La Asociación canaria de alquiler vacacional (Ascav) ha denunciado este miércoles que a las restricciones a las viviendas ubicadas en suelos turísticos, “hay que sumar toda la problemática de los suelos rurales”, que en Lanzarote y en Tenerife “está bloqueando la regulación de viviendas” para que entren en el mercado vaacional.

La asociación, que agrupa a propietarios de viviendas de alquiler vacacional, ha destacado que esa situación se está produciendo en Lanzarote en inmuebles que cuentan con cédula 2de habitabilidad y que “no consiguen reconocimiento” por parte de los ayuntamientos y del Cabildo aunque su construcción fuera incluso anterior a cualquier Plan de Ordenación y normativa urbanística”.

El colectivo confirmó este miércoles también que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha emitido una tercera sentencia en contra del decreto regulador del alquiler vacacional elaborado por el Gobierno de Canarias.

La resolución judicial señala que la normativa "infringe claramente" la libertad de empresa, posiblemente para "tratar de favorecer la oferta de productos alojativos turísticos tradicionales implantados mayoritariamente en zonas turísticas".

Ascav, que había presentado su propio recurso, ha informado que la sentencia falla a favor de la impugnación del artículo por el que quedaba prohibido a los usuarios destinar la vivienda vacacional a fines que no fueran los propiamente turísticos, ya que limita el ejercicio al derecho de la propiedad privada en el bien inmueble.

El tribunal entiende que el reglamento del Gobierno de Canarias no tiene potestad para imponer deberes a los turistas en cuanto al uso civilizado de las viviendas. Según la asociación, el fallo de la Sala anula las prohibiciones de viviendas vacacionales en zonas turísticas y urbanizaciones con uso turístico y residencial.

Asimismo, como en las anteriores sentencias, se anulan los artículos que no permitían el alquiler parcial de viviendas, ya que se vulnera la libre oferta de servicios.

“Perversión”

Para Ascav, la "perversión" del modelo de la vivienda vacacional por parte de inversores y bancos que compran edificios completos para convertirlos en "pseudo todo incluidos", animados por la Reserva de Inversciones de Canarias (RIC) para prestar servicios diversos, "sólo ha pretendido cerrar la puerta a una demanda internacional de vivienda vacacional como modalidad de alojamiento".

A su juicio, "el modelo tradicional al que se aferra Canarias sólo pretende seguir aportando más de lo mismo, lo cual es altamente peligroso y nada constructivo para el devenir turístico de las islas, ya que una oferta diversa que escuche y se adapte activamente las demandas del visitante y le proporcione seguridad jurídica, resulta vital".