La Audiencia Provincial de Las Palmas juzgará los días 23 y 24 de noviembre la pieza del caso Unión relacionada con la empresa de electricidad Proselan. Será la tercera pieza que se juzgue, después de la relacionada con la licencia otorgada en Yaiza para la casa del arquitecto Carlos Morales y la de los pagos en el Ayuntamiento de Arrecife e Inalsa a Rodríguez Batllori.

El juicio será en Las Palmas de Gran Canaria y en el banquillo se sentarán cuatro acusados: el interventor del Ayuntamiento de Arrecife, Carlos Sáenz, el ex jefe de la Oficina técnica, Rafael Arrocha, el ex concejal del PIL, José Miguel Rodríguez y el empresario José Daniel Hernández Arráez, de Proselan. La Fiscalía pide seis años de prisión para los tres primeros y cinco años y medio para este último.

Los tres primeros están acusados de tres delitos: prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y fraude, como autores en este último caso y como cooperadores necesarios en el caso de los funcionarios en los otros dos delitos. El empresario suma a estos tres delitos el de falsedad en documento mercantil y se le considera inductor a la prevaricación.

El juicio por las facturas pagadas a la empresa de electricidad Proselan será el tercero que se celebre de Unión, el caso de corrupción más grande de la Isla

Los hechos se remontan a septiembre de 2008 cuando los cuatro acusados, según la Fiscalía, idearon “un plan que tenía por objeto la arbitraria expoliación de fondos públicos titularidad del Ayuntamiento de Arrecife” para lo cual “crearon la apariencia de que se iban a prestar determinados servicios de iluminación y otros de electricidad en diferentes fiestas de la ciudad de Arrecife, a sabiendas de que los referidos servicios nunca iban a ejecutarse”.

Proselan facturaba trabajos de electricidad para fiestas de barrios y se adjudicaban de forma directa a pesar de que excedían la cantidad de 18.000 euros. Son 14 facturas que suman 350.000 euros, presentadas entre diciembre de 2008 y abril de 2009 y se llegaron a pagar 250.000 euros a pesar de que los trabajos, según la Fiscalía, nunca se ejecutaron.

Hernández, que iba en las listas del Partido Nacionalista de Lanzarote (PNL) como número 3 al Parlamento en 2007, presentaba las facturas, Arrocha les daba el visto bueno como responsable del contrato y Rodríguez y Sáenz autorizaban el gasto. Los trabajos no aparecían pormenorizados y sólo se especificaba que eran “trabajos de montaje y desmontaje y utilización de líneas, postes proyectores, cuadros, accesorios y mantenimiento” tanto en distintas fiestas de barrios como en carnavales.

En el banquillo se sentarán cuatro acusados: el interventor de Arrecife, el ex jefe de la Oficina Técnica, José Miguel Rodríguez y el empresario José Daniel Hernández

Diez de estas facturas pertenecen al año 2008 y cuatro a 2009. Las de 2008 se corresponden con las fiestas de Valterra, de San José Obrero, las de Chaxiraxi en Argana Baja, las de San Francisco Javier y las de carnaval. Las de 2009 pertenecen a las fiestas de carnaval y a las de San José Obrero en Titerroy.

Cada una de estas facturas oscila entre los 23.000 y los 27.000 euros y la descripción de los trabajos es siempre la misma: “trabajos realizados de montaje de líneas, postes, proyectores, cuadros y accesorios en las fiestas” del barrio correspondiente. En ocasiones se presentaban dos facturas, una del montaje y otra del desmontaje, y cada una de ellas rondaba los 25.000 euros.

En julio de 2009, el Ayuntamiento, gobernado entonces en minoría por el PSOE tras el estallido de la operación Unión, encargó dos informes internos que constataron que los trabajos ni siquiera se hicieron y que Proselan facturó trabajos antes de que la empresa estuviera legalmente constituida.

La Fiscalía pide seis años de prisión para los funcionarios y el ex edil del PIL y cinco años y medio para el empresario

Tras esos informes, se trasladaron las facturas a Fiscalía. Un particular también llevó esas facturas al Juzgado, incorporándose al caso Unión como la pieza número 13. Es la tercera de las piezas que ya tiene calificación de Fiscalía, y que están listas para juzgarse, tras la del soborno de Lleó y los pagos realizados a Rodríguez Batllori.

La Fiscalía pide que declaren como testigos varios trabajadores del Ayuntamiento y dos empresarios de empresas de electricidad que sí hicieron algunos de los trabajos facturados, como Jesús Machín y Carlos Lemes, así como dos peritos de la Audiencia de Cuentas de Canarias y de la Agencia Tributaria.