El presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, ha anunciado este jueves la elaboración de una macroencuesta para conocer la opinión de la sociedad canaria sobre la posición del Ejecutivo canario contra las prospecciones petrolíferas en aguas cercanas al Archipiélago.

Rivero ha informado además de que la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en Santa Cruz de Tenerife, ha admitido a trámite un recurso del Gobierno canario contra la resolución del Ministerio de Industria que autoriza los sondeos a Repsol, en el que pide que estos se suspendan de forma cautelar hasta que se pronuncia sobre el asunto.

Esta suspensión que se reclama se sustenta en los riesgos irreversibles que tienen las prospecciones para las aguas canarias, ha subrayado el presidente.

En cuanto a la encuesta, Rivero ha afirmado en una rueda de prensa que ha ofrecido tras la reunión del Consejo de Gobierno, que contará de 2.800 muestras y que no sustituye a la consulta ciudadana que ha sido suspendida de forma cautelar esta semana por el Tribunal Constitucional, tras admitir el recurso que presentó el Gobierno central contra la convocatoria.

La consulta se hará cuando el TC la avale, ha indicado Rivero, quien ha afirmado que su Gobierno está "absolutamente convencido de su legalidad", como así ocurrió con el recurso presentado por el Ejecutivo central contra la Ley Turística, que también fue suspendida temporalmente y resultó ser legal.

El presidente canario ha indicado que el Consejo de Gobierno ha acordado encargar a las dos universidades públicas canarias este macrosondeo, que precisamente contará con una muestra amplia para asegurar su fiabilidad.

En esta encuesta, ha explicado el presidente canario, se pregunta por la posición del Gobierno regional contra los sondeos autorizados a Repsol por la incidencia negativa que, según ha afirmado, tendrán en el medioambiente, el turismo, la desalación de agua o la pesca en el Archipiélago.

Las preguntas que se formulen en esta encuesta la harán los expertos de las universidades y tendrá un coste para el Gobierno de 40.000 euros, ha señalado Rivero, quien ha indicado que aún se desconoce cuándo se llevará a cabo y ha insistido en que el propósito es conocer lo que opinan los ciudadanos sobre la actuación de su Ejecutivo en este asunto.

El presidente canario también ha informado de que su Gobierno, si finalmente se produce la consulta ciudadana que baraja llevar a cabo la coordinadora canaria contra el petróleo, la valorará y la apoyará dentro de los márgenes legales.