El abogado Ignacio Calatayud, designado por el anterior presidente del Cabildo, Pedro San Ginés, para representar a la empresa pública Inalsa en el concurso de acreedores abierto en 2009, presentó el pasado mes de enero una factura por un importe de 82.606,9 euros por un incidente concursal del año 2012 relacionado con la UTE Edam Janubio, controlada por la empresa Fomento de Construcciones y Contratas (FCC).

Calatayud ha presentado una jura de cuentas ante el Juzgado de lo Mercantil número uno de Las Palmas de Gran Canaria alegando que no se le han satisfecho esos honorarios y el Juzgado acaba de requerir a Inalsa que pague al abogado esa cantidad o que la impugne.

En la minuta, el abogado pide este pago por una sentencia de junio de 2019 que le da la razón a la empresa pública de aguas. Según esa sentencia, Edam Janubio debe abonar a Inalsa 1,6 millones de euros, más el pago de las costas. En la minuta se especifica que el abogado llevó a cabo la contestación a la demanda, la contestación a una declaratoria jurisdiccional, el recurso de apelación, el recurso al rechazo de la vista y la prueba.

La jura de cuentas es un procedimiento por el que el abogado reclama sus honorarios a través del Juzgado en caso de que no haya acuerdo sobre la cantidad. Calatayud sustituyó en 2010 al abogado Cobo Plana, experto en procesos concursales y actual magistrado de la Audiencia Provincial, como el representante de Inalsa en el concurso de acreedores.

Polémica

Los pagos a Calatayud por parte del Cabildo e Inalsa ya dieron lugar a una polémica por su relación de amistad con Pedro San Ginés. Hace once años, San Ginés admitió que Calatayud había cobrado ese año unos 90.000 euros en virtud del contrato que le nombró como abogado para ese proceso concursal.

El expresidente del Cabildo llegó a asegurar que la propuesta definitiva del contrato a Calatayud, aceptada por los administradores concursales, fue de 86.000 euros, aunque los propios administradores aseguraron después que se trataba de un borrador.

El presupuesto total final fue de 186.000 euros e incluía la representación en todos los procedimientos, tanto de la fase común del concurso como la fase de convenio, de liquidación y de calificación.

En febrero del año pasado, la presidenta del Cabildo, Dolores Corujo, anunció que el Consorcio del Agua iba a emprender acciones contra Ignacio Calatayud y los procuradores que intervinieron en diversos procedimientos, tras celebrar una asamblea en la que se aprobó retirar de los pleitos a este abogado “ante su reiterada negativa a entregar al Consorcio diversa documentación que le ha sido exigida por el gerente”.

“Estrategia de ocultación”

La presidenta reveló que al poco tiempo de su toma de posesión recibió una visita de Calatayud en la que le proponía la firma de un acuerdo con la UTE Edam Janubio. El acuerdo suponía poner fin al procedimiento concursal y reintegrar a Inalsa el importe de la sentencia.

La presidenta del Cabildo llegó a denunciar que Calatayud ocultaba "información de vital importancia para la empresa pública"

“Ante esta propuesta, y desconociendo los antecedentes del procedimiento, solicité que se me hiciera llegar la documentación necesaria para valorarla. Sorprendentemente, la documentación existente en el Consorcio era incompleta y nuestros sucesivos requerimientos a Calatayud y a los procuradores para que la complementen han resultado infructuosos", señaló Corujo.

En aquel momento, la presidenta del Cabildo añadió que “esta sorprendente negativa, más allá de la irregularidad que representa y de la quiebra que ocasiona en la confianza que debe presidir las relaciones entre letrados y clientes, obliga a suponer la existencia de una deliberada estrategia de ocultación de información de vital importancia para la empresa pública”.

La jura de cuentas

El procedimiento de la jura de cuentas que ha usado Calatayud para intentar cobrar otros 82.000 euros de Inalsa lo ha utilizado en varias ocasiones ante la Administración quien ha sido suegro de Calatayud y exsecretario del Ayuntamiento de Arrecife, Felipe Fernández Camero, que ha presentado facturas por una gran cantidad de dinero a los ayuntamientos de Arrecife y de Teguise por pleitos que había perdido y por los que, en principio, se le había designado como abogado por una cantidad fija preasignada.

En el caso del pleito del solar de Ginory, por el que el Ayuntamiento tendría que pagar 23 millones de euros: Camero acabó cobrando de Arrecife más de 277.000 euros cuando había sido contratado por 18.000. En el pleito por los solares de Caleta Caballo, por los que el Ayuntamiento de Teguise tendrá que pagar seis millones, Camero presentó una factura ante el Juzgado por 140.000 euros.