La misma semana que cuarenta ciudades españolas se movilizaron masivamente por el derecho a la vivienda, tuvimos que soportar hechos del acontecer diario que parecen esas piezas cortas de teatro, con tintes burlescos, que antiguamente salían a escena entreactos o al finalizar las comedias, las llamadas mojigangas, interpretadas por personajes pintorescos y extravagantes.

Saltó a la luz pública la demanda que le zampó desde su pomposo refugio en Abu Dabi el rey emérito, Juan Carlos de Borbón, al plebeyo expresidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, por supuestas expresiones calumniosas e injuriosas relacionadas con la administración de su fortuna y otros escándalos de la vida del emérito vertidas en medios de comunicación entre 2022 y 2025.

No sabemos a qué cuento llega esta demanda ahora, porque la opinión pública conoce el historial de actuaciones cuestionables de Juan Carlos de Borbón, desde el episodio de su cacería de elefantes en Botswana, pasando por su affaire con Corinna Sayn Wittgenstein, las transferencias de dinero por gratitud o cariño, su presunta participación en el contrato millonario de construcción de una línea de tren de alta velocidad entre Medina y La Meca, adjudicado en 2011 a un consorcio de empresas españolas, hasta el escándalo más reciente: el destape de su relación de hace tres décadas con la vedette española Bárbara Rey y el chantaje con fotografías comprometedoras de los amantes que el Estado supuestamente tuvo que pagar cuando Juan Carlos I era rey y jefe del Estado español.

Y aunque en todos estos años han llovido críticas y opiniones de políticos y periodistas, y hasta revelaciones íntimas de la misma Bárbara Rey en entrevistas de televisión, Revilla, también octogenario como el demandante, hoy es el perro flaco al que se le pegan todas las pulgas, y el emérito no solo le pide que rectifique, sino 50.000 euros de indemnización por daños morales causados.

Mientras tenemos que comernos este y otros sainetes como el de políticos lanzaroteños empeñados en convertirse en teloneros de cantantes o grupos musicales a punta de vídeos de autobombo proyectados antes de la actuación de los artistas invitados, pues hay penosas realidades como la vulneración del derecho a la vivienda que afecta a millones de personas en toda España.

El derecho a una vivienda digna está consignado en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en la Constitución española (Artículo 47), “…regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación”, y en el ámbito europeo, a través de la Carta Social Europea Revisada, que establece la obligación de los Estados de garantizar el ejercicio efectivo del derecho a la vivienda, debiendo favorecer el acceso a la vivienda de una calidad suficiente, prevenir y paliar la situación de carencia de hogar con vistas a eliminar progresivamente dicha situación y hacer asequible el precio de las viviendas a las personas que no dispongan de recursos suficientes.

Me pilló este 5 de abril en Madrid la manifestación por la vivienda convocada por los sindicatos de inquilinos de España y asistí al compartir las razones de la protesta y sus arengas, A pesar de ser el problema de mayor preocupación entre la ciudadanía, no hay ni se vislumbra un pacto de Estado por la vivienda; las fuerzas políticas mayoritarias no están por la labor de adoptar medidas contundentes para garantizar el derecho,  y las que se toman, no están siendo efectivas; crece la especulación y los estímulos a fondos buitres y grandes tenedores de inmuebles; aumenta el mercado de alquiler de uso turístico en detrimento del alquiler de larga duración, cuyos precios, en consecuencia, están siendo inalcanzables; es escasa la oferta pública de vivienda y son contados los proyectos de viviendas sociales financiados por las instituciones; las hipotecas ahogan hogares; y los jóvenes ya ni se plantean adquirir vivienda, la compra es un imposible frente al poder adquisitivo de sus salarios.

La calle, bajo el lema ‘Acabemos con el negocio de la vivienda’, exigió soluciones inmediatas. Vi a miles de personas cabreadas, gritando y dispuestas a dar la lucha, a jóvenes, entre ellos, una pareja de lanzaroteños, Charlotte y Juan Diego, que portaban una pancarta que resume con desgarro la situación de todo el país: “se alquila el derecho a la vivienda”. Mudarse a Madrid a estudiar o trabajar supone tener que pagar seis y siete meses de fianza. Muchas familias de chavales universitarios han sufrido este abuso en su búsqueda desesperada.

El extenso río humano no cesó de reclamar el derecho a techo a precio justo y exigir que no haya gente sin casas ni casas sin gente. A pesar de la desazón, la lucha, prometen, seguirá fuerte en la calle.  Aquí no distraen ni disparates reales ni egos politiqueros.