Ya son cuatro las sentencias del caso Unión y en ninguna se ha anulado nada. La Audiencia Provincial de Las Palmas ha avalado la instrucción, hasta ahora, y han sido muchos los intentos de las defensas a lo largo del procedimiento para lograr que los casos no siguieran adelante.

Ahora le ha tocado el turno a la pieza de las comisiones de miembros del PIL en Arrecife, cuya instrucción ya ha finalizado y en la que tan sólo queda fijar la fecha del juicio, que probablemente no se celebre antes del año 2018.

Dos secciones de la Audiencia Provincial acaban de resolver recursos de los acusados y dan vía libre ya a la vista oral. En un auto, la Sección sexta desestima la pretensión del acusado Rafael Arrocha de que declaren como testigos el primer instructor del caso, César Romero Pamparacuatro y el secretario judicial. La Audiencia considera que esa medida no es pertinente. Por su parte, la Sección primera, en un auto de Miguel Ángel Parramón, también avala la última parte de la instrucción, de la juez Silvia Muñoz.

La defensa del ex concejal de Arrecife, Antonio Machín, ejercida por Juana Fernández de las Heras, había solicitado que se anulase el auto de apertura de juicio oral y que se suspendiera el plazo para presentar el escrito de defensa. Alegaba que no había tenido acceso a las piezas de convicción ni a las grabaciones de las conversaciones telefónicas incluidas en la causa. La Audiencia considera que se trata de una maniobra para dilatar el procedimiento y que los argumentos de la juez y el fiscal son “ejemplares”.

La juez dio cuatro meses a los acusados para que aportaran un USB y señalaran qué partes querían obtener de las grabaciones originales por lo que “no puede desplazarse indefensión cuando un mero acto de parte le permite obtener lo que demanda”. Además, en las actuaciones está el listado y registro informático íntegro de las piezas de convicción que previamente fueron detalladas tal y como ordenó la instructora.

Para demostrar que las piezas de convicción están perfectamente localizadas, señala la Audiencia que el Ministerio Fiscal detalla en el escrito de acusación las piezas que interesa se hallen al comienzo del inicio de las sesiones y que la defensa de otro acusado, Antonio Cárdenas, solicitó el examen de las piezas y se fijó una fecha para ello. “No alcanzamos a comprender la queja del recurrente. Ha tenido y sigue teniendo a su entera disposición el íntegro material de las piezas de convicción, que están perfectamente detalladas y unidas al procedimiento”, señala el auto.

La defensa del ex concejal Antonio Machín pedía la nulidad porque no había tenido acceso a las grabaciones del caso y la Audiencia considera que pretende ampararse en su pasividad para paralizarlo

“Bastaba entregarle a la señora secretaria judicial un USB y pedir la exhibición de las piezas, como hicieron otras defensas. No se entiende bien qué se le imputa a la Instructora ¿el que no haya fijado día y hora para el examen de las piezas en el juzgado? pero si lo dejó por escrito desde la fecha de 28 de enero de 2015(¡!) ¿el que no disponga de 2.268 cd´s para trasladar a los 14 acusados la copia de las grabaciones intervenidas? compréndase que se trata de una macrocausa”, finaliza. Según la Audiencia, la juez instructora “articuló una fórmula digna de elogio” para que los acusados accedieran a las pruebas.

“Da la sensación que a la parte le interesa no cubrir dichos aspectos para procurarse un medio para fundar una pretendida indefensión. Y es que si la defensa recurrente no dispone de la copia de los soportes de las grabaciones de las escuchas telefónicas llevadas a cabo durante la instrucción de la causa es única y exclusivamente porque lo ha buscado ‘ex professo’ por su propia y criticable pasividad, con lo que no puede ampararse en la misma para pretender una paralización del procedimiento en la que subyace una finalidad palmariamente dilatoria, buscando vulneraciones de las garantías procesales donde todo indica que no las haya”, dice la Audiencia.