La alcaldesa de Arrecife, Astrid Pérez, ha seguido contratando durante 2021 y este mismo año el despacho jurídico del exsecretario de Arrecife, Felipe Fernández Camero, después de que este cobrara 277.000 euros por uno de los pleitos relacionados con el caso Ginory, gracias a un procedimiento plegado de irregularidades, y a pesar de que, bajo la defensa de este abogado, Arrecife tendrá que pagar 23 millones de euros por ese suelo.

Además, el propio Ayuntamiento, como acusación particular, pide para el exsecretario 16 años de prisión en el caso Jable, 20 años de inhabilitación y que haga frente junto al resto de acusados a una indemnización de casi 10 millones de euros por malversación de fondos.

Arrecife ha contratado al menos en tres ocasiones a Juana Fernández de las Heras, hija de Fernández Camero y apoderada de Adelfas 24, la sociedad del exsecretario con la que cobró la citada cantidad por el pleito de Ginory. Hay un expediente municipal de enero de 2021, otro de junio de ese año y uno más de febrero de este año 2022.

El primer expediente está relacionado con una acción de deslinde y reivindicatoria, según señala el decreto, que justifica así la contratación: “Visto que por la señora alcaldesa se cursaron indicaciones en fecha 26 de enero de 2021 para la contratación de abogado y con informe de necesidad de 27 de enero (…)”. El precio ofertado es de 10.700 euros.

El segundo está relacionado con la Inmobiliaria Chimida, la propietaria del antiguo Hotel Oriental. En este caso, el informe de necesidad dice algo similar: “Atendiendo a las instrucciones de esta alcaldía sobre elección y designación de abogado, se propone como abogada a Juana Fernández de las Heras”. El decreto es de junio de 2021 y también se trata de una reclamación patrimonial de esa sociedad. El presupuesto es de 9.095 euros.

Los dos decretos están firmados por la entonces concejal delegada, Cristina Duque (PSOE), cuando los socialistas gobernaban con el Partido Popular. La elección del abogado o abogada, sin embargo, era de la alcaldesa.

El último expediente está relacionado con un pleito con un agente de la Polícia Local. Es de febrero de este mismo año. Se sigue la misma fórmula y también la propuesta es de la alcaldesa, que además firma el decreto. El precio es de 1.872 euros para llevar una apelación ante una sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo 2 de Las Palmas de Gran Canaria. Los tres expedientes suman 21.667 euros.

La Junta de Gobierno municipal a la que se llevó la petición de Camero, cuando era alcaldesa Eva de Anta, reflejó que el pleito que perdió Fernández Camero por el solar de Ginory estaba rodeado de circunstancias irregulares que podrían causar un grave perjuicio a la administración.

La entonces alcaldesa se quejaba de que no se le había dado traslado de la reclamación de esa cantidad hasta que ya fue firme. El abogado había sido contratado por un contrato menor (inferior a 18.000 euros) como persona física, pero presentó la factura a nombre de Adelfas 24 y lo hizo directamente ante el Juzgado y no en el Ayuntamiento en un procedimiento reservado a las ocasiones en que no hay acuerdo en los honorarios, reclamando más de 277.000 euros.

Astrid Pérez aprobó el pago de esta cantidad al exsecretario municipal alegando que el derecho a reclamar esa factura ya había expirado. En enero de 2020, la asesoría jurídica municipal había ordenado el pago. No ha habido una investigación interna para desvelar de quién fue la responsabilidad de no advertir a la alcaldía sobre esa factura.

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Según fuentes municipales, la alcaldesa, Astrid Pérez, no elige a qué abogado se contrata y afirma que sigue el mismo procedimiento que los anteriores alcaldes o alcaldesas. Sin embargo, tampoco aclara de quién es la decisión.

La portavoz del PSOE y exconcejal delegada de Hacienda, Cristina Duque, cuya firma aparece en dos de los tres decretos, señala que quien elige el abogado o abogada es la alcaldesa, que primero pide a la asesoría jurídica que solicite tres presupuestos y, después, decide a quién se contrata. “La secretaría y la asesoría jurídica están conectadas a la alcaldía y, de hecho, la alcaldesa es quien firma la factura en estos casos”, asegura Duque.

El Ayuntamiento contrató a Camero en 2011, cuando ya había sido destituido como secretario y también había sido detenido en el marco de la operación Unión, en 2010, por la que aún se encuentra en situación de libertad condicional.

En 2016, a pesar de todo esto, el Ayuntamiento capitalino lo volvió a contratar para presentar un incidente de nulidad por este mismo pleito del solar frente a Ginory. Somos Lanzarote pidió ese año que se apartara a Fernández Camero de la defensa de los intereses municipales.

Ignacio Calatayud. Foto: DIARIO DE LANZAROTE.

También Calatayud

Además de la contratación de Juana Fernández, hay otro expediente relacionado con Fernández Camero. En julio de 2020, la alcaldesa contrató al abogado Ignacio Calatayud, yerno del exsecretario. Se trata de un contencioso administrativo contra la empresa Urbaser, concesionaria de la recogida de basura y la limpieza, que reclamó en julio de 2020 el pago por parte del Ayuntamiento de 3,7 millones de euros.

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Según señala el decreto, de diciembre de 2020, firmado por la responsable del contrato, Elena Martín, “por la señora alcaldesa se cursaron indicaciones en fecha 24 de noviembre de 2020 para la contratación de abogado y considerándose el informe de necesidad de 14 de diciembre de 2020 de la señora concejala de Hacienda calificando dicha prestación como contrato menor de servicio...”. Se resuelve así su contratación y la personación del Ayuntamiento. Calatayud había ofertado un precio de 15.836 euros para abogado y procurador.

El informe de necesidad justifica la contratación por el hecho de que el Ayuntamiento no cuenta con personal suficiente y, por tanto, “se hace necesario” un contrato de servicios de estas características. En el punto cuarto de ese informe de necesidad se señala: “Atendiendo a las instrucciones de esta alcaldía sobre elección y designación de abogado, se propone como abogado a Ignacio Calatayud”.

La alcaldesa señala que lo que se hizo en este caso fue mantenerlo como abogado porque ya estaba llevando antes el procedimiento. Se da la circunstancia de que Camero está pendiente de juicio acusado precisamente de, entre otros hechos, alterar el concurso público para favorecer a esta misma empresa de servicios.