de inhabilitación y una multa.