El 27 de junio de 2000 subí a la tribuna del Senado para defender una iniciativa parlamentaria que había impulsado con una convicción profunda: la violencia dentro de las familias constituía una realidad demasiado grave y compleja como para seguir abordándola mediante respuestas aisladas.

Aquel día terminé mi intervención levantando las manos y pronunciando un rotundo «¡Basta ya!».

Quise evocar deliberadamente el grito que había recorrido las calles de España tras el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco a manos de ETA, en julio de 1997. Aquellas manos alzadas representaban el rechazo de toda una sociedad a la violencia. Tres años después, desde la tribuna del Senado, quise trasladar ese mismo mensaje a otra tragedia que también exigía una respuesta colectiva.

No era un gesto improvisado ni una simple expresión retórica. Estaba profundamente conmovida.

Solo tres días antes había aparecido el cuerpo de Francisca Benita González Borges, de 38 años, en el monte de La Esperanza, en Tenerife. Había sido asesinada en el municipio de El Rosario, donde yo había ejercido como concejala. Su muerte me afectó especialmente.

La iniciativa que iba a defender ya estaba presentada, pero aquel crimen dio a mis palabras una dimensión humana imposible de separar del debate parlamentario.

Recuerdo haber mencionado a Paqui, como la llamaban, junto a otras mujeres asesinadas. Detrás de cada nombre había una vida truncada, una familia destrozada y una sociedad que no podía permanecer indiferente.

Han transcurrido veintiséis años y considero que merece la pena recuperar aquella historia, no por nostalgia ni para atribuirme méritos que corresponden a muchas personas, sino porque forma parte de los antecedentes de una transformación legislativa que marcó a nuestro país.

Una iniciativa que nació de una preocupación más amplia

En junio de 2000 era senadora por Tenerife del Partido Popular. Mi preocupación por la violencia doméstica me llevó a plantear la creación de una ponencia parlamentaria que estudiara sus causas, sus distintas manifestaciones y las respuestas que debían ofrecer los poderes públicos.

La propuesta fue asumida por el Grupo Parlamentario Popular y contó con el respaldo de su entonces portavoz en el Senado, Esteban González Pons, posteriormente eurodiputado. Recuerdo especialmente la libertad que me concedió para preparar y defender aquella iniciativa.

Mi planteamiento original era constituir la ponencia en la Comisión Constitucional.

¿Por qué allí?

Porque entendía que estábamos hablando, ante todo, de derechos fundamentales: del derecho a la vida, a la integridad física y moral y a la protección de las personas más vulnerables.

Y porque mi concepción de la violencia intrafamiliar era deliberadamente amplia.

Naturalmente, me preocupaban los asesinatos de mujeres y los malos tratos ejercidos contra ellas por sus parejas o exparejas. Era una realidad terrible que exigía medidas urgentes.

Pero también pensaba en los niños asesinados o maltratados por sus progenitores, en los abusos contra menores, en los ancianos víctimas de malos tratos dentro de sus propias familias, en las agresiones de hijos contra padres y madres y en otras manifestaciones de violencia que se producen precisamente donde debería existir mayor protección.

Nunca he considerado que reconocer unas víctimas deba significar ignorar a otras.

Mi intención era que el Parlamento estudiara el fenómeno en toda su complejidad, escuchara a especialistas y formulara propuestas que permitieran prevenir la violencia y proteger eficazmente a quienes la sufrían.

Una decisión que hoy me sigo cuestionando

Durante el debate parlamentario surgieron discrepancias acerca de la comisión en la que debía desarrollarse aquel trabajo.

Mi propuesta inicial situaba la ponencia en la Comisión Constitucional, pero otros grupos defendieron que se constituyera en la Comisión Mixta de los Derechos de la Mujer.

El Partido Popular tenía mayoría absoluta en el Senado. Podíamos haber sacado adelante nuestra propuesta sin necesidad de aceptar modificaciones.

En aquel momento tomé una decisión: preferí buscar la unanimidad antes que imponer la mayoría absoluta de la que disponíamos. Creía sinceramente que una cuestión de tanta gravedad debía contar con el respaldo de todos los grupos parlamentarios.

No quería que una iniciativa destinada a combatir la violencia provocara una división entre las parlamentarias ni una confrontación innecesaria con el movimiento feminista.

Acepté, por tanto, trasladar la ponencia a la Comisión Mixta de los Derechos de la Mujer, renunciando a mi planteamiento inicial de situarla en la Comisión Constitucional.

Hoy, veintiséis años después, no tengo tan claro que aquella fuera la decisión más acertada. Quizá debí mantener mi propuesta original de abordar la violencia intrafamiliar desde la Comisión Constitucional, con una perspectiva más amplia que incluyera todas sus manifestaciones.

