La última pieza que queda de Unión es la de la operación Jable, en el que están acusadas 13 personas. De ellas, cinco son directivos de Urbaser, por el presunto amaño del concurso en el Ayuntamiento de Arrecife, y dos de FCC, por la construcción del pabellón de Argana y el pago de comisiones. También están acusados los administradores de una sociedad relacionada con la obra de ese pabellón, además de la exalcaldesa Isabel Déniz, Dimas Martín, el exjefe de la Oficina Técnica, Rafael Arrocha, y el exsecretario municipal, Felipe Fernández Camero.

La Fiscalía Anticorrupción pide 13 años de cárcel para Dimas Martín e Isabel Déniz por delitos de asociación ilícita, prevaricación y cohecho de manera continuada. El caso pasó a procedimiento abreviado en marzo de 2016, la Fiscalía calificó los hechos en enero de 2017 y se abrió juicio oral en septiembre del año siguiente.

Con todo listo para ser juzgado, el caso aún no tiene ni tribunal ni fecha. En octubre de 2017 se suspendió el procedimiento hasta que se resolviera la recusación planteada por la defensa de Fernández Camero contra los tres jueces de la Sección Segunda de la Audiencia, Pilar Parejo, Nicolás Acosta y Pilar Verástegui, porque habían resuelto apelaciones en seis ocasiones en alguna de las piezas relacionadas con este caso.

Casi dos años después del parón, el fiscal Anticorrupción, Javier Ródenas, solicitó un impulso procesal. Señalaba que “no puede ni debe en esta fase intermedia producirse una indeseable demora por un inexplicable periodo de tiempo muerto procesal en un asunto en el que por la materia a enjuiciar, exige, si cabe -máxime cuando el fenómeno de la corrupción se ha convertido en la segunda preocupación de los ciudadanos- una mayor exigencia de celeridad”.

Siete meses después de ese escrito, la Sala especial creada para decidir sobre la recusación la rechazó. Cuando parecía que el camino estaba libre, esa misma Sección de la Audiencia juzgaba un caso relacionado con Jacinto Álvarez, exgerente de Urbaser acusado en Jable, y fue la propia Sección la que se apartó del procedimiento.

El juicio le tocó a otra Sección y entonces fue la Fiscalía la que presentó su recusación, a la que se sumaron el resto de acusaciones, para salvaguardar la imparcialidad de la Sala en la que están Carlos Vielba y Belén Sánchez, integrantes de la Sección Sexta que celebraron en 2019 otro de los juicios del caso Unión, relacionado con la red de cobro de comisiones en Arrecife.

De nuevo, la misma tardanza. Dos años después no se ha resuelto. Ya se ha admitido a trámite esa recusación, pero no se ha decidido sobre el fondo del asunto.