A la patronal hotelera de Lanzarote, Asolan, no le ha cogido por sorpresa descubrir que la Isla es la segunda del Archipiélago con mayor número de viviendas vacacionales, sólo por detrás de Tenerife y por delante incluso de Gran Canaria. Al menos 6.150 viviendas en Lanzarote se comercializan bajo esta modalidad alojativa, con más de 28.000 camas en el mercado, casi tantas como las que tiene Puerto del Carmen, la localidad turística con más plazas.

En sectores turísticos se ve a las viviendas vacacionales como una “competencia desleal” y las primeras reacciones no han tardado en llegar: la Confederación Empresarial de Lanzarote (CEL) ha exigido a la Consejería de Turismo de la lanzaroteña María Teresa Lorenzo que se inspeccione y sancione a las que no estén regularizadas.

Al comenzar el año, según datos de la propia Consejería de Turismo trasladados al Parlamento de Canarias, había autorizadas en Lanzarote apenas 45 viviendas vacacionales. En el último estudio, más reciente, se apunta a que 1.800 de 28.200 viviendas detectadas han regularizado su situación.

A principios de julio, Turismo tenía abiertos solo seis expedientes sancionadores a viviendas de turismo vacacional, dos en Gran Canaria y cuatro en Fuerteventura, pero ninguno en Lanzarote, según la información facilitada a la diputada Astrid Pérez.

Con el exhaustivo estudio que afloró el 28 por ciento de la oferta turística real que tiene la Isla, la patronal lanzaroteña entiende que no se puede mirar para otro lado. A las viviendas vacacionales que no se puedan “regularizar” de acuerdo “con la normativa vigente” se las debe “sancionar”, defiende la organización empresarial, presidida por Juan de León.

Esa “normativa vigente” es un decreto de mayo del año pasado, justo antes de las elecciones, que “expresamente” excluye a las viviendas “ubicadas en suelos turísticos que se encuentren dentro de las zonas turísticas” o en las que se mezcla el uso residencial con el turístico.

En la Isla quedarían fuera localidades como Playa Blanca, Puerto del Carmen o Costa Teguise, donde se concentra el mayor número de viviendas vacacionales. Si los hoteleros tienen como altavoces a Asolan y a la CEL, los propietarios de viviendas turísticas tienen a Ascav, la asociación canaria de alquiler vacacional.

“Llevamos solicitando una modificación del decreto desde que entró en vigor el año pasado, porque lo que tenemos ahora, en vez de regular, prohíbe”, señala la asociación. “Una vez que se modifique y los propietarios puedan regularizar sus viviendas, tendrán sentido las inspecciones”, añaden desde el colectivo, que defiende “la vital importancia” de esta modalidad turística para las Islas.

Para la Confederación Empresarial, lo que es realmente urgente es que los servicios de inspección detecten “las irregularidades que ponen en riesgo tanto la calidad como la seguridad de la estancia del visitante” y que estas viviendas paguen impuestos por su actividad turística.

Sobre el tejado de la Consejería regional de Turismo está abordar una posible modificación de la normativa, que para Lanzarote puede resultar de una importancia capital. La presidenta de los hoteleros, Susana Pérez, señala que su organización empresarial “aboga por establecer un techo en el número de plazas para la vivienda vacacional”.

“Del mismo modo que se define un número de plazas hoteleras o extrahoteleras, ha de determinarse un techo para plazas destinadas a vivienda vacacional”, considera Pérez, que “evidentemente” reclama que el número de camas máximas que se fije “nunca” vaya “en detrimento de las plazas alojativas” ya existentes y las “contempladas en distintos planeamientos”.

Susana Pérez, presidenta de Asolan.

“El empleo, imprescindible para determinar si son positivas o negativas”

La presidenta de la asociación de hoteleros de Lanzarote destaca que un dato “que no aparece reflejado” en los estudios sobre vivienda vacacional encargados por el Gobierno de Canarias es el indicador de “generación de empleo de estos inmuebles”.

“Entendemos que se trata de una variable imprescindible para determinar si causan un impacto positivo o negativo en el sector”, señala Pérez, que reclama “unos estándares de calidad” para las viviendas “similares” a los que establece la normativa para hoteles y complejos de apartamentos. Si no se les exige una “alta calidad”, opina, “será negativo para la industria turística”. Para la patronal, “no todas las viviendas en alquiler tienen encaje como vivienda vacacional”.