No puedo saber qué habría sucedido de haber seguido otro camino. Pero aquella experiencia me enseñó que el consenso, siendo valioso, no siempre debe alcanzarse a costa de renunciar al planteamiento que uno considera más adecuado.

El 27 de junio de 2000, el Senado aprobó la moción por asentimiento.

De una moción a un antecedente legislativo

La iniciativa no quedó en un gesto parlamentario.

El 24 de octubre de 2000 se constituyó la Ponencia sobre la Erradicación de la Violencia Doméstica en la Comisión Mixta de los Derechos de la Mujer.

Durante los dos años siguientes se desarrolló un trabajo de estudio, comparecencias y elaboración de propuestas que culminó en un informe parlamentario publicado en diciembre de 2002.

Y aquí aparece un dato especialmente significativo.

La Ley 27/2003, de 31 de julio, reguladora de la Orden de Protección de las Víctimas de la Violencia Doméstica, reconoció expresamente en su exposición de motivos los trabajos de aquella ponencia.

La nueva norma permitió articular medidas judiciales de protección y mecanismos de asistencia a las víctimas mediante una respuesta más coordinada.

Fue un avance importante y uno de los antecedentes del proceso legislativo que continuaría con la aprobación, en diciembre de 2004, de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.

Sería inexacto atribuir aquella legislación a una sola persona o a una única iniciativa parlamentaria.

Las leyes son fruto de múltiples aportaciones, del trabajo de organizaciones sociales, de profesionales, de instituciones y de representantes políticos de diferentes sensibilidades.

Pero también sería injusto olvidar los pasos que ayudaron a construir ese camino.

Y la relación entre la ponencia nacida de nuestra moción de junio de 2000 y la Ley de Órdenes de Protección de 2003 no depende de mi memoria: está expresamente recogida en el Boletín Oficial del Estado.

De la violencia doméstica a la violencia de género: un cambio de enfoque

Hay un aspecto de aquella evolución legislativa que considero especialmente relevante y sobre el que merece la pena reflexionar.

Mi iniciativa parlamentaria de junio de 2000 hablaba expresamente de violencia doméstica. Ese era su objeto original: estudiar la violencia que se produce en el entorno familiar, con independencia del sexo o la edad de sus víctimas.

La Ley 27/2003, aprobada durante el Gobierno de José María Aznar, mantuvo esa concepción en su propia denominación: Ley reguladora de la Orden de Protección de las Víctimas de la Violencia Doméstica. Su exposición de motivos reconoció expresamente el trabajo de nuestra ponencia.

Un año después, con el Partido Socialista en el Gobierno, se aprobó la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, que estableció un sistema específico para proteger a las mujeres frente a la violencia ejercida por sus parejas o exparejas masculinas.

Fue un cambio de enfoque legislativo de gran trascendencia.

La violencia doméstica no desapareció de nuestro ordenamiento jurídico, pero la nueva legislación integral concentró su atención en una manifestación concreta de esa violencia, vinculada a las relaciones de desigualdad entre hombres y mujeres.

Entiendo las razones que llevaron a impulsar aquella protección específica y reconozco su importancia. Sin embargo, veintidós años después, sigo preguntándome si aquel desarrollo legislativo debió acompañarse de un sistema igualmente integral para las demás víctimas de la violencia intrafamiliar.

Porque la violencia contra una mujer no pierde gravedad cuando quien la ejerce es otra mujer. Tampoco la pierde cuando la víctima es un hombre, un niño o una persona mayor.

Quizá esta evolución explica por qué sigo cuestionándome la decisión que tomé en el año 2000 de renunciar a la Comisión Constitucional para alcanzar la unanimidad. Mi intención original era abordar la violencia intrafamiliar desde la perspectiva más amplia de los derechos fundamentales, y esa convicción permanece intacta.

Una legislación que también debemos atrevernos a revisar

El tiempo me ha permitido observar con perspectiva la evolución de las políticas contra la violencia doméstica y de género.

Reconozco la importancia de la Ley Integral de 2004 y su contribución a visibilizar una realidad que durante demasiado tiempo permaneció silenciada. Pero reconocer sus avances no significa renunciar a examinar sus limitaciones, sus consecuencias y su eficacia.

Me preocupa especialmente que el marco jurídico establezca tratamientos diferentes según el sexo de las personas implicadas en determinados supuestos. Considero legítimo preguntarnos si todas las víctimas reciben una protección suficientemente adecuada y si las garantías de quienes son denunciados se preservan con el mismo rigor.

También me preocupa la situación de los hombres que sufren violencia dentro de sus relaciones afectivas o familiares. La violencia contra los hombres existe, aunque sus características y prevalencia no sean necesariamente las mismas que las de la violencia ejercida contra las mujeres. Su sufrimiento no debería resultar invisible ni encontrar obstáculos para ser reconocido.

