La juez Silvia Muñoz, instructora del caso Unión, ha trasladado ya la causa que investiga el presunto soborno de Luis Lleó a Carlos Espino a la Audiencia provincial de Las Palmas. Munoz ya ha finalizado la instrucción y ahora será la Audiencia la que tenga que convocar una vista preliminar, como paso previo al juicio oral.

Hay que recordar que la Fiscalía, en su escrito de calificación de mayo de 2013, pide seis años de prisión para Lleó y un ano y medio para Fernando Becerra, que confesó los hechos, como intermediario. Son los dos únicos acusados por un delito de cohecho. Lo que ha hecho ahora la juez instructora es elevar ese escrito de calificación junto con las pruebas documentales que no se van a reproducir durante el juicio.

A continuación, la Audiencia deberá nombrar a un magistrado-presidente del Tribunal del Jurado que deberá convocar una vista preliminar en la que se decida qué pruebas serán las que se llevan al juicio oral y sobre las que decidirá el Jurado, que no tiene acceso a toda la causa sino solamente a esos testimonios. Lleó ha estado recurriendo todos los autos de la juez instructora y alega múltiples irregularidades en la instrucción para evitar llegar a juicio. Hasta ahora, la Audiencia provincial ha respaldado la instrucción.

Se celebrará una vista preliminar en la que se decidirá qué pruebas van al juicio

Los hechos se remontan al año 2008, cuando, según la acusación, Lleó encargó a Becerra que intentara sobornar al ex consejero del Cabildo, Carlos Espino, para que éste intentara desbloquear la situación urbanística de una parcela propiedad de Lleó en Playa Blanca, llamada Costa Roja. Espino denunció los hechos ante la UCO, que abrió lo que se ha conocido como caso Unión, que después se dividió en distintas piezas y en otras investigaciones.

Las otras piezas

Dos de estas piezas ya tienen sentencia condenatoria: el caso de la contratación de Batllori y la licencia para la casa de Caros Morales en Puerto Calero. También se ha dictado la apertura de juicio oral para otras dos piezas: la del Teatro insular y la de la casa de Dimas Martín en Yaiza en suelo rústico. Además, está ya terminada la instrucción de la pieza relacionada con las facturas falsas en Arrecife de la empresa Proselan y sólo falta que se fije la fecha del juicio.

Quedan otras piezas, cuya instrucción está muy avanzada: la operación Jable, que investiga los contratos de FCC y Urbaser en el Ayuntamiento y la pieza que investiga las comisiones ilegales de miembros del PIL en Arrecife. Además falta por terminar la instrucción sobre la causa que investiga las propiedades de Dimas Martín y su ocultación mediante testaferros para no afrontar la deuda que mantiene con la Administración.

La juez Silvia Munoz se incorporó al Juzgado hace dos anos. Pocos meses después el Tribunal Superior de Justicia de Canarias otorgó un juez de refuerzo para el Juzgado y que Muñoz se pudiera dedicar en exclusiva a finalizar la instrucción de las piezas de Unión y del caso Stratvs. También se dedican en exclusiva a este caso una secretaria judicial y dos funcionarios.