El titular del Juzgado de instrucción número 2 de Arrecife, Jerónimo Alonso, decidió suspender la declaración del secretario del Cabildo, Francisco Perdomo, prevista para este jueves a las 13.30 horas para que testificara como testigo en el caso de la incautación de la desaladora de Montaña Roja.

La suspensión de la declaración se produce después de que la acusación popular, ejercida por Podemos, solicitara la citación de Perdomo en calidad de imputado. Por el momento el Juzgado ha acordado la suspensión de la declaración fijada para este jueves para estudiar si, como pide la acusación popular, lo llama como imputado.

En un providencia dictada el miércoles el juez “acuerda la suspensión de la declaración testifical” de Francisco Perdomo “a los efectos de valorar debidamente la condición  con que debe comparecer a prestar declaración”.

El grupo político, que cuenta con tres consejeros en el Cabildo considera que la declaración del presidente Pedro San Ginés en el Juzgado el pasado mes de agosto “obliga” al secretario de la institución “a dar respuesta sobre su participación en unos hechos que le implican directamente y que pudieran ser constitutivos de un delito de prevaricación, coacciones, malversación de fondos públicos o encubrimiento”.

En su declaración como imputado por presunta prevaricación y coacciones, San Ginés indicó que la medida de la incautación de la desaladora de Montaña Roja “estaba amparada legalmente, o al menos así se lo trasladaron” tanto el asesor externo Ignacio Calatayud como el secretario del Cabildo.

El presidente señaló, sobre la medida cautelar de la incautación, que “sólo había informes verbales, tanto del secretario como del letrado externo”, si bien preguntó “expresamente a quien vincula más al presidente, que es el secretario”, quien según San Ginés “le confirmó que podía adoptarse esta medida cautelar y que se podía llevar a cabo sin autorización judicial, que era lo que” le “generaba ciertas dudas”.

El secretario “confirmó” a San Ginés “que podía adoptarse” la medida cautelar de incautación de la desaladora “y que se podía llevar a cabo sin autorización judicial”

Además, el presidente explicó que “desconoce quién es el autor material de la resolución” mediante la que se incautó la planta desaladora, la depurada y las redes de abastecimiento de la urbanización Montaña Roja, y que “pudo ser el gerente del Consejo, el secretario o el propio letrado externo, o tal vez los tres participaron”.

Podemos recuerda en su petición al Juzgado que Perdomo es secretario del Cabildo y también secretario acumulado del Consorcio del Agua y del Consejo Insular de Aguas, así como secretario del expediente sancionador a Club Lanzarote, promotora de Montaña Roja. “La participación del mismo en los hechos objeto de investigación, que dan contenido al tipo delictivo del delito de prevaricación, ha sido y es determinante”, añade.

Para Podemos, “se deduce que es el propio presidente del Cabildo, en declaración prestada ante la autoridad judicial, el que señala al secretario de la Corporación, del Consejo y del Consorcio como actor principal en los hechos objeto de investigación” al indicarle “que no era preceptivo informe escrito para adoptar la resolución” de incautación de la desaladora.

Para Podemos, la declaración del presidente en el Juzgado “obliga” al secretario “a dar respuesta sobre su participación en unos hechos que le implican directamente”

En cuanto a la ejecución de la incautación “y a la adjudicación directa del servicio” de abastecimiento de agua en Montaña Roja “a Club Lanzarote”, Podemos entiende que “no puede obviarse que el asesoramiento jurídico del Consejo y del Consorcio recae sobre el secretario”, que tiene “legalmente asignadas las funciones de dación de fe en las resoluciones del Cabildo y de asesoramiento legal preceptivo, máxime teniendo en cuenta que nos encontramos ante la concesión de un servicio público que el Consorcio tenía a su disposición en virtud de la incautación”.

En su petición al Juzgado, Podemos señala que Perdomo “debe declarar en calidad de imputado, con todas las garantías legales que dicha condición le confiere, acompañado de letrado de su libre designación y con plenas garantías de salvaguardar su derecho a guardar silencio, a no declarar contra sí mismo” y “a no contestar a alguna o algunas de las preguntas que se le formulen”.