Cuando la heroína llegó a Lanzarote en los años 80, demolió a toda una generación. Las fuerzas de seguridad perseguían más el menudeo de papelas que las redes de narcotráfico. Saro Betancort y María Hiniesta Távora (Nena) fueron pioneras y reaccionaron antes que las propias instituciones, siendo el germen de la lucha contra la drogodependencia en Lanzarote.

“Fueron tiempos muy duros. Ni los médicos, ni los padres de los afectados, ni la sociedad en general teníamos información. Los toxicómanos eran derivados a psiquiatría”, cuenta Nena, socia de la Asociación de Familiares y Amigos contra la Droga (Afacoda) y presidenta de Derecho y Justicia. Perdió a tres hijos, todos víctimas de la droga.

“La droga golpeó muy duro aquí porque somos un sitio de paso entre Europa y Sudamérica”, contextualiza. Cuando Lanzarote carecía de la más mínima atención, los drogodependientes viajaban a centros de Spiral, en Plasencia y Gijón. En 1986 nació el Centro Insular de Formación y Prevención de Toxicomanías, hoy Centro de Atención al Drogodependiente (CAD). Fue el primer recurso asistencial que atendió la problemática del consumo de drogas. En 1988 se puso en marcha el centro de día de Zonzamas. Toda la red asistencial logró un porcentaje de recuperación del 40 por ciento.

Se hizo necesario un piso tutelado para quienes habían roto vínculos familiares. “Los toxicómanos reinciden y vuelven a reincidir. Hasta que un día la familia dice basta”. Sostenido con subvenciones del Gobierno central, el piso dejó de funcionar por falta de recursos económicos. Hace 20 años, el 80 por ciento de los reclusos en Tahiche lo eran por delincuencia relacionada con la droga. Hoy el porcentaje ronda el 65 por ciento. “La corrupción les quita plazas”, dice Nena.

El Ayuntamiento de Arrecife y el Cabildo aportan financiación a ambas asociaciones. El Ejecutivo regional nunca ha contribuido. El diálogo con Instituciones Penitenciarias, antes fluido y habitual, se ha paralizado desde que el Partido Popular accedió al Gobierno del Estado. Gracias al trabajo de voluntarios, se sostienen algunos servicios como las clases de yoga en el centro penitenciario de Tahiche o los servicios de ducha, ropa y desayuno para toxicómanos en el número 11 de la calle Ramón Franco (Arrecife), donde antaño funcionara la primera y diminuta cárcel de Arrecife.

Tras el cierre de Faro Positivo a principios de año, Afacoda y Derecho y Justicia también informan sobre VIH, asesoran a familiares de presos y atienden situaciones  de poli toxicomanía. Si renuevan la subvención, los internos de Tahíche podrán acceder a clases de informática, servicios de asesoramiento jurídico y sociolaboral, español para extranjeros, marquetería y costura.

Atrás quedaron los problemas de hacinamiento en la prisión lanzaroteña, con 98 plazas para 280 personas. Con la ampliación, el centro tiene capacidad para 500 personas y a día de hoy su población ronda las 400 personas. Conseguida la reagrupación de quienes cumplían condena en cárceles de Península, ahora la batalla se libra contra la burocracia: el procedimiento para conseguir un permiso (derecho de todo preso que haya cumplido más de un tercio de su condena) se prolonga durante más de dos meses.

El transporte público hasta la cárcel ha sido un logro reciente. Hasta ahora, los familiares tenían que utilizar vehículo particular o taxi (23 euros el viaje Arrecife-Tahíche-Arrecife). Queda por saber dónde se establecerá la parada para visitar la prisión. La comunicación con el entorno forma parte imprescindible del proceso de reinserción.

IX Jornadas Derecho y Justicia

El próximo 23 de septiembre, Afacoda celebrará la novena edición de sus jornadas de formación e información  jurídica-penitenciaria y sociolaboral. El salón de actos del Ayuntamiento de Arrecife acogerá a partir de las siete de la tarde una mesa redonda en la que participarán profesionales del Centro de Inserción Social Ángel Guerra, la Unión Nacional de Asociados de Drogodependencia (UNAD) y la Fundación ADSIS. El título recuerda una obligación colectiva: ‘Consiguiendo la reinserción entre todos’. [Derecho y Justicia: 928 805299 / 665 686 689. Afacoda: 928 80 41 02]