El caso Jable, que estaba previsto que se retomara el lunes de la próxima semana, finalmente se pospone hasta el próximo mes de septiembre, según informaron desde el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).

El juicio iba a comenzar este lunes en la Audiencia Provincial de Las Palmas, pero se suspendió al no comparecer María Isabel Déniz, exalcaldesa de Arrecife, por razones médicas.

La Audiencia ordenó que un médico forense evaluase la salud de Déniz, una de las principales acusadas en el caso, en el que se investigaron sobornos en la concesión del servicio de basura de la ciudad y las obras del pabellón de Argana.

Esa revisión médico forense, para asegurar que Déniz, que recientemente fue intervenida quirúrgicamente, se encuentra en condiciones de asistir al juicio, se efectuará el próximo mes de junio.

En principio, las sesiones del juicio de Jable se desarrollarán entre el 11 y el 22 de septiembre. La Audiencia había decidido que se celebrase en Gran Canaria por la falta de medios técnicos para seguir el juicio por videoconferencia. De cara a septiembre se mantiene la celebración en Gran Canaria. Hasta tres acusados asistirán al juicio por videconferencia por motivos de salud: Jacinto Álvarez, Rafael Gil y Enrique Astorga.

Tal y como avanzó Diario de Lanzarote, dos directivos de Urbaser ya han admitido por escrito haber incurrido en sobornos para obtener la adjudicación del servicio de recogida de basura en Arrecife, además de otros contratos, como el de limpieza de calles y parques y jardines.

Manuel Andrés Martínez y Santiago Alonso, directivos de Urbaser, han manifestado su “voluntad de colaboración con la Justicia”, mediante el “reconocimiento de los hechos acontecidos” y, cada uno, ha ingresado 110.000 euros “en concepto de pago a cuenta de la multa por delito de cohecho”. La Fiscalía Anticorrupción les solicitaba más de 10 años de prisión.

Este periódico también adelantó que un directivo de la constructora Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), Enrique José Hernández, ha reconocido la acusación por soborno que se le imputa en el marco del caso Jable.

El acusado, que se enfrentaba a cuatro años de prisión y una multa de 111.744 euros, por un delito de cohecho, presentó un escrito la semana pasada en el que abogaba por “colaborar con la Administración de Justicia en el esclarecimiento de los hechos”.

Además, mostraba su “conformidad con los hechos” que le imputaba la Fiscalía Anticorrupción, “en virtud de los cuales interesa el comiso de la cantidad de 16.674,11 euros”. Para la “reparación del daño”, se abonó la citada cantidad por parte de FCC, la constructora que construyó el pabellón de Argana, cerrado al público por defectos en su estructura.

El citado importe se corresponde con el dinero que la constructora, adjudicataria de las obras del pabellón de Argana, abonó por un viaje de la entonces alcaldesa de Arrecife, María Isabel Déniz, y su familia, a Marruecos.

Cinco acusados, sin cargos

Este lunes, la Fiscalía solicitó, antes de la suspensión de la vista oral, que se retiren los cargos contra cinco de los acusados en el caso Jable, pieza derivada del caso Unión. Se trata de los cuatro acusados relacionados con la empresa Gamma Install, Julio Romero, Manuel Jesús Spínola, Rafael Gil y Daniel Hernández, así como de Enrique Astorga, directivo de FCC, a quien le solicitaban cuatro años de cárcel.

La retirada de la acusación a Astorga se debe a que no tenía "dominio" de los pagos efectuados por FCC que la Fiscalía considera cohecho. Su compañero de empresa Enrique José Hernández Martín ha asumido la responsabilidad de los hechos.

Además, el fiscal considera que la parte relacionada con Gamma Install ha prescrito, ya que los hechos que se les imputaban corresponden al año 2005 y las detenciones y acusaciones son del año 2010. El tipo penal por esos hechos tendría un plazo de prescripción de tres años, por lo que ya habrían prescrito en el momento en que se les comenzó a investigar.

Por otra parte, el fiscal señaló que modificará su escrito de acusación, del año 2017, para adaptarlo al tiempo transcurrido. Adelantó que solicitará la atenuante de dilaciones indebidas simples, por la paralización del caso en la fase intermedia durante tres años para resolver una cuestión que se debía haber resuelto en el plazo de un mes.

Cabe destacar que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias tardó tres años en constituir un nuevo tribunal después de que el primero se apartara por recusación. Posteriormente, ante la recusación de la propia Fiscalía, tardó otros dos años más.

El actual fiscal Anticorrupción, Javier Ródenas, dijo que la instrucción se hizo en un plazo muy razonable y que los acusados tienen derecho a ser juzgados en un plazo también razonable, pero que hubo un tiempo muerto procesal “irresponsable e injustificable”.

Además, la empresa FCC aparecía como responsable civil subsidiaria, acusada por la Asociación Jiménez de Asúa, que hace un mes se retiró del procedimiento. El representante de la empresa pidió que se condene en costas a esta asociación y que se les impute el gasto del aval judicial durante estos años. La empresa considera que esta asociación, además, no estaba legitimada para ejercer la acción civil sino solo la penal y que hizo un uso torticero de la acción popular.