De las 3.163 hectáreas iniciales a las menos de 200 finales: crónica de una retirada que merece más preguntas que aplausos

En julio de 2025, el consejero de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias, Mariano Hernández Zapata, y el presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, firmaron con evidente orgullo lo que calificaron de «primer protocolo de colaboración de la historia» para el desarrollo de las Zonas de Aceleración de Renovables (ZAR) en el archipiélago. Betancort presumió de que Lanzarote fuera la primera isla en contar con esta normativa, presentada como «resultado de una planificación rigurosa y respetuosa con nuestro entorno». Apenas unos meses después, ese mismo protocolo había desaparecido de la web del Gobierno de Canarias. Los mapas se retiraron y el Cabildo pedía la suspensión. La superficie ha pasado de 3.163 a menos de 200 hectáreas. La pregunta, por tanto, es ineludible: ¿qué ha cambiado? ¿O qué no cambió nunca, y simplemente se ha acabado de revelar?

Las ZAR —Zonas de Aceleración de Renovables— son áreas delimitadas por el Gobierno de Canarias a través de la modificación de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Su objetivo declarado es doble: ordenar el despliegue de instalaciones eólicas y fotovoltaicas en suelo, y proporcionar «seguridad jurídica a promotores e inversores» agilizando la tramitación de proyectos. En Lanzarote, el protocolo firmado en julio de 2025 catalogó como superficie apta para las ZAR un total de 3.163,89 hectáreas, el equivalente al 3,75% del territorio insular. La propia nota del Ejecutivo Autonómico reconocía, en el mismo párrafo, que para alcanzar los objetivos de descarbonización fijados para 2030 bastaría con ocupar el 0,23% de la superficie de la isla. La pregunta era evidente, ¿por qué delimitar dieciséis veces más suelo del necesario?

La respuesta oficial, que era de manual, establecía que las ZAR son una «bolsa» de suelo potencialmente apto, no una hoja de ruta para ocuparlo todo. Los promotores elegirían dentro de ese perímetro. La evaluación ambiental seguiría siendo preceptiva en cada caso. Nada estaba predeterminado. Es un argumento técnicamente sostenible, pero políticamente ingenuo, o tal vez demasiado astuto. Delimitar 3.163 hectáreas como suelo apto para renovables en una isla reserva de la biosfera, de limitada superficie, cuyo modelo territorial lleva décadas construyéndose sobre el intento de control del impacto visual y la protección del paisaje, no es un acto neutro. Es un mensaje a un mercado que sabe leer las señales.

No en vano, el propio protocolo incluía una cláusula reveladora consistente en que el Gobierno se comprometía a no aplicar «de forma voluntaria» el artículo 6 bis de la Ley del Sector Eléctrico, la vía extraordinaria que permitía al Gobierno, a las bravas, hacer viables instalaciones renovables incluso en zonas sin planificación específica. La ZAR se vendía, así, como la alternativa ordenada al 6 bis. Pero la trampa dialéctica quedaba también a la vista: quien no se sumara al modelo ZAR se arriesgaba a que el 6 bis volviera a operar sin cortapisas. El consejero Zapata llegó a sugerir este chantaje de forma explícita ante los cabildos críticos y mostró sus cartas en Lanzarote con la autorización excepcional de una instalación de energía fotovoltaica en Playa Blanca contra el criterio municipal. La coacción no era tan velada y con un golpe en la mesa impuso su “interés general” .

El rechazo social en Lanzarote fue contundente y rápido. Los residentes, las organizaciones que velan por el legado de Manrique, y finalmente el propio Cabildo —que había firmado el protocolo— se pusieron en guardia. La cartografía publicada en el Boletín Oficial de Canarias el 20 de agosto de 2025 mostró algo que los documentos previos habían dejado difuso: la extensión real de las zonas calificadas como aptas o condicionadas, y su conflicto con la identidad paisajística y territorial de la isla. El Cabildo reclamó al Gobierno la suspensión de la delimitación. Los mapas desaparecieron de la web. El proceso se reinició. Y Lanzarote y Fuerteventura emitieron un rechazo conjunto al modelo impulsado desde la Consejería, denunciando que resultaba «incompatible con la realidad territorial, ambiental y paisajística de ambas islas».

En julio de 2026, el Cabildo presenta su propia contrapropuesta: menos de 200 hectáreas, concentradas en cubiertas de edificios públicos, aparcamientos, infraestructuras y terrenos ya degradados, más un parque fotovoltaico en el entorno del centro penitenciario de Tahíche destinado al ciclo integral del agua. Una propuesta que, en lo esencial, no dice nada que no dijera el sentido común desde el principio, pues las renovables en Lanzarote tienen espacio suficiente en el suelo ya antropizado, sin necesidad de abrir la isla a la voracidad de promotores privados. Y ello sin siquiera poner sobre la mesa otras opciones que apenas se mencionan en el debate: la energía endomotriz, las turbinas de eje vertical o los aerogeneradores sin aspas, tecnologías que merecerían, al menos, una conversación seria antes de resignarse a inundar el territorio de paneles e infraestructuras convencionales. El Cabildo lo presenta como un «paso más en un proceso que comenzó defendiendo el territorio». Pero cabe preguntarse si no habría sido más honesto no haber firmado el protocolo inicial, y si la «defensa del territorio» de julio de 2026 no es, en parte, la corrección de un error político de julio de 2025.

