“Una Gerencia de Urbanismo insular agilizaría la obtención de licencias”
Alberto Lasso, decano del Colegio de Arquitectos de Lanzarote
-¿Están encontrando dificultades en los diferentes ayuntamientos de Lanzarote por falta de planeamiento actualizado para sacar adelante los proyectos? ¿Cuáles son los principales problemas a los que se enfrentan los promotores y particulares para obtener una licencia de obra?
-Hay varios problemas que inciden a la hora de lograr una licencia de obra. En primer lugar, el planeamiento vigente, si está actualizado o adaptado a la Ley del Suelo. Es el primer déficit que tenemos en la Isla. Hay planeamiento histórico, como el Plan Insular de 1991, que no está adaptado a ninguna legislación vigente, prueba de ello es una sentencia reciente que ha declarado que su Catálogo de Patrimonio, aunque se aprobó en su momento de forma válida, no tiene eficacia porque no se publicó nunca en el boletín oficial. Por otro lado, existe una carencia importante de personal técnico en las administraciones públicas. Se están jubilando las personas que históricamente trabajaban allí. Es el caso de Tías, que conozco de primera mano por ser el arquitecto municipal: en la Oficina Técnica hemos tenido tres técnicos menos, un arquitecto y dos aparejadores, dos se han retirado y otro se marchó, así como escasez de personal administrativo que no se ha sustituido. Tenemos un grave problema con el personal que tiene que informar sobre los expedientes. Hay administraciones que están tardando más de dos años en otorgar una licencia de obras o una parcelación. Y eso es inadmisible. En mis encuentros con los representantes municipales he trasladado la necesidad de actualizar el planeamiento y de dotar de personal técnico a todas las administraciones, simplificar las sedes electrónicas de manera que faciliten al ciudadano y al inversor una seguridad jurídica y que los tiempos sean adecuados. La ley establece que tú deberías tener una licencia en un plazo de tres meses y en la mayoría de los casos se están superando.
-¿Qué medidas podrían establecerse para que la obtención de licencias no se demore más de dos años?
-Existen otros mecanismos a través de convenios según los cuales el Colegio de Arquitectos, aparte del visado correspondiente del que ya se encarga, revisa los proyectos que el Ayuntamiento tendría que mirar, pero siempre tiene que haber un visto bueno de la Oficina Técnica Municipal porque es de su competencia. Hay que conveniarlo de alguna manera. Por ejemplo, en La Laguna cuentan con la Gerencia de Urbanismo, un ente paralelo al Consistorio, donde disponen de un equipo jurídico y técnico con arquitectos e ingenieros que se encargan de los informes y gestionan la parte urbanística del municipio. En Lanzarote podría existir un acuerdo entre Cabildo y ayuntamientos para la creación de una Gerencia de Urbanismo a nivel insular, como ya crearon la Red Tributaria. Nosotros podemos ayudar. Es más, ya nos hemos ofrecido para licitaciones y redacciones de bases de concursos. También hay posibilidad de contar con una entrevista previa a la resolución del informe. A través de esta medida, se solicita un borrador del proyecto y si vemos que hay un error que podría subsanarse se lo comunicamos a los promotores. Esta fórmula sería interesante aplicarla, pero hay que tener en cuenta que la administración tan solo cuenta con dos días de atención al ciudadano, incluso hay épocas con cinco días de atención, pero también necesita tiempo para sacar adelante los expedientes. Hay que buscar un equilibrio entre ambas cosas. Y entre las prioridades que tenemos en la Isla están, en primer lugar, actualizar el planeamiento, y en segundo, dotar a las administraciones de personal cualificado y actualizar los catálogos de patrimonio insular y municipales.
“Hay administraciones que tardan dos años en otorgar una licencia”
-¿Cómo ven desde el Colegio el fenómeno del uso vacacional y turístico de viviendas en Lanzarote? ¿Cómo se debe, en su caso, regular?
