La jueza Silvia Muñoz ha rechazado en un auto la petición del imputado Felipe Fernández Camero de que la Unidad central de criminalística de la Policía Nacional evalúe si providencias del caso Unión fueron “manipuladas con posterioridad a su creación”.

Las providencias son órdenes que se dan durante la fase de instrucción y, tal y como resalta la jueza, no requieren “una respuesta especialmente fundada” y carecen de “afectación a derechos fundamentales”. Se tratan de resoluciones de contenido “procesal”, como admitir la personación de alguna de las partes o “la recepción de algún escrito”.

La Policía Científica ya elaboró un informe sobre diversos autos del caso Unión, que afectaban a detenciones, entre otras medidas, y concluyó que no se había producido manipulación alguna de los archivos informáticos al corresponder su creación con la fecha en la que se dictaron.

El informe de la Policía echó por tierra la tesis propagada por algunos imputados en el caso Unión, que sostenían que primero se habría detenido a algunos imputados y después se habrían hechos los autos.

Sobre las providencias, la jueza señala que “los documentos que las contienen han sido utilizados como modelo en numerosas ocasiones, sobrescribiéndose su contenido total o parcialmente, por lo que resulta imposible determinar su correspondencia con las copias impresas” que constan en el sumario del caso Unión.

La instructora del caso Unión resalta “la irrelevancia” de la petición de Fernández Camero “debido al contenido de las propias providencias”

Así, la jueza subraya que “al haber sido utilizadas las mismas plantillas como modelos una y otra vez” para las providencias, “resulta imposible determinar cuál se corresponde con la que obra en el procedimiento”.

No obstante, la actual instructora del caso Unión resalta “la irrelevancia” de la petición de Fernández Camero “debido al contenido de las propias providencias”, que no afectan a derechos fundamentales de los imputados en la causa.

La jueza subraya que puesto que Fernández Camero “pone en duda” las conclusiones del informe elaborado por los técnicos especializados de la Policía Nacional, y que podrá discutirlas “en el acto de juicio oral, sometiendo a los peritos intervinientes a las correspondientes preguntas o aclaraciones”.