La Fiscalía solicitó este lunes, antes de la suspensión de la vista oral, que se retiren los cargos contra cinco de los acusados en el caso Jable, pieza derivada del caso Unión. Se trata de los cuatro acusados relacionados con la empresa Gamma Install, Julio Romero, Manuel Jesús Spínola, Rafael Gil y Daniel Hernández, así como de Enrique Astorga, directivo de FCC, a quien le solicitaban cuatro años de cárcel.

La retirada de la acusación a Astorga se debe a que no tenía "dominio" de los pagos efectuados por FCC que la Fiscalía considera cohecho. Su compañero de empresa Enrique José Hernández Martín ha asumido la responsabilidad de los hechos, por los que se enfrentaban a una petición de condena de cuatro años de prisión.

Además, el fiscal considera que la parte relacionada con Gamma Install ha prescrito, ya que los hechos que se les imputaban corresponden al año 2005 y las detenciones y acusaciones son del año 2010. El tipo penal por esos hechos tendría un plazo de prescripción de tres años, por lo que ya habrían prescrito en el momento en que se les comenzó a investigar.

Según el escrito de acusación de Fiscalía, Romero y Spínola, trabajador del Cabildo, crearon varias sociedades junto con Rafael Arrocha, jefe de la Oficina Técnica del Ayuntamiento de Arrecife. La empresa FCC les encargó a esas sociedades la dirección de obra y varios proyectos del pabellón de Argana. La Fiscalía solicitaba para ellos penas de inhabilitación y multas.

Por otra parte, el fiscal señaló que modificará su escrito de acusación, del año 2017, para adaptarlo al tiempo transcurrido. Adelantó que solicitará la atenuante de dilaciones indebidas simples, por la paralización del caso en la fase intermedia durante tres años para resolver una cuestión que se debía haber resuelto en el plazo de un mes.

Cabe destacar que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias tardó tres años en constituir un nuevo tribunal después de que el primero se apartara por recusación. Posteriormente, ante la recusación de la propia Fiscalía, tardó otros dos años más.

Anticorrupción también retira la acusación contra un directivo de FCC, la empresa que hizo el pabellón de Argana

El actual fiscal Anticorrupción, Javier Ródenas, dijo que la instrucción se hizo en un plazo muy razonable y que los acusados tienen derecho a ser juzgados en un plazo también razonable, pero que hubo un tiempo muerto procesal “irresponsable e injustificable”.

Además, la empresa FCC aparecía como responsable civil subsidiaria, acusada por la Asociación Jiménez de Asúa, que hace un mes se retiró del procedimiento. El representante de la empresa pidió que se condene en costas a esta asociación y que se les impute el gasto del aval judicial durante estos años.

La empresa considera que esta asociación, además, no estaba legitimada para ejercer la acción civil sino solo la penal y que hizo un uso torticero de la acción popular.