El ex presidente del PIL, Dimas Martín, se sentará de nuevo en el banquillo acusado de un delito contra la ordenación del territorio por las obras de su casa en Los Rostros (Yaiza) en suelo rústico.

La Fiscalía pide dos años de cárcel para el político lanzaroteño y una multa de 12.000 euros, así como la inhabilitación para promover obras. Es otra de las piezas separadas del caso Unión, que instruye la juez Silvia Muñoz, en la que ya se ha abierto juicio oral.

Según el relato de la Fiscalía, Martín hizo obras de transformación del suelo y de ampliación de la casa, que se encuentra dentro de los límites del Espacio Natural Protegido del Parque Natural de Los Volcanes en suelo rústico de protección natural. Las obras, que son ielgalizables, se hicieron entre marzo y mayo de 2009 sin ningún tipo de permiso: ni licencia de obras ni calificación territorial.

Consistieron en “la construcción de una piscina de unos 30 metros cuadrados, ampliación de tres habitaciones para uso residencial de aproximadamente 90 metros a una edificación ya existente, haciendo una superficie total de unos 178,50 metros, terraza pavimentada de acceso de unos 25 metros y amurallamiento de parte de la finca”.

El fiscal Ignacio Stampa señala en su escrito de acusación que fue Dimas Martín quien llevó a cabo todas las gestiones relativas a la ejecución y supervisión de las obras y a la contratación de los trabajadores aunque hizo aparecer como promotora a su esposa Elena Martín en el expediente sancionador incoado por el Ayuntamiento de Yaiza “para eludir las responsabilidades que le pudieran generar por la actividad desarrollada en contra de las normas de ordenación del territorio”.

Finca de Los Rostros, por la que será juzgado Dimas Martín.

La esposa de Dimas, un “parapeto”

Sin embargo, la Fiscalía no acusa a la esposa de Martín ya que considera que “actuó en la ignorancia ya que jamás tuvo conocimiento de lo realmente ejecutado por su esposo y de las reales intenciones de utilizarla a ella como parapeto de ulteriores exigencias de responsabilidades por la ejecución de las obras descritas”.

Las obras fueron denunciadas e intervino el Seprona. El Ayuntamiento de Yaiza, presidido entonces por Gladys Acuña, que pertenecía al mismo partido que Dimas, inició un expediente sancionador. En ese periodo Dimas Martín tenía el teléfono pinchado por la UCO y los agentes comprobaron cómo intentó evitar la sanción y legalizar su casa. Por ello se imputó inicialmente a varios técnicos del Ayuntamiento y cargos públicos.

Dimas, único acusado

Finalmente la juez instructora decidió dejar fuera del procedimiento tanto a la esposa de Dimas, como al jefe de la oficina técnica, Antonio Lorenzo, al alcalde de Tinajo Jesús Machín, que estuvo imputado por las gestiones que pudo hacer en favor de Martín, igual que el ex concejal de urbanismo, Leonardo Rodríguez y la alcaldesa de Yaiza, Gladys Acuña.