El Ayuntamiento de Yaiza ha reiniciado el trámite para anular otro convenio firmado en la época de José Francisco Reyes en la alcaldía con una empresa del empresario Juan Francisco Rosa para la ocupación de casi 15.000 metros cuadrados de zonas verdes públicas en Playa Blanca.

En junio de 2006, la Junta de Gobierno municipal del Ayuntamiento que presidía Reyes, condenado a seis años de cárcel en el caso Yate, firmó un convenio con la empresa Salmepa, considerado ilegal por la institución, mediante el que le cedía "el derecho de uso" de zonas verdes en el plan parcial Costa Papagayo.

El convenio tenía como finalidad "construir y explotar" instalaciones deportivas durante un plazo de 25 años en la parte norte de la urbanización. En la parte sur, Reyes también firmó otro convenio que permitió a Rosa la ocupación de zonas verdes públicas junto al Hotel Princesa Yaiza, lo que facilitó al empresario la instalación del denominado Kikoland.

Este otro acuerdo con Salmepa, una sociedad ahora absorbida por BTL Lanzarote, entregó 14.839 metros cuadrados de zonas verdes públicas de forma directa, sin que se hubiese sacado a concurso público ni se hubiese formalizado ninguna concesión a cambio de un canon. La empresa no ha pagado nada al Ayuntamiento por la ocupación del suelo público.

Los terrenos ocupados se corresponden con una zona verde pública que han sido usurpados por los propietarios de los complejos turísticos Sun Tropical y Sun Island en el plan parcial Costa Papagayo. El convenio entre el Ayuntamiento y la empresa vinculada a Rosa derivó en un "derecho de uso” a favor de la mercantil José Sánchez Peñate.

Aunque el convenio entre el Ayuntamiento de Yaiza y Salmepa se firmó el 9 de junio de 2006, "esa ocupación data al menos desde el año 2003". Sobre esos terrenos públicos se levantaron "carpas, piscinas y zonas recreativas" para el uso privativo de los complejos alojativos Sun Tropical y Sun Island.

El convenio, subraya el Ayuntamiento, "no resulta ajustado a derecho, pues con él la mercantil Salmepa adquiere facultades o derechos sobre determinadas zonas verdes contra legem, atribuyéndose la posesión y el uso de las mismas en unas condiciones absolutamente lesivas para los intereses generales del municipio".

Nulo de pleno derecho

El Ayuntamiento ha declarado nulo de pleno derecho el acuerdo y el Consejo Consultivo confirma que el convenio se aprobó "prescindiendo de toda tramitación procedimental". El alcalde, Óscar Noda defiende  que su "objetivo y obligación es proteger el patrimonio municipal amparados en la legalidad sean quien sean los actores".

Se da la circunstancia de que la oposición, compuesta por Partido Popular, PSOE, Lanzarote en Pie y Ciudadanos se abstuvieron en la votación, mientras que Unidos por Yaiza y Coalición Canaria votaron a favor.

Con el dictamen favorable del Consejo Consultivo de Canarias, el Ayuntamiento presidido por Noda aprobó definitivamente el pasado jueves en pleno la propuesta de resolución que declara nulo de pleno derecho tanto el convenio como el acuerdo de la Junta de Gobierno de José Francisco Reyes.

En este caso, recuerda Noda, la cesión de las zonas verdes no solo fue autorizada de forma gratuita, sino que permite a Salmepa SL enajenar o ceder el uso de las zonas verdes públicas a otros terceros, y de hecho, las zonas verdes en cuestión ahora están ocupadas por instalaciones recreativas de complejos hoteleros en virtud a un derecho de uso concedido por Salmepa a otra mercantil.

El acuerdo municipal del pasado viernes también desestima las alegaciones presentadas por las empresas interesadas, "ya que no desvirtúan las causas de nulidad ostensibles y manifiestas en que incurre el acto municipal objeto del expediente de revisión”.

El informe jurídico municipal expone que además de la irregularidad que supone que una mercantil pueda explotar y enriquecerse económicamente con una zona verde del municipio “en condiciones totalmente lesivas para el interés público municipal”, se suma el hecho de que finalizado el plazo de los 25 años de explotación, la empresa privada explotadora revertiría al Ayuntamiento las obras e instalaciones con el personal contratado del que se haría cargo la Corporación local.

“Lo cual, como es palmario, también atenta contra las normas básicas de la legislación en materia laboral y de contratación de las Administraciones Públicas”, destaca el Ayuntamiento sureño.

La causa principal de nulidad total viene dada porque el convenio es contrario al ordenamiento jurídico al permitir que una empresa privada adquiera derechos y facultades en contra del ordenamiento jurídico, en el presente caso, la utilización privativa de zonas verdes públicas careciendo de los requisitos esenciales para su adquisición.

“No puede establecerse por convenio derechos propios de un concesionario en contra de lo dispuesto en el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales y, como ya se dijo antes, contra las normas básicas de la legislación laboral y de contratación de las Administraciones Públicas”, resalta el Consistorio sureño.

Dictamen del Consejo Consultivo

El dictamen del Consultivo es contundente: concurren causas de nulidad total. La mercantil puede ahora presentar recurso de reposición ante el Ayuntamiento de Yaiza o no presentarlo y sí interponer ante la Justicia un recurso contencioso administrativo.

Kikoland

Este procedimiento es distinto al que el Ayuntamiento inició en 2016 para  anular el convenio suscrito con la mercantil Getsu Non Denwa en 2004 por el que la Institución cedía tres parcelas que suman 31.000 m2 de suelo público ocupado por particulares en Playa Blanca.

Con dictamen favorable del Consejo Consultivo de Canarias, el Ayuntamiento, en diciembre de 2016, también declaró nulo de pleno derecho este acuerdo de cesión gratuita.