Porque el verdadero debate no es cuántas hectáreas. Es para qué y para quién diseña el Gobierno de Canarias el instrumento. Las ZAR nacen de una lógica que prioriza la seguridad jurídica del promotor y la rapidez de tramitación sobre la planificación territorial pausada y participada. El lenguaje del protocolo lo delata: «marco más ágil y seguro», «dar seguridad a inversores», «reducir plazos». La transición energética, presentada como imperativo colectivo y urgencia climática, se convierte así en herramienta para flexibilizar el planeamiento en beneficio de actores privados que operan con lógica de rentabilidad, no de sostenibilidad insular.

El argumento de la descarbonización es, además, inseparable del contexto político. Canarias tiene compromisos reales con la reducción de la dependencia de los combustibles fósiles, y nadie con coherencia puede oponerse a ese objetivo. Pero la transición energética no es un escenario que sirva para abrir cualquier puerta. En una isla declarada Reserva de la Biosfera, con un modelo territorial construido a lo largo de décadas sobre la restricción del impacto paisajístico, la urgencia climática no justifica cualquier solución en cualquier sitio. Y cuando el propio Ejecutivo reconoce que el 0,23% del suelo basta para cumplir los objetivos de 2030, la decisión de delimitar el 3,75% como suelo potencialmente apto deja de ser técnica para convertirse en política: la apertura a determinado nivel de depredación que el mercado sabría aprovechar.

La viceconsejera Julieta Schallenberg sostenía en marzo de 2026 que con menos de 300 hectáreas —entre Lanzarote y Fuerteventura— se podría alcanzar el porcentaje mínimo de renovables exigido para 2030. Si eso era cierto entonces, y previsiblemente lo era, la pregunta se vuelve más incómoda: ¿por qué publicar en el BOC una cartografía diez veces mayor? ¿Ignorancia técnica? ¿Presión de los promotores? Quizás, una apuesta estratégica por abrir el máximo de suelo posible antes de que la contestación social lo impidiera.

La respuesta honesta es que no lo sabemos con certeza. Pero las preguntas son legítimas, y la población de Lanzarote tiene derecho a formularlas sin ser acusada de oposición a las renovables. El debate no es entre quienes quieren renovables y quienes no las quieren. Es entre quienes quieren renovables bien planificadas, con control público, barajando las mejores alternativas, lo cual no se ha planteado, con participación local —como reclama también el decreto del 20% de participación local que el propio Gobierno tiene en cartera— y quienes prefieren un modelo que abra el territorio al mercado, exclusivamente a la eólica con aerogeneradores y a la fotovoltaica, con el mínimo de trabas y el máximo de certidumbre jurídica para el inversor privado.

El repliegue a menos de 200 hectáreas es, en apariencia, una victoria del modelo territorial de Lanzarote frente a la lógica mercantil. Pero sería un error cerrar el expediente aquí. La nueva propuesta del Cabildo aún debe ser validada por el Gobierno de Canarias, que no ha renunciado a sus instrumentos ni a su discurso. El artículo 6 bis sigue sobre la mesa como amenaza implícita, pues no parce que vayan a dudar utilizarla para satisfacer sus intereses mercantiles o los de terceros. Y los promotores con proyectos en curso —algunos de ellos con tramitaciones iniciadas al amparo del marco anterior— no van a desaparecer porque los mapas se hayan retirado de una web.

Lanzarote lleva décadas siendo un laboratorio singular: el lugar donde se demostró que es posible construir un modelo de desarrollo turístico con restricciones paisajísticas fuertes y, a pesar de ello —o gracias a ello—, de alto valor. Ese modelo no es un capricho estético. Es una apuesta económica, cultural y ecológica que ha costado generaciones consolidar. Las ZAR, en su formato original, no es que amenazara ese modelo de frente, sino que lo erosionaba por los márgenes, con el lenguaje técnico de la planificación como excusa y la coartada moral de la emergencia climática como hoja de ruta.

La reducción a 200 hectáreas en suelo ya antropizado no es el final de esta historia. Es, quizá, el momento en que Lanzarote tiene la oportunidad de articular con claridad qué modelo de transición energética quiere. Hablamos de uno que sirva al territorio, o uno que sirva al mercado con el territorio como excusa. Esa respuesta no puede venir solo del Gobierno ni solo del Cabildo. Tiene que venir de una conversación pública honesta, con los datos sobre la mesa, sin eufemismos de «herramienta de planificación» ni demagogias de «enemigos de las renovables». Hasta ahora, esa conversación no ha tenido lugar. Este artículo es una invitación a que comience.