El Gobierno de Canarias expresó su confianza en que el Tribunal Constitucional (TC) “avalará la consulta ciudadana sobre las prospecciones petrolíferas al entender que la misma es absolutamente legal y no contraviene ningún precepto recogido en la Constitución española”.

El recurso anunciado este viernes por el Gobierno de España ante el TC supone la suspensión automática y cautelar del proceso, lo que no obsta para que el Alto Tribunal pueda dictar una resolución favorable a las tesis defendidas por el Gobierno de Canarias cuando dictamine sobre la continuidad o no de esta medida cautelar, para lo que dispone de un plazo de hasta cinco meses.

El Gobierno de Canarias subraya que tanto el marco normativo de la consulta como la pregunta directa que se formula a la ciudadanía “son plenamente constitucionales”. En esa dirección, entiende que se trata “de un instrumento de democracia participativa que tiene amparo en la Ley canaria de Participación Ciudadana, plenamente válida y eficaz y que no ha sido cuestionada nunca por el Gobierno de España”.

“La consulta  tampoco supone un referéndum encubierto porque no se llama al cuerpo electoral ni al censo, ni se gestiona por la Administración electoral ni está asegurado con garantías jurisdiccionales específicas”, indicó el Gobierno. Además, los ciudadanos pueden expresar su opinión por medios telemáticos y no solo de forma presencial, pudiéndolo hacer de forma prolongada en el tiempo.

En relación a la pregunta que se pretende formular, “ésta tampoco acusa visos de inconstitucionalidad porque no recaba la opinión de la ciudadanía en relación con las prospecciones autorizadas por el Estado, sino por el modelo medioambiental y turístico del Archipiélago, competencias propias exclusivas de la comunidad autónoma de Canarias”.

En esa dirección, el Gobierno de Canarias considera que “Madrid ha tomado la decisión de que los canarios no puedan pronunciarse sobre este tema y ha buscado excusas que le den apariencia de legalidad, cuando la realidad es que es una decisión política de tintes autoritarios porque impide la participación democrática de los canarios”.

“Acallar la voz de los canarios”

El Gobierno de Canarias “seguirá defendiendo, en cualquier caso, el derecho de los canarios a expresarse sobre un asunto de especial trascendencia para su futuro, que puede comprometer su actual modelo medioambiental y turístico”.

Entiende, desde esa óptica, que la decisión del Gobierno de España “solo pretende acallar la voz de los canarios, demuestra un talante antidemocrático y no responde al interés general, sino al interés de una empresa privada”.