En 2022 el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) comunicaba su preocupación por el aumento de la violencia y de las violaciones de Derechos Humanos en la Unión Europea y por la propagación de “tácticas deshumanizantes” de gobernanza de las migraciones. “La vulneración de derechos en las fronteras deriva directamente de la acción o inacción de los estados, ya que son estos los responsables del control de las fronteras y de su gestión”.

En este contexto nace el informe Vulneración de derechos humanos en la Frontera Sur del Estado español. 2021-2022. Racismo institucional, fronteras y política migratoria, realizado por el Centro para la Defensa de los Derechos Humanos Iridia y el Instituto Internacional por la Acción Noviolenta (Novact) con la colaboración de un gran número de asociaciones.

En Canarias han colaborado las organizaciones Aquí Estamos Tenerife y la Red de Solidaridad con las Personas Migrantes en Lanzarote. El informe analiza la situación general y, en concreto la de Ceuta, Melilla, Andalucía, Baleares, Murcia y Canarias. Señala que “la frontera sur española se configura como un espacio de vulneración de derechos, excepcionalidad legal e impunidad”.

El informe, presentado en la sala José Saramago de la Fundación César Manrique (FCM), en la Plazuela de Arrecife, destaca las principales vulneraciones de estos derechos y tiene como objetivo contribuir a transformar esta situación. El trabajo ha estado “lleno de obstáculos”, porque se trata de acceder a información relativa a un tipo de violencia ejercida por las propias instituciones, “lo cual supone que haya una escasa voluntad política en la exposición al escrutinio público, lejos del ideal democrático”. En las conclusiones se destaca que “en el Estado español no se observa una voluntad política de investigar y de facilitar el acceso a la información”.

“No existen crisis migratorias sin la acción del Estado que impide la movilidad de las personas”, apunta el informe. “Las medidas restrictivas de control migratorio y el volumen diario de muertes y desaparecidos en los espacios de frontera solo se entienden aplicando un análisis poscolonial capaz de vincular las políticas migratorias con una estructura racista y con la historia de dominación colonial que las precede”. La Unión Euopea (UE) ha externalizado su política migratoria, “creando zonas donde las personas quedan prácticamente inmovilizadas o en las que al menos se ven obligadas a ralentizar su movimiento”.

Según señala el informe, existe una relación causa-efecto entre las políticas migratorias restrictivas y la muerte y desaparición de miles de personas, porque las empujan a rutas extremadamente peligrosas. De hecho, “para poder entender lo que está sucediendo en lo relativo a las migraciones en la frontera sur española es fundamental comprender la agenda política que existe detrás”. 

La ruta canaria es la más mortífera. En los últimos años han fallecido casi 8.000 personas, según el informe de Caminando Fronteras. En 2022 murieron 1.784 personas, que suponen tres de cuatro fallecidos intentando llegar a suelo español. El año pasado, Lanzarote fue la isla a la que más personas llegaron.

Sobre la asistencia sanitaria a la llegada, el informe señala que intervienen muchos actores en los muelles pero que solo las islas de Gran Canaria y Tenerife cuentan con un protocolo de coordinación para la coordinación de recursos. En la mayoría de casos se envía solamente soporte vital básico, “de forma que la primera respuesta de emergencia se lleva a cabo por parte exclusivamente de Cruz Roja, y es realizada mayoritariamente por personal voluntario”. Respecto a la salud mental, tampoco existe un protocolo de atención psicológica que se active en los casos de naufragio para atender a las personas supervivientes.

Dispositivos

Se han creado dispositivos de acogida que, en realidad, funcionan como espacios de contención “que se caracterizan por la opacidad”. Se trata de Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), Centros de Atención Temporal a Extranjeros (CATE) y otros centros de migraciones. “Es un entramado”, apunta el informe, que hace muy complejo que los migrantes entiendan “en qué situación se encuentran, dónde, quiénes son sus abogados o abogadas, hasta cuando permanecerán allí, cuándo serán deportadas o cómo comunicarse con sus familiares”, y les genera una situación de incertidumbre y de angustia, además de una sensación de pérdida de control.

El CATE de Arrecife centra una buena parte de los incumplimientos

Durante 2021 y 2022 se han producido numerosas vulneraciones de derechos en estos centros de detención de corta duración que son los CATE. El informe destaca el de Lanzarote, “que se instaló en una nave industrial conocida como la nave de la vergüenza”. Muchas de esas vulneraciones están relacionadas con el derecho a la defensa y a la asistencia letrada, los derechos al acceso a la información y al asilo. Se han detectado asistencias letradas colectivas con un intérprete por grupos lingüísticos o al aire libre, y por tanto sin ninguna privacidad. También se ha sabido que el derecho a la protección internacional no está siendo mencionado en todas las lecturas de derechos.

