El Ayuntamiento de Arrecife, que preside Astrid Pérez, “será la primera Corporación de la Isla en aplicar la revisión de precios en los contratos de obras del sector público, con la finalidad de atenuar el incremento de la factura de los combustibles en el transporte de materiales”.

La propuesta de acuerdo, que se lleva al pleno ordinario de este viernes, propone aplicar, en los contratos suscritos del Ayuntamiento de Arrecife, las medidas en materia de revisión excepcional de precios para los contratos de obras del sector público contenidas en el real decreto de marzo de medidas para la mejora de la sostenibilidad del transporte de mercancías por carretera y del funcionamiento de la cadena logística.

La alcaldesa, entiende que “cuanto antes comencemos a aplicar la normativa estatal mayor seguridad jurídica tendrán las empresas licitantes a la hora de presentar propuestas de adjudicación en base a esta nueva revisión de precios, una subida que afecta a todas las empresas y que, consecuentemente, tiene una traslación en el empleo y en las economías domésticas”.

El valor de la revisión no podrá ser superior al 20 por ciento del precio de adjudicación del contrato y, según establece la norma estatal, aprobada también por el Consejo de Gobierno de Canarias, exigirá la solicitud previa del contratista, tras la cual el órgano de contratación emitirá una propuesta de revisión con audiencia a licitante y, transcurrido el plazo de alegaciones, se resolverá de forma motivada.

La cuantía de la revisión se aplicará en la certificación final de obra, aunque se faculta al órgano de contratación a realizar pagos a cuenta en las certificaciones ordinarias de obra. El contratista deberá repercutir en los subcontratistas la parte proporcional.

La revisión de precios se aplicará a los contratos públicos de obras, administrativos o privados, que estén en fase de ejecución, licitación, adjudicación o se estuviesen formalizando a la entrada en vigor del citado real decreto ley.

Se incluyen aquellos cuyo anuncio de adjudicación o formalización se publique en la plataforma de contratación del sector público en el periodo de un año desde la entrada en vigor de la normativa, así como a los contratos adjudicados cuyo anuncio de licitación se publique en la plataforma en el mismo periodo y cuyo pliego de cláusulas administrativas establezca la revisión de precios.