El juicio en el que Blas Acosta, actual viceconsejero de Economía e Internacionalización del Gobierno de Canarias, se enfrenta a una petición de condena de más de cuatro años de cárcel por el caso Gesturpa, se celebrará en octubre de 2022.

El Juzgado de lo Penal de Puerto del Rosario ha establecido dos sesiones para la celebración de la vista oral, el 25 y el 26 de octubre de 2022. Ambas sesiones comenzarán a las 9.30 horas y se desarrollarán en el juzgado habilitado en el mismo edificio que un supermercado, en el barrio de Majada Marcial.

En el juicio del caso Gesturpa se solicitan cuatro años y tres meses de cárcel para Acosta, designado el pasado mes de marzo viceconsejero de Economía a instancias del presidente Ángel Víctor Torres, a su vez secretario del PSOE en Canarias, pese al rechazo de Podemos, su socio de Gobierno.

Blas Acosta está acusado de los delitos de administración desleal e insolvencia punible en su gestión de la empresa pública Gestión Urbanística de Pájara (Gesturpa), entidad de la que fue administrador.

La apertura de juicio oral contra Blas Acosta, mediante un auto contra el que “no cabe recurso”, se produjo el pasado 2 de febrero por el Juzgado número seis de Puerto del Rosario, que llevó a cabo la instrucción, iniciada en el año 2015. En ese momento también se remitió la causa al Juzgado de lo Penal para tramitar la celebración del juicio.

“Conductas ilícitas”

En el escrito de acusación de la Fiscalía se resalta que Blas Acosta, en su etapa como concejal en el Ayuntamiento de Pájara, llevó a cabo una serie de “conductas ilícitas” a pesar de que sabía que la empresa municipal “incurría en causa legal de disolución” y “se encontraba en una situación de inminente insolvencia”.

En concreto, destaca la Fiscalía, “formuló y propuso la aprobación de las cuentas anuales” de la empresa, propiedad al cien por cien del Ayuntamiento de Pájara, “aun sabiendo que las mismas contenían constantes y graves irregularidades contables”.

Esas irregularidades abarcaban, según el escrito de acusación, la “valoración de existencias, reservas, impuestos diferidos” y la “contabilización de deudas y gastos”. El Ministerio Fiscal subraya que esas deficiencias impedían “sistemáticamente” que las cuentas “reflejasen la imagen fiel” de la empresa pública.

El fiscal Tomás Fernández de Páiz, especializado en delitos económicos, detalla que el 27 de marzo de 2012, la empresa administrada por Blas Acosta concertó un préstamos con el Ayuntamiento de Pájara por más de 1,7 millones de euros, “con conocimiento de que nunca la entidad podría devolverlo dada su evidente falta de viabilidad económica”.

Ese préstamo, agrega el fiscal, se concedió para el pago de deudas “que no figuraban en la contabilidad” de Gesturpa, una empresa municipal que se concibió originalmente para la construcción de viviendas de promoción pública en el municipio de Pájara.

“Grave perjuicio irreparable”

Otro de los presuntos hechos delictivos que la Fiscalía atribuye a Acosta consiste en el abono en el año 2012 de 897.270 euros a una empresa, Mahlec Mantenimientos, “por cuenta de un tercero” al que “luego nunca le reclamó el pago”. También resalta que la factura se había generado seis años y que no estaba “contabilizada” por parte de la empresa pública del Ayuntamiento de Pájara.

Según recalca la Fiscalía, Acosta “nunca propuso a la Junta General [de Gesturpa] el pertinente acuerdo de disolución de la sociedad a pesar de que los fondos propios de la entidad, consecuencia de su gestión y especialmente de los actos relatados anteriormente, disminuyeron progresiva e inexorablemente”.

Así, la empresa pública pasó de contar con 241.181 euros de fondos propios en el año 2011, una cantidad que ya era inferior al 15 por ciento del capital social, a arrastrar casi dos millones de euros en negativo cuando Acosta cesó en el cargo, en julio de 2015.

Esta situación, subraya el fiscal de delitos económicos, provocó “un evidente y grave perjuicio irreparable” tanto al socio, que era el Ayuntamiento de Pájara, como a los acreedores de la empresa pública.

La Fiscalía identifica dos presuntos delitos, atribuidos a Blas Acosta: uno de administración desleal, por el que pide una pena de un año y nueve meses de prisión, y otro de insolvencia punible, por el que solicita una condena de dos años y seis meses de cárcel.

Entre los dos delitos, el Ministerio Fiscal reclama una pena de cuatro años y tres meses de prisión para Acosta, el único acusado en el procedimiento judicial, así como la inhabilitación especial para cargo público durante el mismo periodo de tiempo.

Multa e indemnización

Además, por el delito de insolvencia punible, la Fiscalía pide que Acosta sea condenado a una multa de 48.000 euros en concepto de responsabilidad personal subsidiaria.

No obstante, el montante económico global solicitado sería mayor en caso de condena, toda vez que la Fiscalía pide que el que fuera concejal de Urbanismo de Pájara indemnice al Ayuntamiento “en la cantidad que se determine en ejecución de sentencia por los perjuicios económicos causados” por la gestión de Gesturpa.