-Es una pregunta complicada porque debemos tener en cuenta nuestra capacidad de carga y que va en función de los recursos: del agua, de la energía... y en consonancia con las políticas europeas de kilómetro cero en las que se requiere que residas a diez minutos de tu lugar de trabajo. A nadie se le escapa que tenemos un cierto grado de saturación turística. ¿Que podemos morir de éxito? Posiblemente sí, pero para poder solucionar ese problema tenemos que hacer un análisis de las cosas que hemos estado haciendo mal. La Administración tiene que ponerse de espejo: contamos con la turistificación de los suelos residenciales, la residencialización de los suelos turísticos, la vivienda vacacional... Ahora el Gobierno autónomo ha aprobado el decreto de vivienda que rompe con el sistema de planeamiento que tenemos. Es como decir: “Como no hemos hecho bien los deberes buscamos sistemas para ir saltando nuestro marco jurídico”, y esto, si queremos tener una seguridad jurídica, no debería producirse.
-Se refiere al decreto ley de medidas urgentes en materia de vivienda aprobado en febrero de este año para hacer frente a la emergencia habitacional que atraviesa actualmente el Archipiélago, aprobado por el Gobierno de Canarias. Entonces, ¿no cree que ayude realmente a solucionar la emergencia habitacional?
-Con este decreto le ponen medidas de aplicación directas a los municipios que van a tener que decidir si son de aplicación o no y eso lo tienen que acordar en pleno municipal. Se van a coger suelos destinados a dotaciones y equipamiento, se rescatan suelos urbanizables porque se habían desclasificado y habían pasado a suelo rústico común... Antes de haber dado esa solución creo que había otras medidas que podían haber resuelto la problemática, como el hecho de que hemos dejado de hacer viviendas de protección durante muchos años y que hay otras soluciones. En Lanzarote, según las últimas estadísticas, había 20.000 viviendas vacías. Habría que ver los motivos de por qué están vacías. Por otro lado, las viviendas vacacionales se están ubicando en sitios que no son idóneos para ello y que acaban ofreciendo la visión de un turista subiendo por la LZ-3 [la Circunvalación de Arrecife] para llegar a su alojamiento. No creo que sea la experiencia que deberíamos darle al visitante.
“La ley establece que el plazo para obtener una licencia de obra es de tres meses”
-Entre esas medidas se ha propuesto el aprovechamiento de edificaciones ya iniciadas y paralizadas en su momento para conferirles un uso residencial y social… ¿Qué proponen desde el Colegio de Arquitectos para resolver esta emergencia habitacional?
-Habría que ver los usos que esas edificaciones tenían en su momento, como podría ser el caso de los esqueletos, porque el decreto habla de usos residenciales o turísticos. Es positivo recuperar edificaciones paralizadas, pero si ya existe un plan de vivienda, yo insistiría en que se ejecutase lo antes posible. Si tenemos datos de la necesidad de vivienda social pues cúbrase en el menor tiempo posible. Dudo que el decreto sea la herramienta adecuada, es una huida hacia delante, no es una solución global del problema. Son medidas de aplicación directa que dependerán finalmente del municipio si las estima convenientes o no. Sería bueno que, en este caso, el Cabildo tomase la iniciativa y viese con los ayuntamientos cuáles son los suelos adecuados para posibilitar la ejecución de vivienda, ya sea de promoción pública o privada. ¿Por qué? Pues porque en los planes generales o normas subsidiarias están definidos los equipamientos y dotaciones y si restas suelo de estos equipamientos para destinarlos a vivienda acabas con un problema de déficit porque a lo mejor esa zona necesitaba tener un centro escolar o un equipamiento cultural. Sería bueno analizar, junto al flujo de desplazamientos, la necesidad de vivienda y donde situarla. Lo ideal es que sea en suelo de los entornos urbanos porque ya hay dotaciones o las posibilidades de crearlas, de lo contrario acabaríamos construyendo los equipamientos fuera los núcleos urbanos y eso aumenta los desplazamientos y se ocupa más territorio. Debe haber un análisis de las necesidades primero antes de la toma de decisiones, si son técnicas siempre serán más adecuadas que las políticas.
-¿Qué visión tiene el Colegio de Arquitectos para el Lanzarote actual desde el punto de vista urbanístico? ¿Cómo podría mejorar su imagen? ¿Qué propuestas realizan para una Isla más amable y accesible?
