Ecologistas en Acción Lanzarote ha presentado alegaciones ante el Cabildo para solicitar la prohibición de las excursiones turísticas organizadas con buggies, quads y otros vehículos recreativos motorizados por los caminos rurales y pistas de tierra de la Isla, cuando existan razones ambientales, de seguridad o de conservación que justifiquen esta medida.

La asociación manifiesta su posición favorable a restringir estas actividades cuando se desarrollen mediante rutas guiadas, convoyes o excursiones comerciales por el medio natural de Lanzarote.

La organización fundamenta su petición en "la necesidad de preservar los valores ambientales y paisajísticos de la Isla, prevenir la degradación del suelo, proteger la fauna y flora silvestres y evitar los perjuicios derivados del ruido, el polvo y la circulación recurrente de vehículos motorizados con finalidad recreativa".

También sostiene que "la protección del medio natural constituye un interés público prevalente frente a la pretensión de utilizar comercialmente de manera indiscriminada los caminos y pistas rurales".

La asociación solicita al Cabildo que impulse la prohibición de estas excursiones en los caminos y espacios donde resulte justificada y que estudie la posibilidad de extenderla al conjunto de las pistas de tierra y caminos rurales de Lanzarote.

En concreto, reclama que se examine y motive "la viabilidad de extender dicha prohibición al conjunto de las excursiones turísticas motorizadas que discurran por pistas de tierra y caminos rurales de la Isla, en la medida en que los informes técnicos y la normativa aplicable proporcionen fundamento suficiente para ello".

Planeamiento insular y municipal

Ecologistas en Acción apoya sus alegaciones en distintas disposiciones legales y antecedentes administrativos sobre la circulación de vehículos motorizados en espacios naturales.

Entre ellos cita el Plan Insular de Lanzarote, cuyo artículo 4.2.1.10 prohíbe, según recoge el escrito, la práctica de motocross, trial, excursiones tipo jeep safari y otros deportes motorizados fuera de los terrenos destinados a estas actividades.

La asociación también menciona la ordenanza reguladora del tránsito de quads del Ayuntamiento de Tías, que contempla restricciones para proteger las vías urbanas, los caminos rurales y los elementos culturales y paisajísticos.

En particular, destaca que esta normativa identifica como itinerarios autorizados las "rutas cuya superficie esté pavimentada con aglomerado asfáltico".

El escrito recoge además que la ordenanza restringe la circulación recreativa por otras vías atendiendo a sus condiciones de seguridad, interés paisajístico, ganadero o agrícola y compatibilidad con otros usuarios.

Los ecologistas consideran que estos antecedentes deben tenerse en cuenta al elaborar la regulación insular.

Las excursiones organizadas

Las alegaciones también plantean la necesidad de diferenciar entre la circulación particular de vehículos y las excursiones turísticas organizadas por empresas.

"La protección del medio natural constituye un interés público prevalente frente a la pretensión de utilizar comercialmente de manera indiscriminada los caminos y pistas rurales"

Ecologistas en Acción señala que estas últimas pueden presentar características específicas, como el tránsito frecuente por los mismos recorridos, la concentración de vehículos en grupos y la repetición de itinerarios a lo largo de una jornada o temporada.

Según el escrito, estas circunstancias pueden generar efectos acumulativos sobre el firme de los caminos, aumentar las emisiones de polvo y ocasionar molestias en zonas próximas a viviendas, explotaciones agrícolas y ganaderas o recorridos utilizados por senderistas y ciclistas.

La organización precisa que aunque "la finalidad comercial no constituye por sí sola una justificación suficiente para prohibir una actividad”, su concurrencia “con factores objetivos de intensidad y reiteración puede fundamentar un régimen específico".

Por ello, reclama que el Cabildo valore estas circunstancias para justificar las restricciones correspondientes, sin perjuicio de las limitaciones que también puedan establecerse para determinados usos particulares.

Informes ambientales y proporcionalidad

Ecologistas en Acción solicita que el expediente incorpore estudios ambientales y técnicos sobre las consecuencias de las excursiones turísticas motorizadas.

Los ecologistas citan el Plan Insular de Lanzarote y la ordenanza de Tías como antecedentes para limitar estas actividades por motivos ambientales, de seguridad y conservación

En particular, pide analizar la erosión del suelo, el deterioro de los caminos, las emisiones de polvo, el ruido, la seguridad de otros usuarios y las posibles afecciones a la biodiversidad.

La asociación reclama asimismo que se examinen los efectos acumulativos de la circulación turística organizada y su incidencia sobre espacios naturales protegidos, hábitats y especies sensibles.

En relación con la proporcionalidad de las restricciones, el escrito señala que "la prohibición de determinadas actividades turísticas motorizadas puede superar dicho juicio cuando se acredite que las alternativas menos restrictivas no ofrecen una protección equivalente".

Medidas preventivas y coordinación municipal

La organización ecologista también reclama que el Cabildo valore la adopción de medidas preventivas o provisionales antes de aprobar la regulación definitiva. En sus alegaciones, sostiene que "la protección del medio natural exige que los procedimientos administrativos se tramiten con diligencia, especialmente cuando existan riesgos ambientales debidamente documentados".

Asimismo, pide una regulación coordinada entre el Cabildo y los ayuntamientos de Lanzarote, al señalar que las rutas turísticas motorizadas pueden atravesar varios términos municipales.

La asociación considera necesario evitar que las restricciones aprobadas en un municipio se traduzcan en un desplazamiento de estas actividades hacia otros territorios.

También propone identificar las zonas especialmente sensibles, establecer mecanismos de inspección y vigilancia, investigar posibles infracciones y revisar periódicamente las restricciones aprobadas.