El diputado por Lanzarote de Coalición Canaria (CC) Jesús Machín Tavío ha intervenido este lunes por la mañana en la Comisión de transición ecológica, lucha contra el cambio climático y planificación territorial del Parlamento y ha reconocido que la anulación del Plan Rector de Uso y Gestión del Archipiélago Chinijo (PRUG) ha supuesto un caos en las zonas afectadas porque el Gobierno y el Cabildo tienen interpretaciones distintas para un mismo asunto.

Machín aseguró que al “caos de las Normas Subsidiarias” de Teguise se ha sumado “otro caos” cuando en junio se inició el trámite para aprobar el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) y que no sabe si desde su tramitación ya es eficaz o hay que esperar a que entre en vigor.

Además, aseguró que unos técnicos sostienen que el informe preceptivo es del Gobierno y otros que es del Cabildo. La pregunta de Machín hacia el consejero, José Antonio Valbuena, es sobre qué órgano debe hacer ese informe y qué casos pueden quedar exentos. También solicitaba al consejero que aclarase si el gobierno puede emitir una resolución genérica sobre “qué casos están exentos del informe previo para actuaciones sensibles”.

El consejero de Transición Ecológica contestó que los PRUG son “fundamentales” y que no se pueden hacer resoluciones genéricas, así como que en el plazo de noventa días, si no se ha emitido informe, se entiende que la solicitud es negativa, “lo que ahonda en el problema”, añadió.

Valbuena respondió que se han creado unas oficinas de información territorial en el Gobierno a las que los cabildos pueden recurrir para solicitar esa información. “No queda más remedio que esperar a que se redacte el instrumento de ordenación”, señaló.

CC reconoce ahora los problemas generados por la anulación del PRUG. En enero del año pasado, el entonces consejero de política territorial del Cabildo, Echedey Eugenio (CC), aseguraba en la Cadena SER que valoraba positivamente esa anulación a pesar de que no era “políticamente correcto”, porque el PRUG había nacido obsoleto y porque no era positiva “una norma que se crea en un despacho y se impone sobre el territorio”.

Eugenio sostenía que ni el territorio iba a quedar desprotegido porque seguía habiendo regulación, y que gracias a las Normas Subsidiarias de Teguise se podría contar con “herramientas para agilizar los trámites de forma legal y rápida”.

La semana pasada, el Ayuntamiento de Teguise también reconocía que a los efectos de la anulación del PRUG se unen “las dudas ocasionadas” con las medidas cautelares adoptadas por la consejería y la instaban a que emita una resolución por la cual indique qué tipo de actuaciones, de forma genérica, podrían quedar exentas de la solicitud del informe preceptivo por entenderse que no suponen una transformación sensible de la realidad física y biológica del territorio.