Aumenta el número de investigados en el caso de la cochinilla. El Juzgado de Instrucción número 4 de Arrecife ha citado en calidad de investigadas a dos trabajadoras del Cabildo de Lanzarote: Eugenia Torres y Tania Acuña.

Torres ha ostentado funciones de directora adjunta en la asesoría jurídica del Cabildo y en el órgano de contratación de la Corporación insular, mientras que Acuña está vinculada a las áreas de Agricultura, Ganadería y Pesca.

Eugenia Torres tiene que declarar el 17 de septiembre a las 11.30 horas y Tania Acuña el mismo día media hora después. En principio se les citó, por error, en calidad de testigos, pero luego el juez Ricardo Fiestras corrigió, en una providencia del 26 de julio, la citación como investigadas.

Las fuentes consultadas apuntan a que su citación está relacionada con las declaraciones de los dos investigados iniciales de la causa, San Ginés y Morales, que acudieron al Juzgado el pasado 17 de junio.

El caso investiga la adjudicación del centro de transformación de la cochinilla de Mala, que se llevó la empresa Lanzaloe. Un informe pericial que señala que la parcela donde se ubica el centro es suelo dotacional, y no industrial, y por tanto no se puede llevar a cabo una actividad industrial.

Según ha trascendido del procedimiento, se advirtió por escrito tanto al entonces presidente como al que era consejero de Agricultura y Ganadería de esta circunstancia, pero no se procedió a resolver el concurso.

Según la querella que dio inicio a la causa, esto podría derivar en una presunta prevaricación por omisión por mantener abierto el centro con supuestas irregularidades.

Claves de la querella

Un informe pericial de un arquitecto encargado por la empresa que puso la querella destaca que las obras previstas en el proyecto básico no son compatibles con el Plan General de Haría y que el inmueble no puede albergar un uso industrial como centro de transformación.

Según el informe pericial, las condiciones del contrato serían imposibles de cumplir porque no se puede llevar a cabo una actividad industrial en un suelo que no lo es. Lo que se pide al Cabildo, incluso antes de que se inaugurase el centro, es que, en lugar de abrirlo, se tramite un expediente para anular la concesión.

El pliego de condiciones señala que la actividad principal del inmueble debe ser la transformación y que el resto serán complementarias y califica como infracción grave “destinar las instalaciones a un uso distinto al que le es propio, aunque sea con carácter esporádico”, destaca la querella.

El planeamiento contempla uso dotacional destinado a la transformación de cochinilla con técnicas antiguas y el Ayuntamiento emite, durante el procedimiento, un certificado de compatibilidad de usos por el que se incluye con carácter complementario otro uso distinto al principal. La compatibilidad de usos daría cabida, en todo caso, al uso comercial pero no al industrial, según la querella.