La investigación del Juzgado de Instrucción número dos de Arrecife, declarada secreta, en la que se ha registrado este lunes el domicilio del expresidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés, está relacionada con la denuncia a la Fiscalía de presuntas irregularidades en el cobro de alrededor de un millón de euros por parte del abogado Ignacio Calatayud del Consorcio del Agua y de su empresa pública Inalsa.

El 18 de junio del año pasado, Podemos presentó una denuncia en la Fiscalía con informes del Consorcio del Agua, organismo compuesto por el Cabildo y los siete ayuntamientos, en los que se detallaban los presuntos cobros irregulares de Calatayud, que habría percibido de forma directa las costas de procedimientos judiciales relacionados con el concurso de acreedores de la empresa pública Inalsa, que depende del Consorcio.

Esa denuncia en Fiscalía derivó en las diligencias previas 1944/2021, incoadas en agosto del año pasado e instruidas por el Juzgado de Instrucción número dos de Arrecife, dirigido por el magistrado Jerónimo Alonso.

Según las fuentes consultadas por Diario de Lanzarote, en el marco de esas diligencias previas se han llevado a cabo las acciones de la UCO de este lunes. La investigación que se ha visibilizado este lunes con el dispositivo de la UCO estaría supuestamente relacionada con San Ginés, su abogado de confianza, Ignacio Calatayud, y el suegro de éste, el letrado Felipe Fernández Camero, así como con el Consorcio del Agua.

Efectivos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil registraron este lunes por la mañana la vivienda del expresidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés, actual consejero en la Corporación insular de Coalición Canaria. Con posterioridad, se desplazaron a las dependencias del Cabildo de Lanzarote. San Ginés salió de la sede de la institución insular sobre las 13.00 horas, en compañía del abogado David Monte. En la mano, el expresidente del Cabildo llevaba diversa documentación, alguna de ella con el sello de la UCO.

De lo que ha trascendido de la causa, declarada bajo secreto de sumario, es que se investigan supuestos delitos contra la Administración: la agencia EFE apunta a supuesta malversación y prevaricación, entre otros.

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Polémicas

La relación entre San Ginés y Calatayud ha tenido momentos polémicos: el expresidente del Cabildo está previsto que se siente en el banquillo de los acusados este mes de mayo, acusado de prevaricación, por la incautación sin orden judicial de una planta desaladora privada, con el informe, inicialmente verbal, de Calatayud, que lo ratificó por escrito cuando ya las instalaciones se habían incautado.

Las fuentes consultas apuntan que San Ginés, presidente del Cabildo de Lanzarote entre 2009 y 2019, tiene su residencia habitual en un inmueble propiedad de la familia de Fernández Camero en una urbanización próxima al Castillo de San José, en donde este lunes se pudo ver el despliegue de la Guardia Civil. Este lunes por la mañana también se han llevado a cabo diligencias de investigación en inmuebles y despachos de la familia Fernández Camero, que gestiona la empresa Adelfas 24 SL, añadieron las fuentes.

Denuncia

En el informe encargado por el Consorcio del Agua que fue entregado por Podemos en la Fiscalía se hacía hincapié en que Calatayud, bajo la presidencia en el Cabildo de San Ginés, supuestamente cobró de forma directa las costas de procedimientos judiciales, unas abultadas cantidades económicas que le correspondía haber percibido a Inalsa o al Consorcio del Agua, sin que constara “autorización expresa”.

Del mismo modo, se subraya que Calatayud y el procurador contratado “suscribieron y presentaron” ante el Juzgado “en nombre y representación” de Inalsa y del Consorcio “acuerdos transaccionales” para “el cobro directo de dichas cantidades”. Unos acuerdos, añade el informe, que fueron presuntamente ocultados, “habida cuenta de que al parecer no constan en Inalsa ni en el Consorcio”.

En el citado informe se consideraba que las irregularidades superaban “el carácter de una mera infracción administrativa”, se apuntaba a la presunta comisión de “apropiación indebida y deslealtad profesional” en el caso del asesor jurídico y se concluía también que pudo cometerse “prevaricación administrativa y tráfico de influencias” si los hechos “fueron conocidos y consentidos” por los responsables del Consorcio del Agua y de su empresa pública.