Además, se estarían realizando interrogatorios sin asistencia letrada a las personas recién llegadas con el objetivo de obtener información sobre el tráfico ilícito de personas, trata de seres humanos y terrorismo, por parte de funcionarios de la Policía Nacional y agentes de Frontex. Esos interrogatorios tendrían como objetivo identificar a los posibles patrones de las pateras, lo sean o no. Se ha constatado que, en ocasiones, los colegios de abogados no estarían recibiendo el aviso para asistir a las personas detenidas en los CATE hasta la finalización de las labores de Frontex y Policía Nacional y que el turno de oficio estaría tardando una media de aproximadamente 48 horas en recibir los avisos para asistir a las personas detenidas.

En ocasiones, podrían estarse revisando los móviles y usando fotografías y vídeos grabados durante el viaje en los procesos judiciales, junto con imágenes de drones y testimonios orales, para construir las acusaciones. Las entidades locales han reportado el caso de una persona diabética que a su llegada a la isla de Lanzarote se desmayó, y cuando despertó en el Hospital la habían acusado de ser el patrón de la embarcación. En este caso se consiguió demostrar la inocencia del acusado. En los últimos años han aumentado mucho los encarcelamientos por tráfico de personas: casi 900 en dos años, para los que se suelen pedir ocho años de cárcel o más, si hay heridos o fallecidos en la patera.

Por otro lado, esas personas migrantes que terminan en prisión sufren un “importante agravio comparativo en relación al resto de personas presas, ya que no cuentan con red ni vínculos que les permitan acceder a permisos y porque su familia o allegados no pueden hacer ingresos en sus cuentas de peculio”. En ocasiones, sus abogados les aconsejan que firmen acuerdos de conformidad sin agotar todas las vías para defender su inocencia. Por otra parte, también faltan intérpretes para la asistencia letrada a las personas acusadas en prisión.

En abril de 2022, 38 personas marroquíes que estaban detenidas en este CATE de Arrecife fueron trasladadas a la zona de rechazados del aeropuerto, donde pasaron la noche tumbadas en el suelo, a la espera de un vuelo para su traslado a Gran Canaria. Esto se debió aparentemente a la falta de seguridad para evitar intentos de fuga. Desde julio, un muro rodea el recinto del CATE y en noviembre de 2022 el nuevo centro, de 200 plazas, en la trasera de la Comisaría de la Policía Nacional, se saturó.

Expulsiones

En la práctica, en Canarias se han seguido dando internamientos en el CIE y expulsiones desde comisaría sin tramitar expedientes de expulsión, sino en base a órdenes de devolución, en contra de resoluciones judiciales de las audiencias provinciales.

“Se han hecho redadas policiales por perfil racial junto a centros de acogida”

Las organizaciones que trabajan sobre el terreno en Tenerife y Lanzarote señalan una espera de entre tres y 11 meses para conseguir una cita de manifestación de asilo y advierten que la posibilidad de conseguir una cita varía en función de si las personas están o no en centros del Plan Canarias. Se han detectado expulsiones de personas que han manifestado la voluntad de solicitar asilo en menos de 72 horas desde las comisarías, a través de las llamadas deportaciones exprés.

Por otra parte, los dispositivos de emergencia de menores extranjeros en la práctica están funcionando como centros de protección estables, pero existen obstáculos en el acceso al procedimiento de asilo de aquellos menores con necesidades de protección internacional, y se ha detectado la presencia de menores en centros de adultos y de adultos en centros de menores. El Defensor del Pueblo ha destacado como un problema la tardanza en las pruebas de determinación de edad, que además no son precisas.

Los centros puestos en marcha con el Plan Canarias, de los que hay uno en Lanzarote, se han visto señalados principalmente por la falta de condiciones dignas de acogida, deficiencias estructurales en las infraestructuras, vulneración del derecho a la privacidad y la intimidad y situaciones de violencia policial, especialmente por parte de la seguridad privada.

Para realizar el informe se pidieron visitas al CATE de Arrecife y al de Barranco Seco, que fueron denegadas por el Ministerio de Interior. En el caso de las islas de El Hierro, Fuerteventura y La Gomera, no se cuenta con instalaciones permanentes, sino que se establecen centros en espacios no habilitados, como pueden ser naves industriales o instalaciones deportivas precarias.

Redadas

Además, señala el informe, “se han observado redadas policiales e identificaciones por perfil racial en los alrededores de los centros del Plan Canarias y puntos de acceso a servicios básicos o apoyo comunitario”, como comedores sociales. Esas identificaciones, por perfil racial, supusieron en algunos casos, la detención, ingreso en CIE y posterior expulsión de la persona.

En Lanzarote se ha detectado que las personas solicitantes de protección internacional quedan indocumentadas durante el lapso de tiempo que va desde que acuden a comisaría para renovar sus solicitudes de asilo y el momento en el que son citadas para recoger el nuevo resguardo. También se ha detectado la práctica de requerir aportar pasaporte y certificado de empadronamiento el día de la cita para la manifestación o la renovación de protección internacional, contraviniendo las instrucciones del Ministerio de Interior.