En algún momento, el presidente Sánchez decidió que cada vez que mencionara a Vox como partido de tintes reaccionarios mencionaría también al PP. «La derecha y la ultraderecha», dicho de corrido, como si fuera una sola palabra no fue un descuido retórico, sino una estrategia, que el elector que duda entre votar al PP o quedarse en casa acabe concluyendo que son lo mismo. Todo el espectro político que sostiene al Gobierno hizo suyo el lema y ahí sigue, repitiéndolo con disciplina de coro, con el objetivo inmediato de neutralizar un eventual Gobierno del PP surgido de unas elecciones en las que las encuestas coinciden en que el PP ganaría y, con Vox, sumaría mayoría.

Conviene detenerse en la operación, porque tiene más de maniobra que de análisis. Y porque, si se acepta su lógica, se vuelve contra quien la ha lanzado.

El razonamiento implícito es que quien necesita los votos de un partido se contamina de él. El PP necesitaría los votos de Vox; luego el PP es Vox. Y dado que Vox es, para el Gobierno, la encarnación del peligro, el PP debe ser tratado como tal.

Se puede discutir hasta qué punto Vox y el PP se parecen. Hay quien sostiene que el PP ha asumido buena parte del vocabulario de su rival, y hay quien sostiene lo contrario, que el PP sigue siendo un partido de centro derecha homologable en Europa y que Vox es otra cosa. Esa discusión es legítima y no la voy a zanjar aquí. Lo que sí quiero señalar es que el criterio con el que se juzga al PP no se aplica, ni de lejos, a quien lo enuncia.

Porque si el apoyo parlamentario convierte a dos partidos en uno solo, ¿qué es entonces el llamado «bloque progresista»? Es la suma de la investidura de 2023 que conforman PSOE, Sumar, ERC, Junts, EH Bildu, PNV, BNG y Coalición Canaria. Una colección tan heterogénea que resulta difícil encontrar una sola política económica, social o territorial en la que coincidan todos.

Tomando a los socios uno por uno, sin valoraciones imaginativas, concluiríamos:

Junts es un partido de derecha nacionalista, heredero de Convergencia, cuyo programa económico, su política migratoria y su concepción de la identidad nacional no tienen nada de progresistas en el sentido que el Gobierno da a la palabra cuando habla de los demás. Su objetivo declarado es la independencia de Cataluña. Su líder ha estado fugado de la justicia aunque puEde ya retornar limpio de polvo y paja. Y su apoyo tuvo como precio una ley de amnistía que el propio presidente había descartado antes de las elecciones.

Sumar es la pieza que más se ajusta al rótulo de «progresista»: una izquierda situada a la izquierda del PSOE, que se define por la política social y laboral, el ecologismo y el feminismo. Pero su fuerza real es hoy menor que su peso en el relato.  La coalición llega al 29 de noviembre bajo la marca Frente Amplio, con el liderazgo sin cerrar y con aliados, como Drago Canarias, que concurren por su cuenta. Y en lo territorial, su nuevo documento abre la puerta a «alianzas coyunturales» con fuerzas independentistas por lo que el socio que más invoca el progresismo es también el que se muestra dispuesto a pactar con quienes aspiran a romper el marco común.

ERC es independentista y de izquierda, pero su prioridad es la secesión, no el bienestar de los españoles. Mide cada votación por lo que arranca para su proyecto, y lo ha dicho sin rodeos.

El PNV es un partido democristiano, conservador en lo económico, que durante décadas ha sido el socio preferente de cualquier gobierno, de uno u otro signo, dispuesto a vender su apoyo a cambio de competencias y de inversiones. Nada que reprochar al método, pero tampoco nada de «progresismo».

EH Bildu es una formación surgida del entorno político de la izquierda abertzale, que ha condicionado la aprobación de leyes y presupuestos, y a cuyo portavoz el presidente ha dedicado gestos de normalidad que habrían sido impensables hace una década.

BNG y Coalición Canaria, nacionalistas regionales de signo muy diferente, completan un cuadro que no es un proyecto político sino una aritmética.

Si derecha y ultraderecha son lo mismo porque comparten mayoría, entonces el PSOE, Junts, ERC, Bildu y el PNV son lo mismo. Y no lo son. Nadie en su sano juicio lo afirmaría. Pero entonces cae el argumento, pues del hecho de que dos partidos pacten no se desprende que sean iguales.

La parte más difícil de sostener es la moral. Se nos dice que gobernar con el apoyo de Vox es censurable, y quizá lo sea según los principios de cada cual. Lo que no se explica es por qué gobernar con el apoyo de quienes proponen romper el Estado, o de quienes defienden un modelo económico que el propio PSOE combatiría en cualquier otra circunstancia, merece una absolución automática.

Se alega que los socios del Gobierno comparten una agenda social, pero esa agenda tiene límites que se escenifican en la rotura del bloque en votaciones como la del decreto de vivienda, donde Junts votó con el PP y con Vox. Cuando el socio es imprescindible, el discurso lo describe como un interlocutor responsable. Cuando deja de serlo, es un riesgo. El criterio no es ideológico. Es de utilidad.

Y hay algo todavía más corrosivo, que es que los propios socios han empezado a decir en voz alta que la estrategia del miedo a la ultraderecha se está usando para tapar los problemas reales. Varios de ellos reprochan hoy al presidente que no resuelva la vivienda ni afronte la corrupción y que se refugie en el «y tú más». Si quienes lo sostienen lo dicen así, no debería sorprender que el elector también lo piense.

Hay una ironía que conviene subrayar. La equiparación de la derecha con la ultraderecha puede tener un efecto contrario al buscado. Si todo el que no vota al bloque del Gobierno es ultraderecha, entonces la ultraderecha es mayoritaria, y su banalización avanza. Llamar fascista a todo el mundo es la mejor manera de que la palabra deje de significar algo cuando de verdad haga falta.

Además, convierte la política en una guerra de etiquetas donde nadie tiene que dar explicaciones concretas. ¿Con quién pactaría el PSOE después del 29 de noviembre? ¿A cambio de qué? ¿Qué ha prometido ya, y a quién? Son preguntas que no se responden con la palabra «ultraderecha».

No se pide aquí que se absuelva a nadie. Se pide coherencia. Si pactar con Vox es un problema, que se diga por qué y se aplique el mismo criterio a todos. Si lo que preocupa es el respeto a la Constitución, que se pregunte también por quienes declaran abiertamente su voluntad de darle vuelta como un calcetín. Si lo que preocupa son los derechos de las mujeres, los inmigrantes o las minorías, que se analicen los programas de todos y no solo los del adversario.

Y si, como ocurre con frecuencia, lo que se busca es conservar el poder, que se diga con la misma claridad con la que se exige a los demás.

Derecha y ultraderecha no son lo mismo. Izquierda y gobierno «progresista» tampoco. Progresismo se viene interprendo, atendiendo a los hechos contrastados, no como de ideas y actitudes avanzadas, sino como  la conveniencia para seguir en el gobierno y evitar que entren otros.

Quien confunda los términos por conveniencia tiene derecho a hacerlo, pero no a que el resto aceptemos que esa confusión solo funciona en una dirección.