Y debemos hablar de las denuncias falsas. Existen, aunque las estadísticas oficiales muestran que las acreditadas judicialmente representan una proporción muy reducida. Ese dato no permite equiparar una absolución con una denuncia falsa, pero tampoco justifica desatender a quienes puedan sufrir una acusación deliberadamente inventada. La presunción de inocencia debe ser una garantía efectiva, no una declaración meramente formal.

Otra cuestión que considero fundamental es la violencia vicaria: la utilización de los hijos o de otros seres queridos para causar daño a una persona. En el ámbito de la violencia de género tiene un reconocimiento legal específico cuando se ejerce para perjudicar a la mujer, pero instrumentalizar, maltratar o agredir a los hijos para hacer sufrir al otro progenitor es una conducta que también puede ejercer una madre contra un padre. Los menores deben ser protegidos frente a cualquier agresor, sin distinción de sexo.

Tampoco podemos ignorar la violencia que sufren los mayores, las agresiones de hijos contra sus padres, los abusos a menores o la violencia que se produce en las parejas del mismo sexo.

Y me inquietan especialmente las conductas de control, humillación, acoso y agresión entre adolescentes y jóvenes. ¿Qué estamos haciendo para prevenirlas? ¿Qué modelos de relación estamos transmitiendo? ¿Estamos educando suficientemente en el respeto, la responsabilidad y la resolución pacífica de los conflictos?

No basta con endurecer las penas. Necesitamos prevenir, detectar a tiempo, proteger eficazmente y evaluar los resultados de nuestras políticas públicas. La persistencia de la violencia exige una reflexión seria sobre las medidas que funcionan y aquellas que necesitan ser revisadas.

La memoria también es una forma de responsabilidad

Después de una larga trayectoria profesional como periodista de RTVE y de mi paso por la política, continúo comprometida con la participación social y el papel de las mujeres desde la presidencia de ATRIA, la Asociación de Mujeres Empresarias, Emprendedoras y Profesionales de Lanzarote y La Graciosa.

La experiencia me ha enseñado que las transformaciones sociales rara vez tienen un único protagonista. Se construyen mediante pequeñas y grandes aportaciones, muchas veces anónimas, que terminan dando sus frutos años después.

Por eso he querido recuperar este episodio.

No para reclamar la autoría de una legislación colectiva, sino para dejar constancia de una iniciativa que impulsé, defendí y negocié personalmente, y cuyo recorrido puede seguirse en los documentos oficiales del Parlamento español.

También para reconocer que las decisiones políticas, incluso aquellas adoptadas con la mejor intención, merecen ser examinadas con el paso del tiempo.

Hoy no sé si acerté al renunciar a la Comisión Constitucional en favor de la unanimidad. Lo que sí sé es que mi preocupación por todas las víctimas de la violencia intrafamiliar sigue siendo la misma.

Y, por encima de todo, conservo la imagen de mis manos alzadas en la tribuna del Senado y aquel «¡Basta ya!» que pronuncié pensando en tantas vidas arrebatadas por la violencia.

Han pasado veintiséis años.

Las leyes han cambiado. La sociedad también. Pero seguimos lamentando asesinatos, agresiones y sufrimientos que nos recuerdan cuánto queda por hacer.

Por eso, aquel «¡Basta ya!» conserva toda su vigencia. Y creo que ha llegado el momento de abordar, sin complejos ni prejuicios ideológicos, nuevas reformas legislativas que, sin renunciar a la protección específica frente a la violencia de género, amplíen nuestra mirada y refuercen la prevención y la protección frente a todas las manifestaciones de violencia intrafamiliar.

El hogar es nuestro espacio más íntimo, el lugar donde deberíamos sentirnos más seguros. Pero cuando dentro de sus paredes se instalan el miedo, el acoso, el maltrato o la violencia, deja de ser un asunto privado para convertirse en una responsabilidad de toda la sociedad.

Porque no hablamos de una cuestión exclusivamente de género, sino también de derechos fundamentales, reconocidos y protegidos por nuestra Constitución: el derecho a la vida, a la integridad física y moral y a la dignidad de todas las personas, sin distinción de edad, sexo o condición. Es, por tanto, una cuestión constitucional de primer orden.

Esa fue la convicción que inspiró mi iniciativa parlamentaria en el año 2000 y es la que sigo defendiendo hoy.

Quizá por eso, veintiséis años después, sigo creyendo necesario levantar las manos y reclamar, con la misma firmeza:

¡Basta ya!

* Periodista jubilada de RTVE, exsenadora por Tenerife (2000-2004), presidenta de la Asociación de la Prensa de Lanzarote y Fuerteventura y de ATRIA, Asociación de Mujeres Empresarias, Emprendedoras y Profesionales de Lanzarote y La Graciosa.