La actualidad siempre tiene una puerta abierta por la que se cuela el pasado, que se resiste a dejar de serlo. El 7 de febrero de 2023 se ha celebrado la vista oral de un procedimiento penal por una licencia otorgada en diciembre de 2006. Una licencia de otra época con personajes de otra época. El proyecto para mil viviendas no se construyó. La licencia se anuló y las defensas de los acusados hacen valer esta circunstancia, que no se produjo ningún daño efectivo y que el asunto ya se resolvió por la vía administrativa, así que no debe entrar ya la vía penal.

Las penas de inhabilitación, si los acusados acaban condenados, serán escasas y poco efectivas. Los tres acusados ya no ejercen ningún cargo o empleo público ni lo van a ejercer. Dos de ellos ya saben, desde dentro, lo que es la cárcel.

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Una cosa es que la licencia sea nula y otra que los acusados sean culpables de prevaricación. En el caso del exalcalde José Francisco Reyes, no hay muchas dudas. Intentó un acuerdo de conformidad descafeinado que no le salió bien. Desde hace años, solo se defiende en los juicios en que se pone en riesgo a Felipe Fernández Camero. Ya ha sido condenado en seis ocasiones, cuatro de ellas a penas de cárcel que suman más de nueve años de prisión y varias décadas de inhabilitación. 

En el caso de los empleados públicos, la vista oral giró en torno a intentar demostrar que sus informes eran desfavorables a la concesión de la licencia. Con lo fácil que hubiera sido escribirlo y no tener que explicarlo ante un tribunal. Cada caso merece su atención propia, pero el exsecretario Vicente Bartolomé Fuentes ya tiene cinco condenas, y también todas por lo mismo, y Antonio Lorenzo (exjefe de la Oficina Técnica de Yaiza) fue condenado en una ocasión por expedientes de ese tipo.

En este caso Costa Roja, como en Yate, y como en otros, en el banquillo se acabaron sentando los de siempre, una vez que dejaron sitio los que siempre obtienen permiso para levantarse

A estas alturas resultan pintorescos los argumentos de falta de medios, exceso de expedientes, falta de competencias, escasa cualificación, ambigüedades… El proyecto de Costa Roja no se construyó pero otros muchos, también anulados, sí se construyeron. La mala praxis es un hecho. El urbanismo a la carta, también. La corrupción, en mayúsculas, aún más.  

La defensa del exsecretario ha aludido en varias ocasiones (y en su propia defensa) al informe que pidió el Ayuntamiento de Yaiza al “prestigioso jurista” Rafael Entrena Cuesta, cuya conclusión, de manera muy resumida pero clara, fue esta: que, en ese suelo, la realidad física había superado a la ordenación establecida, ya que las parcelas de alrededor eran urbanas y se podía considerar que el suelo en la práctica, era urbano. Esta cualificada conclusión le costó al Ayuntamiento 27.000 euros.

Lo que no ha trascendido, con toda lógica, durante la sesión, es que el prestigioso jurista llegó a estar imputado en esta causa, junto a Fernández Camero, gracias a las pruebas obtenidas en el registro que hizo la Unidad Central Operativa (UCO) en el caso Unión en las oficinas de Lleó. La fatalidad hizo que también se encontraran pruebas de los manejos de Lleó con dos letrados del Tribunal Constitucional, Ángel Aguallo e Ignacio Sánchez Yllera, y que el auto de entrada tuviera un error formal que, en este caso, no se pudo o quiso solventar, por lo que se anuló el registro, y con él las pruebas.

Banquillo de los acusados del caso Costa Roja, con Reyes, Fuentes y Lorenzo. Foto: Adriel Perdomo.

El otro imputado en este caso que tampoco ha llegado a juicio fue precisamente el promotor, Luis Lleó, en lo que fue el principio del levantamiento del velo de la corrupción

Así que en este caso Costa Roja, como en Yate, y como en otros, en el banquillo se acabaron sentando los de siempre, una vez que dejaron sitio los que siempre obtienen permiso para levantarse. Con el añadido de que el juez instructor, durante un tiempo, fue Rafael Lis, sancionado por una falta grave por un procedimiento relacionado con los casos Unión y Stratvs. 

Pero las pruebas era jugosas. Lleó les había pagado a esos dos letrados un buen dinero por otros informes, mientras que en este caso queda claro que, aunque el informe lo pedía el Ayuntamiento, las instrucciones al prestigioso jurista se las daba Lleó. “Me piden que me la hagas llegar firmada y el Ayuntamiento nos la sella y firma el alcalde, donde ponemos objeto del dictamen, plazo y precio”, le decía en un correo. En otro decía que la finalidad del informe era la de “blindar al alcalde respecto al proceso penal, al tener un soporte jurídico sólido”.

El otro imputado en este caso que tampoco ha llegado a juicio fue precisamente el promotor, Luis Lleó. Este caso es alfa y omega. Es uno de los últimos de aquella época y fue el principio del levantamiento del velo de la corrupción. Lleó, ante los problemas urbanísticos por esta licencia, intentó sobornar a Carlos Espino para resolverlos, que denunció los hechos a la UCO. De ahí nació el caso Unión, que tanta influencia ha tenido después en el devenir de la política insular.

El “prestigioso jurista” Rafael Entrena Cuesta llegó a estar imputado, tras un registro de la UCO en las oficinas de Lleó, que fue anulado pero dejó al descubierto las conexiones del promotor

En la única pieza en que acabó imputado Lleó, acabó reconociendo los hechos y pactando una pena de un año y medio de cárcel. Pero de Costa Roja no solo se libró. Los terrenos, ahora sí, se podrán desarrollar con uso hotelero y comercial gracias a un convenio incluido en el Plan General de Yaiza. El Ayuntamiento le devolvió el dinero de la licencia, 1,6 millones de euros, pero Lleó pidió los intereses de demora. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias dijo que no, pero Lleó insistió, y el Tribunal Supremo decidió que había que pagarle otros 800.000 euros por los intereses.

El pasado siempre encuentra una puerta abierta por donde colarse. Resulta que entre los magistrados de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, a la que le tocó ese caso, se encontraba su antiguo amigo Ángel Aguallo (fallecido en 2021), otro de los grandes juristas de reconocido que poblaban y pueblan la ya no tan prestigiosa justicia española.