El Ayuntamiento de Arrecife está tramitando actualmente, hasta estas fechas del mes de diciembre, un total de 59 denuncias por el incumplimiento de las normativas que regulan el sector de bares y locales de ocio, por no respetar sus horarios de apertura y cierre, carecer de la insonorización estipulada para esos negocios, o que no tienen los títulos habilitantes (licencias de aperturas) para el ejercicio de la actividad.

Este volumen de denuncias ha sido dado a conocer por el alcalde de Arrecife, Yonathan de León, que es además responsable directo de la Policía Local. Estas infracciones se han incoado a lo largo de este año 2023, con actuaciones iniciales de la Policía Local que se han personado en estos establecimientos en la capital de Lanzarote y levantan las correspondientes actas. Entre estos 59 expedientes, figuran establecimientos destinados al ocio nocturno, bares o locales que están abiertos sin disponer de los correspondientes títulos habilitantes (licencias de aperturas).

El Áreas de Actividades Clasificadas, bajo la dirección del concejal Óscar López, es la responsable de la tramitación de estos expedientes sancionadores a los titulares de estos establecimientos. El Ayuntamiento de Arrecife lleva publicadas en estas últimas semanas en el BOE múltiples notificaciones de las sanciones propuestas ante la imposibilidad de que reciban las notificaciones directas en los domicilios asignados en la documentación.

El alcalde ha dado a conocer que la Policía Local está interviniendo en el cumplimiento de las normas que regulan los horarios permitidos, un seguimiento de los límites a los ruidos que se generan en estos locales, y la existencia de las preceptivas licencias para desarrollar la actividad.

El concejal del Área de Actividades Clasificadas, Óscar López, detalla que estos incumplimientos pueden ser sancionados, para los establecimientos que incumplan los horarios y los ruidos, con cuantías entre 3.000 1 y 15.000 euros. Mientras, que por carecer de título habilitante (licencia de apertura) la sanción se sitúa en hasta 30.000 euros, o la clausura de la actividad, según los casos.

Óscar López ha detallado que existen algunos establecimientos donde se les ha precintado los equipos musicales por los elevados ruidos acreditados.