La alcaldesa de Yaiza y diputada regional, Gladys Acuña, ha presentado a la Mesa de la Cámara una pregunta dirigida al consejero de Pesca del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, para su respuesta oral en la comisión correspondiente, sobre las medidas adoptadas o que prevé adoptar el Ejecutivo “ante la creciente implantación de nuevas jaulas marinas en Playa Quemada con los correspondientes problemas ambientales que se han generado”.

Gladys Acuña de esta forma traslada al Parlamento canario la “preocupación manifiesta de los vecinos de Playa Quemada y del Ayuntamiento de Yaiza por la actividad acuícola frente al núcleo costero de medio centenar de jaulas donde la concesionaria cría las especies dorada y lubina”.

El concejal de Medio Ambiente de Yaiza, Óscar Noda, mantuvo un encuentro con vecinos de Playa Quemada el pasado mes de agosto para informarles de todas las gestiones hechas por el Ayuntamiento ante la Consejería competente.

Entre ellas, Noda dio cuenta del último escrito remitido por Yaiza y de la respuesta del Gobierno que advertía de sanciones a la empresa por el número de jaulas en explotación. Sin embargo, “el Ayuntamiento entiende que la acción es claramente insuficiente porque el problema no solo es cuantitativo”.

La Administración presidida por Gladys Acuña de hecho pidió al Gobierno de Canarias, el primer semestre de este año, no solo una visita técnica a las granjas marinas existentes para comprobar que las instalaciones se corresponden con las autorizadas por el propio Gobierno, sino que también solicitó el cumplimiento de las medidas correctoras “dirigidas a minimizar los impactos ambientales que la actividad genera sobre el ecosistema”.

“El sentir de  los vecinos y el Ayuntamiento de Yaiza es la eliminación de jaulas cerca a la costa”, afirma Acuña

El Ayuntamiento citaba entonces “las concentraciones de restos de alimento, deposiciones de los peces y alteraciones en la conducta de especies depredadores, así como los efectos sobre el entorno, por ejemplo, el mal olor que perciben vecinos de Playa Quemada”.

Yaiza sostiene que la actividad debe contar con un Plan de Vigilancia Ambiental que determine su correcto funcionamiento y las medidas de obligado cumplimiento para minimizar los efectos negativos que se generan sobre el medio marino y sobre los vecinos del núcleo costero.

“En definitiva”, señala Acuña, “el sentir de  los vecinos y el Ayuntamiento de Yaiza es la eliminación de jaulas cerca a la costa, máxime cuando la explotación no garantiza las medidas preceptivas para salvaguardar el medio natural y produce un impacto significativo sobre el paisaje”.