-¿Cómo mejoras una ciudad? Pues, por un lado, está la parte educacional, de poner en valor los elementos que son importantes y eso significa que ayudes a los propietarios, si son bienes patrimoniales, a que se mantengan. Como sociedad sería bueno que hubiera subvenciones en este sentido. De otra parte, hay que ofrecer seguridad jurídica. Si tengo textos adaptados a la normativa, ya sea el Plan General o catálogos, va a ayudar a que tanto el ciudadano como el arquitecto se sientan seguros a la hora de intervenir. Hace falta también pensar de manera global, más como Isla. Somos 150.000 habitantes, es como si fuéramos un municipio en cualquier sitio de la Península. Y nosotros estamos gobernando con un Cabildo y siete ayuntamientos. Hace falta coordinación y planificación para intentar que los espacios públicos sean acordes con los nuevos tiempos. También entendiendo donde nos encontramos. No se puede pretender tener vegetación en toda Lanzarote cuando tenemos un problema de agua. No podemos tener una producción agrícola kilómetro cero si no somos capaces de contar con agua agrícola con calidad suficiente. Igual pasa con la energía, los residuos y con el transporte público. Tenemos que empezar a pensar que las licitaciones de proyectos de obra pública se puedan llevar a cabo mediante concurso y mejorar las licitaciones para evitar que pasen cuatro años hasta que estén redactados los proyectos, con el coste económico que representa. Necesitamos que se encargue a profesionales competentes en la materia la obra pública y que haya una visión global de la ciudad y de la Isla. La realidad te dice que si analizamos las farolas, hay a lo mejor veinte o treinta modelos. En Arrecife, por ejemplo, se están viendo ciertas mejoras que son como islas dentro de la ciudad.
-¿Qué impacto cree que puede tener a corto plazo el hecho de que haya decaído el catálogo insular de Patrimonio? ¿Qué considera el Colegio que se debería hacer desde el Cabildo?
-A la población le tenemos que dar seguridad jurídica y la seguridad jurídica llega cuando tienes un mapa actualizado adaptado a estos días. No podemos tener seguridad jurídica con un catálogo del año 1991. En esa época era otra técnica de trabajo. Hoy día necesitamos mayor información y definición de las cosas. El catálogo insular es algo que prevé la Ley de Patrimonio y el Colegio les puede ayudar en la medida de lo posible en cómo enfrentar los problemas que puedan surgir a nivel municipal e insular. Pero lo primero es que cada administración adapte su documento.
“No todos los bienes patrimoniales se pueden proteger como BIC”
-¿Cree que se debe contar con el Colegio de Arquitectos para decidir qué inmuebles sí deben estar protegidos y el grado de conservación que se establezca?
-Se debe tener un equipo multidisciplinar que no solo ofrezca una visión histórica y arqueológica. El profesional de la arquitectura tiene competencias tanto en urbanismo como en patrimonio, y debería formar parte del Servicio de Patrimonio del Cabildo. Estamos acostumbrados a tener una sola visión de lo que es patrimonio y hay muchos casos en el mundo, incluso en España, que ofrecen esa visión arquitectónica. El patrimonio no es una obra de arte, un Picasso, que tiene valor por sí mismo, es fruto de la evolución de ese bien histórico, a lo mejor es fruto de tres generaciones que fueron modificando esos volúmenes o esos valores. No podemos entender el patrimonio y la ciudad como algo inmóvil. Sería positivo que en las fichas de los catálogos se defina bien cómo se puede intervenir en los bienes patrimoniales, qué elementos se pueden modificar y cuales son inamovibles porque tienen un valor per se.
-La tramitación como Bien de Interés Cultural (BIC) de dos edificaciones en la calle León y Castillo de Arrecife, el conocido como Hotel Oriental y el que albergó el antiguo comercio Tamaragua, generaron cierta polémica porque los arquitectos representantes en el Consejo de Patrimonio Cultural de Canarias votaron en contra. ¿Cómo justifica esta decisión?
-Los arquitectos entendíamos que esos dos bienes tienen valores suficientes, pero no se trata de valores sobresalientes, es decir, no tienen los valores suficientes para estar dentro de la categoría de Bien de Interés Cultural. Se tendría que haber buscado otra manera de proteger esos dos edificios, por eso es importante que las administraciones, insular y municipal, redacten su correspondiente catálogo. De haber estado redactado el municipal no hubiese sido necesario la incoación y declaración de esos dos bienes. No todos los bienes patrimoniales se pueden proteger como BIC, pueden estar en un catálogo municipal o insular. Si el nivel exigido para declarar BIC un edificio son estos dos bienes nos tendríamos que preguntar cuántas de las edificaciones de Arrecife tienen esos mismos valores.
Comentarios
1 No de momento Sáb, 23/03/2024 - 09:39
2 Yo mismo Dom, 24/03/2024 - 18:54
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