Anticorrupción pide 8 años de prisión para Miguel Zerolo por el caso Las Teresitas
La Fiscalía Anticorrupción de Santa Cruz de Tenerife ha solicitado formalmente 8 años de prisión y 30 de inhabilitación para el exalcalde de Santa Cruz de Tenerife, Miguel Zerolo. En concreto, el Ministerio Público considera que presuntamente es autor de un delito de prevaricación y otro de malversación de fondos, dentro del caso de Las Teresitas. En cuanto al primero solicita inhabilitación para cargo o empleo público por diez años, y por el segundo 8 años de cárcel e inhabilitación durante 20 años.
Esta es una de las principales novedades del auto hecho público este lunes en el que se incluyen también las peticiones de penas de cárcel para el resto de los 12 acusados, que junto con las del exalcalde suman 60 años en total.
Llamativo resulta que la magistrada del Juzgado de Instrucción número 1, María de Los Ángeles Zabala, solicite una fianza solidaria para los trece acusados, más las empresas Inversiones Las Teresitas (ILT), Promotora Punta Larga y Promotora Victoria, de 109,4 millones y que deberán avalar en el plazo de 24 horas. De lo contrario, se procederá al embargo de los bienes o se comprobará su posible insolvencia. Las fuentes consultadas indican que, en Canarias, existen pocos precedentes en cuanto a la petición de penas de cárcel y de dinero.
A partir de ahora el abultado sumario que suma miles de folios será remitido a la Audiencia Provincial, donde se celebrará juicio oral. Igualmente, se certifica que los ya acusados se encuentran en situación de libertad provisional.
En el auto se recoge también las penas que plantea la acusación popular representada por el colectivo Justicia y Sociedad, que solicita ocho años de prisión para el exalcalde. Las peticiones de penas se distribuyen por niveles. En el primero estaría Zerolo junto con los demás ex cargos públicos, como son el entonces concejal de Urbanismo Manuel Parejo y los ediles del PSOE Emilio Fresco y del PP José Emilio García Gómez. Para cada uno de ellos se solicitan 8 años de cárcel y 20 de inhabilitación por los presuntos delitos de malversación y prevaricación.
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