“Hice la tesis sobre contratación pública y la he abandonado, es el ámbito más disparatado del ordenamiento jurídico, parece que se ha hecho la legislación incomprensible de forma deliberada”. Pilar Cuesta de Loño es letrada en el Consejo de Estado y fue una de las ponentes de la Jornada sobre la problemática actual en las Administraciones Públicas y su modernización administrativa, que se celebró a mediados de noviembre en el salón de actos del Cabildo, con la organización de la UNED Lanzarote. Cuesta considera que “hace falta una reflexión global seria sobre la contratación en España”.

Durante la jornada, dirigida principalmente a trabajadores de la Administración, se abordaron cuestiones como la burocracia, la lentitud administrativa, falta de transparencia, acceso a la información, la corrupción o el retraso en la introducción y formación en las nuevas tecnologías. Además de Cuesta, participaron ponentes como José Suay, exmagistrado del Tribunal Supremo y miembro del Consejo Consultivo de Canarias, Andrés Martín Duque, director de la  UNED Lanzarote y funcionario del Cabildo, Salvador Martínez Rompeltien, exdirector insular del Cabildo o Eugenia Torres Suárez, coordinadora de contratación del Cabildo de Lanzarote, entre otros.

La letrada del Consejo de Estado habló sobre la prestación de obras y servicios sin cobertura contractual. Dijo que es un hecho que se produce “a todos los niveles territoriales”, que no solo es una “patología de la contratación local”, sino también de la Administración general del Estado, de la cantidad de dinero que hay que abonar después con la convalidación de gastos”. “La contratación irregular es una patología de la contratación administrativa. Llega un momento en el que las exigencias son muy grandes y a veces las necesidades que hay que satisfacer tienen un poco de premura”.

Para solventar este problema, en la actualidad, las administraciones recurren a la revisión de oficio y en el transcurso de la mesa redonda se puso de manifiesto que, en gran medida, se produce por una escasez de medios en la Administración, pero también por un exceso de requisitos y de normas y una gran cantidad de tipos de contratos.

Cuesta señaló que esto coloca en una situación problemática a los funcionarios públicos. “Es un tipo de legislación de las más densas”, afirmó, y a ello se suma en el procedimiento la posibilidad que tienen las empresas de impugnar cualquiera de los pasos de ese procedimiento, desde los pliegos hasta la adjudicación, lo que obliga a la Administración a que la resolución se alargue en el tiempo. “Y muchas veces, cuando se trata de servicios, estamos hablando de servicios que son esenciales, como residencias de ancianos o menores, y no se pueden dejar de prestar”, señaló Cuesta.

Frente a la Administración, en estos casos, se sitúan grandes empresas con recursos suficientes para “impugnar eternamente” y esa impugnación ya frena el proceso. “La verdad es que estamos metidos en un bucle”.

Desolador

José Suay habló de un “panorama desolador” por “una degradación en las administraciones públicas” y la “proliferación de formas privadas de personificación pública, que es la solución que menos le gusta a un administrativista”. Se refería a la demora de la Administración, que en ocasiones tarda dos años en sacar una oferta de empleo pública o diez años para elaborar un plan territorial. También habló de la contratación verbal, que siempre sería nula, de la ausencia de trámites en algunos contratos y de otros problemas como prórrogas o modificaciones de contratos.

“La contratación irregular es una patología de la contratación administrativa”

En los últimos años, en el Cabildo de Lanzarote han tenido que revisar cuatro grandes contratos, como el de transporte o el de algunas de las residencias que gestiona. Los contratos se vencen y no salen a licitación o bien se impugna esa licitación y entonces se retrasa la resolución, y mientras tanto el servicio se sigue prestando prorrogado. Andrés Martín señaló que cada semana aparecen facturas de gran importe que pertenecen a contratos bloqueados y que esa una situación que va in crescendo. “La Ley de contratos dice una cosa pero la realidad es distinta, el Derecho va por detrás de la realidad social”, aseguró.

Salvador Martínez, exdirector insular en el Cabildo, aseguró que “hay que pensar en la génesis”, si se trata de un problema del funcionariado o de falta de planificación política. Habló de la necesidad de exigir a la política “una hoja de ruta clara” en la contratación porque los cambios en esa hoja de ruta pueden hacer que se caiga la contratación, pero por un vicio de la planificación y no por una responsabilidad del funcionario.

Por su parte, Eugenia Torres pidió que si se acude a los contratos de emergencia, “que sean de verdad de emergencia”, cuyos requisitos están perfectamente tasados, y que no sea por una prisa por parte del sector privado o por otros intereses. “La emergencia debe ser una necesidad imperiosa, por riesgo o algo similar y se ha confundido lo que es una emergencia”.

Menores

También señaló que, en ocasiones, llama la atención la buena fe del contratista al aceptar situaciones irregulares, “cuando deberían negarse”. Dijo que en el Cabildo solo hay dos áreas que han comunicado su intención de planificación de contratos para el año 2024. La mesa redonda también abordó no solo la planificación sino también la ejecución de los contratos, que se acaba llenado de impugnaciones y convirtiendo en eterna la renovación de un contrato porque “no se puede dejar de dar un servicio abierto al público”. Además, se habló del fraccionamiento de contratos o de la figura del contrato menor, que se debería hacer de forma excepcional y de forma puntual, y sin embargo está generalizado.