La dependencia afecta a muchos tipos de personas: por edad, por ingresos, por condición, por tipo de dependencia... La dependencia, como la sociedad, es amplia y diversa. Las ayudas, los derechos, las necesidades, se resuelven (o no) en varias administraciones y en varios departamentos, como urbanismo, sanidad, educación o servicios sociales. Para muchas familias se convierte en un vía crucis.

Lucía Ballesteros, madre de Sheyla, una joven con Síndrome de Angelman, considerada como una enfermedad rara, cree que una buena solución sería la creación de una especie de ventanilla única en la Administración para tratar todos los asuntos relacionados con la dependencia: “Sería un gran paso adelante el de centralizar todas las necesidades porque el problema es la tardanza, así no perderíamos tanto tiempo”.

El resumen es adaptar las necesidades al “modo, forma y tiempo” de los administrados y no de la Administración. “No se hace como nosotros necesitamos -insiste- y no son cuatro cosas, sino miles de cosas para que haya una normalidad real porque todos somos iguales y con los mismos derechos, es así de sencillo, no somos una mayoría pero debería dar igual serlo o no”.

Reconoce, igualmente, que el cambio tiene que estar avalado por una modificación social, no solo por una legal o administrativa. Algunos partidos ya proponen crear una concejalía de diversidad funcional. Aunque queda mucho camino por recorrer, la aplicación de la Ley de Dependencia ha mejorado en los últimos años, pero no solo consiste en reconocer la dependencia, sino en las revisiones.

En este apartado sigue habiendo bastante retraso. En Lanzarote siguen esperando personas que la solicitaron en diciembre de 2021, por un accidente, una enfermedad o por edad. Tanto la valoración como la revisión son necesarias para poder acceder a alguno de los servicios de la Administración, como una plaza en residencia, una ayuda, etcétera. Cualquier retraso supone un periodo de interinidad en el que hay que hacerse cargo de forma permanente de esa persona dependiente.

Las ayudas económicas son de 800 euros para la gran dependencia (Grado 3), 477 para el Grado 2 y 336 para el Grado 1. La Ley de Dependencia en Canarias ha sido uno de los problemas enquistados. En los últimos años se ha reducido la lista de espera en más de 3.000 personas, pero el retraso es muy grande.

Sigue habiendo datos poco digeribles. Entre diciembre de 2021 y noviembre de 2022 fallecieron 3.203 personas en Canarias que estaban en lista de espera, sin que hubieran sido atendidas, y aún, de cada mil personas que tienen derecho a algún servicio o prestación, 119 están sin atender, según datos del último informe de la Asociación estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales.

Por otro lado, según los datos de la propia Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias, en Lanzarote hay 2.259 demandantes que se acogen a esta Ley y de ellos 549 están pendientes de valoración.

Mientras que en mujeres, la mayoría son mayores de 65 años, en hombres es al contrario, son mayoría los solicitantes menores de esa edad. Hay hasta diez tipos diferentes de prestaciones o servicios. En la Isla existen 165 beneficiarios en residencia, 186 en centros de día, solo diez con ayuda a domicilio y 35 con teleasistencia. Las prestaciones económicas llegan a unas 1.100 personas y la mayoría son para cuidados en el entorno familiar o vinculadas al servicio a domicilio.

Cuidadoras

La mayoría de las personas que cuidan a dependientes son mujeres. Lucía es una de ellas. “Si quieres que coticen por ti como cuidadora tienes que dejar de trabajar”, pero si haces eso, los ingresos “no te llegan”.

“Si quieres que coticen por ti como cuidadora tienes que dejar de trabajar”, pero si haces eso, los ingresos “no te llegan”

Ballesteros asegura que en cuestiones de dependencia, la información para las familias es escasa. “Muchas personas desconocen qué derechos les asisten, qué lineas de ayudas hay, a qué puerta deben acudir, la gente no sabe qué derechos tiene”.

Pone como ejemplo que hay reducciones de jornada laboral, que no pagan las empresas, “y muchas madres no lo saben porque no les informa nadie de esto”. Dice que ella lleva años intentando conjugar su vida laboral con el cuidado de su hija y que ha tenido que renunciar a su trabajo porque no puede hacerse cargo de ambas cosas. “Al final te abocan a la vulnerabilidad económica o te obligan a elegir porque conciliar es muy complicado”, asegura.

Destaca que el tiempo de respuesta de la Administración es muy importante. “Nuestros hijos no esperan y de sus decisiones y de sus tiempos depende su progreso, su avance físico o sensorial”.

En la Isla hay varias asociaciones que pelean por estos progresos y señala Lucía que los profesionales más jóvenes de este sector “han abierto la mente”. Con la ayuda también de estas asociaciones se van cubriendo necesidades, pero cuando los jóvenes cumplen 21 años “se quedan abandonados” y su situación empeora.

En Las Palmas de Gran Canaria se ha creado una plataforma bajo el nombre ¿Y ahora qué hacemos?, formada por familias con hijos que ya han superado esa edad y reclaman más atención. Los afectados consideran que la atención temprana sigue siendo una deuda pendiente porque no abarca todas las necesidades de los niños. La mayoría de las familias acaba pagando más sesiones de logopedia o fisioterapia para lograr mejores avances. “Hay familias que se gastan 500 euros al mes” , explica.

Por contra, el crecimiento de algunos diagnósticos, como los trastornos del espectro autista, es muy alto: “No va a haber recursos para tantas necesidades porque una de cada seis personas va a ser dependiente de alguna manera”, dice Ballesteros.

Accesibilidad

Otro capítulo pendiente es la accesibilidad urbanística, que incumplen todas las administraciones, en muchos de los edificios públicos, incluidos los educativos, y todos los municipios. Solo hay un instituto adaptado en toda la Isla. “En Arrecife hay muchas calles y lugares imposibles”.

Ballesteros pide “sensibilizar a las instituciones”. “Tenemos a un montón de gente encerrada en casa sin hacer nada, sin salir porque no se puede mover con facilidad de los barrios al centro porque no es accesible”, sentencia.